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El viernes pasado, por la mañana, una mujer llevó a su hija de trece años al Hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, para pedir la interrupción del embarazo que la menor cursa, por ser producto de una violación. Ese día, la ecografía indicó que la gestación llevaba 23 semanas y que el feto rondaba los 500 gramos de peso. “Ese mediodía, se reunieron profesionales del Servicio de Adolescencia, de Tocoginecología y del Servicio Social del hospital diciendo que no se podía interrumpir el embarazo. Después de las 20 semanas, la placenta tiene otras características, hay más riesgo de hemorragia, que puede comprometer la vida de la niña, y hay riesgo de histerectomía”, dijo a este diario la directora asociada del hospital, Mariana Dunayevich. Los médicos dijeron a la madre de la niña que no podían practicar la intervención, porque hacerlo con el embarazo tan avanzado ponía en riesgo la salud de su hija. Al día siguiente, por la noche, la misma niña llegó al hospital con fiebre por una infección urinaria y cuatro contracciones cada diez minutos. “El cuadro implicaba riesgo de ruptura uterina. Esa noche, internamos a la niña y le dimos un uteroinhibidor para preservar su salud”, agregó Dunayevich. La adolescente fue dada de alta ayer, tras una tercera ecografía, según la cual, explicó la directora ejecutiva del hospital, se estableció que el producto de la violación había alcanzado los 600 gramos de peso.

La madre de la niña, una mujer de 41 años que denunció a su pareja, un hombre de 27, por violar a su hija de trece y abusar de otra hija más chica, y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito denunciaron que los médicos del hospital bonaerense negaron la práctica de un aborto no punible. El Ministerio de Salud bonaerense desmintió la acusación. “No estamos negando la práctica de un aborto no punible, sino que decimos que la niña llegó al sistema de salud provincial por fuera de las semanas en que es factible realizar la práctica”, explicó la responsable del Programa Provincial de Prevención y Atención de Violencia Familiar y de Género, del Ministerio de Salud bonaerense, Lidia Tundidor. En un comunicado, el ministerio detalló que la Organización Mundial de la Salud (OMS) “define como aborto la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 20-22 semanas y/o hasta que el producto del embarazo alcance los 500 gramos” y señaló que la Guía Técnica Nacional de Aborto no Punible, del Ministerio de Salud de la Nación, “se basa en esta definición”. La abogada Nina Brugo, integrante de la Campaña, negó terminantemente que el Código Penal limite la práctica del aborto hasta las 22 semanas de gestación.

El comunicado del ministerio provincial asegura que en la niña, cuya madre solicitó el aborto no punible, “se da la condición de abuso, sin embargo los condicionantes particulares (embarazo avanzado sumado al endeble estado de salud de la niña) impiden la realización de la práctica abortiva”.

Ayer, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto convocó a una manifestación para hoy a las 10 de la mañana ante la Casa de la Provincia en la ciudad de Buenos Aires, en Callao al 200, “para exigir que se realice el aborto no punible a la nena de trece años abusada por su padrastro”.

En este caso, el pedido de interrupción del embarazo nunca fue judicializado. Sí fue denunciada, en cambio, la violación que la niña sufrió por parte de la pareja de su madre. Radicada el 21 de marzo en la Unidad de Investigación Fiscal 3 de Moreno, fuentes judiciales aseguraron a este diario que la denuncia por violación a la niña de trece y abuso a una hermana suya menor no daba cuenta del embarazo. La Justicia no ordenó practicar peritajes ni reclamó intervención del sistema de salud público. Hasta ayer a la noche, sobre el violador no pesaba pedido de detención ni citación judicial alguna.

La funcionaria Tundidor explicó que “nadie sufre más que la niña, ahora tenemos que pelearle un futuro más digno. Que su vida no quede empantanada en este episodio”, por lo que propusieron a la víctima y a su madre “acompañamiento integral” y la posibilidad de practicar “una cesárea programada y no poner a la niña en vínculo con el producto del parto”, para que sea dado en adopción.