Una megaoperación impulsada contra la corrupción en ayuntamientos y regiones de España se saldó ayer con medio centenar de detenidos, entre ellos varios alcaldes y ex dirigentes del Partido Popular (PP). Un grupo de agentes de la Guardia Civil arrestó a primera hora de la mañana al ex senador Francisco Granados, ex número dos del gobierno regional de Madrid de Esperanza Aguirre, una de las políticas más conocidas de la fuerza encabezada por Mariano Rajoy. Las detenciones y los registros se sucedieron a lo largo de toda la jornada, en el marco de una macrorredada dirigida por la Audiencia Nacional española y la Fiscalía Anticorrupción en las provincias y regiones de Madrid, Valencia, Murcia y León. Según las investigaciones, los 51 detenidos estarían relacionados con una trama de corrupción por la que en los últimos dos años presuntamente se adjudicaron obras y servicios públicos por valor de 250 millones de euros (317 millones de dólares) a cambio de comisiones ilegales.

Entre los detenidos hay alcaldes, dirigentes locales y funcionarios públicos de varios partidos, si bien la mayoría pertenece al gobernante PP. Si el fin de semana Rajoy insistió en que la corrupción no está generalizada en el país, ayer las siglas de su partido volvieron a los titulares envueltas en la palabra más temida. Para la formación conservadora, el resultado de la redada supone un duro golpe frente a un año electoral en el que se celebrarán comicios municipales, regionales y generales. Varios dirigentes del partido expresaron ayer su sorpresa por las detenciones y pidieron contundencia contra los corruptos.

Horas después de darse a conocer la noticia, el PP anunció que suspendería a todos los detenidos afiliados. El siguiente paso será exigir la renuncia de aquellos que tengan responsabilidades políticas, medida inédita en la formación conservadora. Los arrestos de ayer, especialmente el de Granados, es la frutilla de un mes en el que importantes miembros del PP se vieron envueltos en escándalos de fraude y corrupción. La semana pasada, fue el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional y ex ministro Rodrigo Rato quien pidió la baja en el partido por el escándalo de las tarjetas opacas al fisco en las entidades financieras Caja Madrid y Bankia, que él presidió. El PP acordó ayer tramitar la baja de todos los “militantes afectados”, incluido Rato, según informaron medios españoles (ver recuadro). Luego, el ex ministro Angel Acebes, ex secretario general del PP, era imputado en la investigación judicial sobre la presunta contabilidad paralela de la formación en el ya famoso “caso Gürtel”, que puso contra las cuerdas al gobierno de Rajoy, y por el que su tesorero, Luis Bárcenas, está detenido. A la lista se suma ahora el ex senador Granados, de 50 años, quien en febrero ya dejó sus cargos tras conocerse que había tenido una cuenta bancaria en Suiza con 1,5 millón de euros. Entre 2004 y 2011, Granados fue el hombre fuerte del gobierno de Madrid de Esperanza Aguirre, hoy presidenta del PP en la región y una de las posibles candidatas a la alcaldía de la capital española.

“Tengo un sentimiento de profunda vergüenza”, dijo Aguirre en una rueda de prensa, en la que a última hora de la tarde pidió perdón a los ciudadanos y a los militantes del PP por haber nombrado oportunamente a Granados como número dos de su gobierno y del PP madrileño. “En ningún momento tuve la más mínima sospecha de que estaba utilizando sus cargos para el enriquecimiento personal. No tengan duda de que lo hubiera puesto en conocimiento de la Justicia”, aseguró Aguirre. La titular del PP se desmarcó de los alcaldes detenidos –José Carlos Boza (Valdemoro), Gonzalo Cubas (Torrejón de Velasco), David Rodríguez (Casarrubuelos) y Agustín Juárez (Villaba)– y señaló que no los había elegido para ocupar puestos de responsabilidad en esas instituciones al tratarse de una designación que les corresponde a los comités electorales locales. “A esos alcaldes no les conozco”, manifestó, y aseguró que a todos aquellos que ocupen puestos institucionales se les pedirá que dejen ese cargo.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, pidió rapidez y contundencia a la Justicia española. Y aseguró que destituirá a los alcaldes si se acreditan claramente las posibles responsabilidades penales por una actuación irregular de las personas que resulten imputadas. El presidente de la Comunidad de Madrid recalcó que por el momento cuenta con información escasa del caso y consideró que lo conocido hasta ahora eran malas noticias que no ayudan a la necesidad de que se produzca una regeneración política y un acercamiento entre los ciudadanos y la clase política.

Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la fuerza más importante de la oposición en España, rompió –a raíz de las detenciones– las negociaciones con el gobierno de Rajoy para alcanzar un pacto anticorrupción. “Ni ha habido, ni hay ni habrá un acuerdo con la derecha, con el PP y con Rajoy para luchar contra la corrupción”, dijo César Luena, secretario de Comunicación de la formación socialista, en cuyas filas milita también al menos uno de los alcaldes detenidos ayer. La investigación judicial se inició este año a raíz de una comisión rogatoria de las autoridades suizas por sospechas de blanqueo de capitales.