Un total de 115 dirigentes y militantes campesinos fueron ejecutados o desaparecidos desde febrero de 1989, cuando se dio el golpe de Estado contra el dictador Alfredo Stroessner, hasta agosto de 2013, según un informe de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy). El cómputo está recogido en el “Informe Chokokue” (campesino, en guaraní), próximo a ser lanzado en Asunción, que, de acuerdo con sus autores, demuestra la responsabilidad en esas muertes de los distintos gobiernos de la democracia que siguieron durante casi 25 años a la caída de Stroessner. “Respecto de cada uno de ellos estamos en condiciones de apuntar –con material probatorio válido para cualquier litigio penal o internacional– niveles de responsabilidad individual e institucional del Estado”, señala el informe.

El coordinador del texto, Hugo Valiente, consideró que esa violencia está en concordancia con las condiciones socioagrarias de Paraguay, donde, según aseguró, existe una de las estructuras latifundistas más injustas del mundo, con el 80 por ciento de la tierra en manos de un 2 por ciento de propietarios.

Las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Stroessner, que gobernó el país entre 1954 y 1989 –en una de las dictaduras más longevas del Cono Sur–, fueron posibles gracias a la complicidad entre la cúpula del poder, comandada por el propio dictador, y los terratenientes, la clase más privilegiada de Paraguay.

“Descubrimos que existe un plan sistemático de ejecuciones en el contexto de la lucha por la tierra en Paraguay. Estas ejecuciones responden a un plan para impedir que las organizaciones campesinas tengan una voz en demanda de la reforma agraria”, explicó el miembro de Codehupy. Valiente añadió que la mayoría de las víctimas pertenecían a la Federación Nacional Campesina y al Movimiento Campesino Paraguayo, dos de las principales agrupaciones del sector.

Destacó además que el informe extrae esas conclusiones a partir de una metodología basada en entrevistas a familiares y testigos de las muertes y en los autos jurídicos, lo que sirvió para reconstruir los casos. Un primer informe, del 2007, realizado con menos medios tecnológicos que esta vez estableció un número de 77 dirigentes o militantes campesinos ejecutados o víctimas de desapariciones forzadas, también en el ámbito de una represión estatal organizada.

El tema de los derechos humanos sigue siendo hoy en día tabú para muchos sectores de la sociedad civil y para la Justicia local que, en comparación con países como Argentina, no ha considerado los crímenes ocurridos durante la dictadura de Stroessner como una prioridad. Muchos familiares de las víctimas reclaman al Estado paraguayo que garantice el esclarecimiento de lo ocurrido y que se castigue a los responsables de desapariciones, torturas y asesinatos extrajudiciales.

En abril pasado, y con el auspicio del ex juez español Baltasar Garzón, la comunidad indígena Aché presentó una denuncia por genocidio ante el Juzgado Federal Nº 5 de Argentina, amparada en el principio de justicia universal. La matanza fue cometida en dictadura.

En base al primer informe Chokokue, el Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó en 2008 al Estado paraguayo por la muerte del dirigente campesino Hilario Blanco, fallecido en 2003 a causa de la represión ejercida por la policía durante una manifestación en el Departamento San Pedro.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA emitió una condena similar por las torturas que sometieron los cuerpos de seguridad del Estado a Ernesto Benítez, quien participó en la misma protesta que Blanco y fue posteriormente detenido y torturado, de acuerdo con Valiente.