El gobierno venezolano dispuso ayer una nueva norma para la adquisición de viviendas, por la que los propietarios de inmuebles con veinte años o más dedicados al alquiler deberán ofrecer en venta cada departamento a sus inquilinos. La medida, dispuesta por el Ministerio de Vivienda y publicada ayer en la Gaceta Oficial (boletín oficial), estipula que el proceso debe comenzar en los próximos 60 días, y en caso de que los propietarios no realicen las ofertas deberán pagar multas por cada departamento no ofrecido, que se duplicarán si existe reincidencia.

“Los inmuebles cuyos propietarios tengan varias unidades en alquiler y que tengan más de veinteaños dedicados al arrendamiento deberán ser ofertados en venta a sus arrendatarios en un lapso de 60 días hábiles a partir de la entrada en vigencia de las presentes normas”, precisó la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas. Según el texto, “los arrendatarios que no cumplan con la providencia podrán ser multados con 2000 unidades tributarias (254.000 bolívares, equivalentes a 40.317 dólares a la tasa oficial de 6,30 bolívares por dólar) por cada unidad de vivienda que no oferte”.

“En el caso de no pagar la multa, la Superintendencia solicitará el embargo ejecutivo correspondiente sobre el inmueble objeto de la multa”, advirtió la resolución. Igualmente detalló que “el propietario o arrendador del inmueble deberá solicitar a la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas, por escrito, el justo valor del inmueble”.

En una primera reacción, Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), consideró que la medida “despoja de su propiedad” a dueños legítimos, pese a que la Constitución sólo prevé la expropiación o la confiscación, con el pago de una indemnización. El empresario precisó que “muchos de estos edificios los ocupan personas de la tercera edad, a quienes la banca no los considera a la hora de otorgar créditos, por lo que no estarían en condiciones de responder a la oferta”. El titular de Apiur señaló, además, que el gobierno no fijó aún los nuevos valores del metro cuadrado que reflejen la inflación, que el año pasado fue de 56,2 por ciento.

El ex presidente Hugo Chávez lanzó en 2011 la Gran Misión Vivienda, un programa para hacer frente al déficit de inmuebles que sufre Venezuela y que, según cifras oficiales, afecta a 3,7 millones de jefes de familia carentes de hogar o con viviendas que requieren ser habilitadas. Dicha misión social se apoya en la firma de diversos convenios con una decena de países, entre ellos, Rusia, China, Uruguay y Bielorrusia, y hasta mediados de 2013 el gobierno informó de la entrega de 415.218 viviendas en todo el país.