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Por Javier del Pino *
Desde Washington

La maquinaria política de la Casa Blanca trataba de contener ayer el impacto de un escándalo tan sucio que puede llegar a salpicar pronto al “despacho oval”. ¿Hubo una venganza intencionada del gobierno de Bush contra un diplomático que se opuso a la guerra contra Irak? Hace algunas semanas, alguien en el edificio presidencial se tomó la molestia de llamar al menos a siete periodistas para comunicarles que una trabajadora del Departamento de Estado era en realidad una espía encubierta de la CIA. Y la espía resultaba ser la esposa de Joseph Wilson, el ex embajador que criticó a Bush por usar acusaciones falsas contra Saddam Hussein.
En febrero de 2002, Joseph Wilson, antiguo embajador de Estados Unidos en Gabón, recibió un encargo directo de la Casa Blanca a través de la CIA: investigar si Irak estaba tratando de comprar uranio en Níger. Wilson viajó a la zona y demostró que semejante transacción era imposible y estaba basada en documentos falsificados. Regresó a Washington, comunicó el resultado de su investigación a la Casa Blanca y supo que las conclusiones de su informe llegaron a los más altos cargos del gobierno, incluido el presidente, George W. Bush.
Aún así, en enero de este año, en el discurso sobre el Estado de la Unión pronunciado casi un año después del viaje de Wilson, Bush incluyó la famosa acusación sobre los “intentos recientes de Hussein para comprar cantidades significativas de uranio en Africa”. Este verano, la falsedad de semejante acusación casi le costó el cargo al director de la CIA, George Tenet, que –quizá por orden de Bush– asumió la culpabilidad de haber permitido que una imputación errónea se “colara” en el discurso más importante del año.
Aquella polémica habría quedado cerrada de no ser porque el epílogo tiene carácter vengativo. Un alto cargo del gobierno norteamericano (otros hablan de dos) filtró a un columnista del Washington Post y a otros 6 periodistas una información poco relevante pero sumamente dañina para su protagonista. Develó que la mujer de Warner, Valerie Plume, empleada del gobierno de Estados Unidos y asignada a varias embajadas en los últimos años, es en realidad una espía encubierta de la CIA.
Según Wilson, la filtración tenía un único objetivo: “La intención era ir por mí. La decisión de revelar el nombre de mi mujer estaba claramente diseñada para evitar que otros dieran un paso adelante”, dijo Wilson en la ABC. El ex embajador cree que otros diplomáticos y trabajadores del gobierno con información sobre manipulaciones o falsedades en los prolegómenos de la guerra contra Irak ahora nunca harán público lo que piensan o lo que saben por miedo a represalias.
Wilson tiene una teoría sobre el autor del delito: “Espero ver cómo algún día sacan a Karl Rove esposado de la Casa Blanca”, ha dicho el diplomático. Rove es el estratega político de Bush, su sombra permanente, encargado de una única misión: lograr que Bush sea reelegido como presidente en noviembre del año próximo. Es, entre otras hazañas, el ideólogo del aterrizaje de Bush en un portaaviones para anunciar el fin de la guerra, conocedor del valor que tiene esa imagen triunfal en la próxima campaña para las elecciones presidenciales.
Ayer, la Casa Blanca se movilizó en defensa de Rove, consciente de su proximidad con Bush: “Rove no estuvo implicado. El presidente sabe que él no estuvo implicado”, dijo el portavoz, Scott McClellan. Revelar el nombre de un agente secreto –al margen de las peligrosas consecuencias personales para el agente afectado– constituye un delito federal penado con hasta 10 años de cárcel. Sólo un pequeño grupo de personas en la Casa Blanca, al más alto nivel, tiene acceso a los informes secretos con los nombres de los agentes encubiertos. Ahora es la CIA la que ha movilizando una investigación formal del Departamento de Justicia para averiguar el origen de la filtración. El Partido Demócrata ha pedido que el caso se traslade a un organismo judicial independiente. Wesley Clark, uno de los candidatos demócratas a la presidencia –y que lidera los sondeos superando al propio mandatario-, ha acusado a Bush de “mezclar política con seguridad nacional en muchas ocasiones, pero esta vez han ido demasiado lejos”. El FBI ya ha comenzado a investigar; la Casa Blanca ha anunciado que, llegado el caso, entregará los listados de llamadas telefónicas realizadas desde el edificio presidencial.
* De El País de Madrid. Especial para Página/12.