Desde México DF

“La confianza no se pide, la confianza se gana”, le espetaron los padres de los 43 estudiantes desaparecidos al presidente Enrique Peña Nieto durante una reunión de más de cinco horas en la residencia oficial de Los Pinos. “El gobierno no se da cuenta de que el sufrimiento no se negocia y que las vidas humanas no tienen precio”, dijo Emiliano Navarrete, padre de uno de los normalistas desaparecidos.

Luego de más de cinco horas de reunión entre Peña Nieto y los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos, el gobierno mexicano avivó la frustración de buena parte de la sociedad al poner el manejo de la crisis de derechos humanos que ha despertado la preocupación internacional por encima de la investigación que esclarezca uno de los mayores casos de desaparición forzada en México en tiempos recientes.

“Le dijimos: ‘No confiamos en su gobierno, y si usted no se cree competente para dar resultados, que vengan de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos’”, dijo Felipe de la Cruz, otro de los padres. La dignidad de estos campesinos, víctimas también ellos de la desaparición de sus hijos, acorraló al presidente Peña Nieto, al que obligaron a volver dos horas después al salón donde se había reunido con ellos, junto con el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, y el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, para poner por escrito y firmar la minuta con los diez compromisos verbales que les habían hecho a lo largo del encuentro realizado en la residencia oficial de Los Pinos.

Ya avanzada la noche del miércoles, en una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, representantes de los familiares y los estudiantes normalistas reclamaron que “sigue sin llegar la respuesta que se espera por parte del Estado mexicano”. También fueron claros al condicionar un nuevo encuentro con el gobierno de Peña Nieto para que haya resultados reales en la búsqueda de los estudiantes víctimas de desaparición forzada a manos de la policía municipal de Iguala, en el estado de Guerrero, desde el 26 de septiembre.

Antes, desde la residencia oficial de Los Pinos, el presidente Peña Nieto apareció en una cadena nacional con un discurso que apeló a las emociones, no a exponer acciones concretas de su administración ni a demostrar verdadera voluntad política. La intención de la reunión con los familiares de los desaparecidos, dijo ante las cámaras de televisión, “busca generar confianza”.

Con un discurso que nuevamente se quedó lejos de las expectativas, Peña Nieto resumió las nuevas promesas hechas durante el encuentro: accedió a buscar a los 43 estudiantes desaparecidos, asumiendo que siguen vivos, y ya no sólo en fosas clandestinas, como han hecho hasta ahora; incorporar a la investigación de la PGR al equipo de forenses argentinos, que lleva ya varias semanas en México, y aceptar a personas de reconocida calidad moral como coadyuvantes; no dar espacio a la impunidad; respetar los derechos humanos de todos los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y frenar su criminalización, así como reconocer la importancia de las normales rurales y dignificar sus instalaciones; y crear una comisión de seguimiento con los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, los propios normalistas de Ayotzinapa y representantes de la sociedad civil, junto con representantes de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación. Eso sí: para ello ofreció controlar la información de las investigaciones con el fin de evitar filtraciones a los medios.

Los llamados “compromisos” que asumió públicamente Peña Nieto el miércoles es lo mínimo que los familiares de los desaparecidos y amplias capas de la sociedad han reclamado desde hace ya 35 días en decenas de movilizaciones por todo el país y en cerca de medio centenar de ciudades por todo el mundo. Por eso era importante para los familiares que el presidente y sus funcionarios los pusieran por escrito y los firmaran. “Las palabras se las lleva el viento”, dijeron.

A tono con esa premisa, Peña Nieto apareció ante las cámaras hablando de sí mismo en tercera persona. Dijo que “el presidente de la República por igual está indignado por estos hechos”, y aseguró que su administración “asume por igual la indignación y consternación que estos hechos no sólo han causado en ellos como familias sino (también) a la sociedad mexicana”. El presidente fue ridiculizado de inmediato en las redes sociales, donde varios preguntaron si también participará en las siguientes marchas de protesta contra la ineficacia de su propio gobierno.

En realidad, la tónica de la reunión fue el dolor, la angustia, la consternación e indignación de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos, pero sobre todo flotó la impaciencia porque aún no los han encontrado.

“Yo me voy igual que como llegué. La reunión se da 33 días después, y no porque (Peña Nieto) quisiera recibirnos, esto se logró por la presión de la sociedad, no salió por él mismo. Me decepciona como gobierno que son, les falta mucho para representar a una sociedad. Como le dije a él, yo no le vengo a pedir un favor sino justicia como ciudadano mexicano que soy. Fueron personas de gobierno quienes cometieron el atropello contra nuestros hijos”, explica Emiliano Navarrete, padre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos, y aplasta toda demagogia con una lógica irrebatible: “Para mí no están desaparecidos, porque no se perdieron solos. Se los llevaron contra su voluntad, hay gente que sabe dónde están”.

Para Melitón Ortega, padre de otro estudiante desaparecido, Peña Nieto “sale contento porque ya hay un acercamiento. No se da cuenta, él o algunas personalidades políticas, de que el sufrimiento no se negocia, que las vidas humanas no tienen precio”.

Lo ocurrido con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa “es un crimen de lesa humanidad”, dijo Felipe de la Cruz Sandoval, otro padre que tampoco sabe qué fue de su hijo. Junto con los demás familiares hizo un llamado a la sociedad “a mantener el dolor, la indignación, el coraje y la ira para exigir que aparezcan nuestros hijos”.

Mientras tanto, el Estado mexicano sigue sin responder la pregunta que el país –y el mundo– le plantea desde hace más de un mes: ¿dónde están los 43?