La ONU reclamó ayer a Brasil una “investigación inmediata” sobre el asesinato del coronel retirado Paulo Malhaes, quien confesó que había participado de arrestos y torturas durante la pasada dictadura militar (1964-1985), y un mes después, tres personas lo mataron en su casa de Nova Iguaçu, en la región de la Baixada Fluminense, en Río de Janeiro.

“Es necesario que haya una investigación inmediata para aclarar los hechos de este caso. Los responsables necesitan ser llevados a la Justicia”, afirmó la portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, en declaraciones al diario brasileño O Estado de Sao Paulo en Ginebra. Shamdasani agregó que el organismo está buscando más informaciones sobre el caso antes de expresar una posición oficial al respecto, lo que podrá ocurrir “aun esta semana”.

La viuda del militar, Cristina Batista Malhaes, dijo que tres hombres invadieron la propiedad en la que vivía con su marido, el jueves pasado, supuestamente en busca de armas, puesto que el coronel era coleccionista.

“Fui atada y encerrada en el cuarto mientras los bandidos revisaban toda la casa en busca de armas y municiones. No era un secreto que él era coleccionista de armas”, dijo la mujer poco antes de ser conducida a la comisaría a declarar.

Según la información oficial de la policía, el coronel retirado, de 74 años, presentaba señales de asfixia y se supone que fue asesinado por tres hombres que invadieron la finca en la que vivía, en la región de Baixada Fluminense. Los delincuentes se llevaron de la casa teléfonos celulares, joyas, armas y computadoras.

El pasado 25 de marzo, Malhaes se convirtió en el primer militar brasileño en admitir y dar detalles sobre cómo torturaba, mataba y ocultaba cadáveres de presos políticos el equipo de represores que actuó en los años ’70 en la llamada Casa de la Muerte, que funcionó en Petrópolis, en la región serrana de Río de Janeiro.

El detallado testimonio fue dado por el militar ante la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), instaurada por la presidenta Dilma Rou-sseff para investigar los delitos cometidos durante la dictadura. Malhaes contó en la ocasión que el ejército le ordenó desenterrar y hacer desaparecer el cuerpo del diputado Rubens Paiva, quien desapareció en 1971. Según afirmó, el “trabajo” acabó haciéndolo otra persona, por lo que no podía dar detalles sobre su paradero.

El asesinato de Malhaes generó preocupación en el ámbito de la CNV, cuyo coordinador, Pedro Dallari, solicitó al ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, que determine que la Policía Federal acompañe las investigaciones sobre el caso, por sospechar que existen eventuales nexos entre la muerte y sus revelaciones. “Por tratarse de una situación que involucra una investigación conducida por la CNV, que es un organismo federal, pedí que la Policía Federal fuese accionada para acompañar las investigaciones conducidas por la Policía Civil de Río”, dijo Dallari.

Por su parte, el presidente de la Comisión Regional de la Verdad (CEV, por sus siglas en portugués) de Río de Janeiro, Wadih Damous, manejó la posibilidad de que la muerte del militar haya sido “una quema de archivo”. “El fue un agente importante de la represión política en la época de la dictadura y era poseedor de muchas informaciones sobre los hechos que ocurrieron entre bastidores en aquella época. Es necesario que se abra con urgencia una investigación en el área federal para investigar los hechos”, dijo Damous.