La Fiscalía colombiana está investigando un caso de hackeo selectivo que involucra a la inteligencia militar. No se trata de un momento cualquiera en la historia. El presidente Juan Manuel Santos es un centroderechista lúcido que quiere llegar a un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, el grupo guerrillero más antiguo del continente. Los altos oficiales rechazan un arreglo definitivo, en buena medida porque perderían poder y presupuesto y en otra medida por motivos ideológicos. Un modo de torpedear el proceso de pacificación es debilitar al presidente y enrarecer las negociaciones.

Los espías colombianos no tienen límites ni profesionales ni geográficos.

Hackearon correos diplomáticos, como el de la Embajada de Noruega, y los de organizaciones internacionales como el Comité de la Cruz Roja. Entre sus blancos abundan los periodistas de Caracol Radio, la gran cadena colombiana, y de Caracol TV. También figura el director del diario El Espectador, Fidel Cano. Las agencias Associated Press y Reuters perdieron toda privacidad. A la redacción de la influyente revista Semana, que dio la primicia de las listas con el cuidado de no informar sobre los correos, le interceptaron los mails en masa. Naturalmente ocurrió lo mismo con algunos políticos como Roy Barreras, Angela Robledo, Camilo Romero, Gloria Cuartas y Gloria Inés Ramírez.

En la lista de Semana sobre los 500 blancos informáticos de la inteligencia militar una línea informa: “Martín Granovsky, periodista argentino”. Sí, es la misma persona que figura aquí arriba, firmando esta columna.

Este tipo de noticias suele despertar reacciones diferentes en los afectados y en los que leen u observan a los afectados directos. Una reacción es constatar que, si la Justicia prueba el espionaje de mails, habrá revelado acciones ilegales que merecen proceso judicial y condena. Otra reacción es indignarse. Sería legítimo. Pero insuficiente. No lleva a la condena ni a saber por qué ocurren estas cosas. La tercera reacción posible es aprovechar la noticia para ganar aires de importancia. Se supone que si alguien recibe el hackeo sólo por eso es una gran figura. Suena estúpido, pero la fatuidad es parte de la vida de políticos y periodistas.

Hay una cuarta reacción que parece más interesante: hacer preguntas y contestarlas. ¿Por qué sucede lo que sucede? ¿Qué tiene que ver la Argentina con el diálogo entre Santos y las FARC?

Las causas del escándalo responden a la irritación militar, de la que tal vez vayan apareciendo más detalles porque la Justicia colombiana acaba de llegar a un acuerdo para que el hacker Andrés Sepúlveda disminuya una eventual condena a cambio de revelaciones interesantes. Sepúlveda trabajó en la campaña electoral de Oscar Iván Zuluaga, el desafiante de Santos cuando el presidente buscaba su reelección para un segundo mandato. Zuluaga fue el candidato de Alvaro Uribe, el presidente que antecedió a Santos y fue responsable, justamente, de haber hipertrofiado la inteligencia militar tras un acuerdo de cooperación con los Estados Unidos. Colombia es uno de los tres mayores destinos de asistencia bélica norteamericana junto a Israel y Egipto.

Todos son viejos conocidos. Tanto Zuluaga como Santos fueron ministros de Uribe. Sólo que Santos en 2010 decidió romper y, tras la mediación del entonces secretario de Unasur Néstor Kirchner, dio vuelta la política uribista al hacer las paces con el presidente venezolano Hugo Chávez. Uribe había estado a punto de librar una guerra con Venezuela y otra con el Ecuador de Rafael Correa por el mismo motivo: sostenía que Venezuela y Ecuador eran los apoyos externos de las FARC. Colombia llegó incluso a violar territorio ecuatoriano para perseguir a una patrulla insurgente.

Según el diario El Espectador, “es claro que las supuestas interceptaciones para sabotear el proceso de paz de La Habana empezaron en la Sala Gris que funcionaba en la Central de Inteligencia y Contrainteligencia Militar al norte de Bogotá”, y también en la llamada Sala Andrómeda. La Habana es el sitio de las negociaciones de paz. El primero fue Oslo, Noruega, lo cual podría explicar la pinchadura de los correos de la embajada en Bogotá.

No es un escenario para marginales. Tanto Sepúlveda como su mujer, la actriz Lina Luna, gozaron de contratos millonarios de la Federación Nacional de Departamentos, un organismo estratégico que articula los gobiernos regionales, el Poder Ejecutivo y el Congreso. El Departamento, a su vez, firmó un convenio anticontrabando con la trasnacional de sede norteamericana Philip Morris.

Uno de los puntos en discusión entre las FARC y el Estado colombiano es una política de desarrollo agrario que repare –así fuese parcialmente– el daño sufrido por cinco millones de campesinos obligados a desplazarse por la violencia militar, paramilitar, narco y guerrillera. Uribe acaba de escribir un documento para cuestionar con dureza, a través de 68 puntos, el hecho de que el Estado negocie, entre otras cosas, una política agraria con las FARC. El columnista León Valencia opinó en Semana, con ironía, que “tiene razón Uribe”. Y lo explicó así: “No deberíamos estar discutiendo con la guerrilla sobre una reforma agraria integral. Esa tarea la hicieron los capitalistas visionarios de manera gradual o las revoluciones triunfantes a lo largo del siglo XX en muchos países”. Informó Valencia que según datos de Naciones Unidas de 2011 “los ganaderos poseen 39,5 millones de hectáreas, es decir el 35 por ciento del territorio nacional, y allí pastan 25 millones de reses, ni siquiera una por hectárea”. La ONU dijo que Colombia tiene una de las mayores concentraciones rurales del mundo y que el 64,3 por ciento de la población campesina vive en la pobreza.

Luego de la excelente química con Kirchner y con su jefe de gabinete Rafael Follonier, que participaba del equipo negociador, Santos se convirtió en un interlocutor creíble para Kirchner y Kirchner se convirtió en lo mismo para Santos. Idéntico clima imperó, después de los acuerdos con Venezuela firmados en Santa Marta en agosto de 2010, con Chávez, con Luiz Inácio Lula da Silva, con Dilma Rousseff y con Cristina Fernández de Kirchner. Sin convertirse en un político de izquierda Santos se propuso disminuir la violencia narco y terminar el conflicto con las FARC iniciado en 1954. Para eso debía tomar una mayor distancia relativa respecto de los Estados Unidos. No lo hizo de manera agresiva. Prefirió marcar cierta autonomía recostándose más en Su-damérica. Tejió una excelente relación con Brasil, mantuvo vínculos de amistad con el gobierno argentino y asumió con entusiasmo la causa integradora de la Unión de Naciones Suramericanas, donde Colombia colocó como secretaria ejecutiva un año a María Emma Mejía y ahora tiene al ex presidente colombiano Ernesto Samper.

Para Brasil la paz en Colombia es una cuestión tanto diplomática como de política interna. Comparte 1644 kilómetros de frontera, en buena medida selvática, y cualquier atisbo de violencia en Colombia puede poner en riesgo primero el límite y luego llevar peligro a Brasil si un conflicto se traslada de territorio. Al mismo tiempo, Brasilia desea una Sudamérica sin litigios como parte de un liderazgo regional que le sirve para consolidar su necesidad –inevitable por la magnitud económica, demográfica y social del país– de ser un gran jugador en el mundo. No hay chances de un Brasil relevante en búsqueda de mayor multipolaridad si no construye un polo regional sólido.

En perfecta sintonía con esa idea, el presidente uruguayo José Mujica, un ex miembro de Tupamaros, dijo que la negociación de paz de La Habana “es lo más importante que está pasando en América latina”.

Durante su visita a Bogotá de julio de 2013, la presidenta argentina dijo que el proceso negociador “es tan imprescindible para Colombia como para la región”. Agregó con Santos delante que este tipo de negociaciones “nunca son una línea perfecta, porque tienen momentos fáciles y momentos difíciles, puntos a resignar y puntos que no, y algunos quedarán más contentos y otros menos contentos, y por eso que los colombianos sepan que allí estaremos para lo que necesiten”.

Los hackers no sólo quieren saber. Sobre todo quieren fastidiar una negociación que aún puede ser larga y muy compleja. Si la inteligencia militar se sale con la suya, América latina acabará perdiendo. Si Santos gana la apuesta, la región avanzará con él.