El camino empezado por la querella argentina contra los crímenes del franquismo continúa removiendo escombros en un país cuyos gobernantes parecen resueltos a olvidar. Ayer, el antropólogo Luis Fondebrider, presidente del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), llevó al banco genético creado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona una muestra de sangre del padre de Inés Holgado –una de las primeras querellantes en la causa que dirige la jueza Servini de Cubría– con el fin de encontrar el cuerpo de su tío desaparecido durante la Guerra Civil.

“Me siento aliviado, ahora me puedo morir tranquilo”, le dijo a Inés su padre, de 80 años, cuando le tomaron la muestra de sangre. “Estamos muy agradecidos. El ADN para nosotros significa una oportunidad concreta de saber dónde está mi tío. Creemos que puede aparecer”, señaló Inés. Este hecho supone un esperanzador paso no sólo en la investigación del paradero de Vicente García Holgado, sino también en la misión que, desde la sociedad civil, muchas personas llevan a cabo para intentar desbloquear la reconstrucción histórica en España. La entrega del ADN del padre de Inés Holgado sirvió ayer para que los medios de comunicación rompieran el silencio generalizado en torno de los crímenes del franquismo y dieran a conocer iniciativas ejemplares como la creación en Barcelona del primer banco de ADN de familiares de víctimas del franquismo. Esta entidad, que dos bisnietos de combatientes republicanos desaparecidos durante la Guerra Civil impulsaron en 2010, es prácticamente desconocida para la mayoría de los españoles debido al desinterés del gobierno en su promoción y desarrollo. Inés Holgado, de hecho, cuenta que se enteró de la existencia del banco genético por su propia investigación en las redes sociales. “Si bien la última noticia que tuvo nuestra familia fue una carta desde Teruel enviada en enero de 1938, creen que habría muerto en Cataluña, en la Batalla del Ebro. Por eso, la noticia de la creación de un banco de ADN en territorio catalán significó un sueño que este lunes (por ayer) comenzó a hacerse realidad”, explica la querellante argentina.

El banco de la Universidad de Barcelona almacena las muestras de ADN para compararlas con las que se hallen cuando, por fin, se exhumen las 340 fosas comunes que existen en Cataluña. A raíz del encuentro fortuito de dos bisnietos de combatientes republicanos, se impulsó esta iniciativa pionera que busca recolectar el testimonio genético de los familiares vivos de los desaparecidos, antes que sea demasiado tarde. “Nos dimos cuenta de que, como el gobierno no tiene ningún plan estipulado y con la Ley de Memoria Histórica no hacemos nada, si no recogemos las muestras de ADN rápido, no quedará ninguna prueba, porque muchos de estos familiares directos se están muriendo. Así que nos pusimos a trabajar contrarreloj”, explica Roger Heredia, miembro del grupo de policía científica de los Mossos d’Esquadra (la policía catalana) y uno de los impulsores del banco de ADN.

Así las cosas, Roger y Marc se pusieron inmediatamente en contacto con el equipo médico de genética forense de la Universidad de Barcelona, encabezado por la doctora Carme Barrot, para proponerles la creación del banco de ADN. La respuesta fue un sí rotundo, aun tras reflexionar sobre los importantes obstáculos que se encontrarían en el camino: el dinero, para empezar. “Cuando nos lo plantearon, lo primero que pensamos fue cómo íbamos a financiarlo, porque no está la situación como para cargar a las familias con grandes gastos. Preparar el perfil de un desaparecido ronda los 2 mil euros, así que resolvimos no hacer eso de momento sino tomar la muestra de ADN –que cuesta 150 euros– y conservar el extracto seco hasta que podamos abrir las fosas y tengamos con qué comparar. Ahora, coste mínimo y asegurar la prueba. Luego ya buscaremos cómo lo financiamos”, explica Barrot, coordinadora del banco.

El dinero no tendría que suponer ningún problema si España cumpliera con el tratado internacional por el cual, en los países donde ha habido un conflicto bélico, los gobiernos están obligados a acarrear con la identificación de sus víctimas. Pero la Ley de Memoria Histórica que rige en el Estado español desde 2007 incumple este pacto y dispone que serán las propias familias las que, a petición suya, pagando la exhumación y encontrando la fosa, podrán buscar los restos de sus parientes.

Ante el incumplimiento sistemático del acuerdo internacional por parte de España, las asociaciones por la memoria histórica de todo el país consiguieron elevar la alarma a la ONU y que dos emisarios fueran allá –en septiembre de 2013 y enero de 2014– a certificar la falta. Los impulsores del banco de ADN de Barcelona se reunieron con ellos y, tras obtener un informe desastroso de la ONU –“nos dijeron que en toda su carrera nunca habían visto una diferencia tan grande entre lo que dijo que había hecho el gobierno y lo que le contaron las familias que, efectivamente, se hizo”, remarca Roger–, informaron al Parlamento de Cataluña de esta visita y de su proyecto.

La presión del dedo acusador de la ONU surtió efecto, y rápidamente (diciembre de 2013) los diputados aprobaron con amplia mayoría una moción que instaba al gobierno catalán a impulsar y divulgar el banco de ADN; modificar la ley de fosas, porque ésta impide exhumar sistemáticamente; y actualizar el mapa oficial de fosas en Cataluña, porque sólo constan 240 y se cree que existe un centenar más.

Ahora bien, el plazo que el Parlamento tenía para cumplir lo formulado en la moción se acaba de vencer –a fines de junio– y ninguno de los puntos se llevó a cabo. “Para abrir las fosas tenemos todo lo necesario: acuerdos con la universidad; forenses, antropólogos y arqueólogos voluntarios; gente que quiere hacer tesis o prácticas; campos de trabajo. Pero lo que no hay es voluntad política”, reclama la doctora Barrot.

Por eso, el siguiente paso es conseguir que se respete lo dispuesto por los tratados internacionales en materia de memoria histórica. “Primero vamos a intentar hablar directamente con el presidente de Cataluña; y si aquí no nos hacen caso, iremos con las conclusiones oficiales de los relatores de la ONU al Tribunal de La Haya o a Estrasburgo, donde sea –asegura el impulsor del banco–. No puede ser que el gobierno haya hecho una inversión cero y aún se ría de nosotros porque la parte ganadora está toda identificada, descansando en los cementerios y, en cambio, a los perdedores hay que dejarlos como están porque localizarlos es reabrir heridas. Las heridas nunca se cerraron.”