El primer ministro francés, Manuel Valls, anunció una atenuación de su programa de recortes para los próximos tres años, en un intento por atraer apoyos de su partido en la votación consultiva en el Parlamento de hoy. Para neutralizar la rebelión en el Partido Socialista (PS), donde el ala de izquierda rechaza el ajuste de 50.000 millones de euros (entre 2015 y 2017) anunciado el 16 de abril, Valls incluyó medidas destinadas a los pensionistas y funcionarios más modestos. La modificación busca calmar al sector más moderado de su partido, pero no da respuesta, por ahora, al ala más radicalizada, que reclama una reorientación más general de la política económica.

Resta saber qué peso tiene ese sector crítico dentro del PS, que cobró una enorme importancia como factor de legitimación de la política del gobierno, algo que se dilucidará en la votación de hoy, pese a ser consultiva y no vinculante. El gesto conciliador de Valls y el debate interno de los socialistas hicieron que la dirección nacional del partido aprobara –por dos tercios a favor y uno en contra– una resolución de apoyo a dicho plan, al considerar que tuvo en cuenta el parámetro de la restauración de la competitividad, pero también la exigencia de solidaridad. El anunciado congelamiento de pensiones, explicó ayer Valls en una carta enviada a los diputados socialistas, no incluirá a las que estén por debajo de 1200 euros, 6,5 millones de jubilados. Además, 1,2 millón de funcionarios que tienen los salarios más bajos tendrán una apreciación del mismo de 440 euros anuales, con lo que soportarán mejor el congelamiento anunciado.