Lo denominan el “juicio de los obreros”, porque llegaron a la instancia oral y pública los casos de 67 trabajadores navales, ceramistas y metalúrgicos de la zona norte del conurbano, en su mayoría delegados sindicales, que fueron secuestrados, asesinados y desaparecidos durante la dictadura. Hoy comenzará ese proceso a cargo del Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín, en el que están imputados una decena de represores, entre ellos Santiago Omar Riveros y Reynaldo Benito Bignone, pero aún no hay certeza sobre si incluirá la causa por el secuestro de 24 trabajadores de Ford en 1976, en la que están imputados tres ex directivos de esa automotriz.

“No sabemos si va a estar incluida la causa Ford, porque las nulidades planteadas por la defensa de los acusados fueron rechazadas por el tribunal y la Cámara (Federal de San Martín), pero ellos interpusieron un recurso de Casación, aún pendiente”, dijo el abogado Ciro Annicchiarico, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Si la Cámara de Casación ratificara las nulidades antes del final de este proceso, el caso Ford podría ser incluido, y en caso contrario será el siguiente a ser elevado a juicio. El llamado “juicio de los obreros”, que reunió 6 expedientes con 23 casos sobre 67 víctimas, es el undécimo de la megacausa de Campo de Mayo. Ford podría ser parte del mismo o, si no, será el décimosegundo, según presume Annicchiarico. El abogado aclaró que un eventual planteo de la defensa de los represores imputados ante la Corte Suprema no frenaría el juzgamiento de ese expediente. “Si finalmente entra Ford, será la primera vez que tres empresarios civiles son sometidos a juicio oral por delitos contra sus trabajadores”, apuntó Pablo Llonto, abogado de las familias de las víctimas.

A partir de las 9.30 comenzará el debate de tres grupos de casos: trabajadores (y sus familiares) de los astilleros Astarsa y Mestrina; de los establecimientos ceramistas Cattáneo y Lozadur; y, por último, de la metalúrgica Bopavi. “Los primeros son los casos de los obreros navales Martín Mastinú, delegado del astillero Astarsa, y Mario Marras, obrero del astillero Mestrina, nacidos en Italia y participantes de la fuerte militancia sindical en ese gremio. Tanto ellos como sus familias fueron víctimas de estos asesinos, porque para encontrarlos iban secuestrando a los familiares”, dijo Llonto a Página/12, en referencia a una metodología similar a la que fue empleada en el caso del joven Floreal “Negrito” Avellaneda.

“Desde el ’73, los gremios de trabajadores de astilleros y los ceramistas habían sido los más combativos, impulsores de la Coordinadora Fabril en 1975 y de aquella gran movilización contra la política económica de Isabel Perón, que marchó por la Panamericana y fue frenada por efectivos policiales. Ellos explican la brutal represión que sufrieron en la alta capacidad de movilización y enfrentamiento con la burocracia sindical y, de hecho, tuvieron muchos obreros secuestrados, desaparecidos y asesinados”, agregó.

Annicchiarico destacó que las víctimas cuyos casos serán juzgados “eran todos trabajadores, la mayoría delegados sin militancia política partidaria, mucho menos en una organización armada, que fueron perseguidos por su condición de militantes gremiales, lo cual demuestra que fue mentira la llamada lucha contra la subversión: el objetivo era desactivar reclamos sindicales con una finalidad económica en beneficio de las empresas privadas”.

Los imputados no son los mismos en todos los casos; en conjunto se trata de militares y agentes de Prefectura, la mayoría con prisión domiciliaria o excarcelados. Además de Riveros y Bignone, se sentarán en el banquillo Luis Sadi Pepa, Juan Carlos Gerardi, Roberto Rossin, Alejandro Puertas, Héctor Maldonado, Juan Luna, Carlos Caimi y Eugenio Perelló. Si se suma la causa Ford, los tres ex directivos estarán acusados de haber facilitado información para el secuestro de 24 obreros y de haber permitido que los represores montaran un centro clandestino de detención dentro de la fábrica, en la localidad de Pacheco.