Página/12 En Honduras

Desde Tegucigalpa

Honduras es un país repleto de armas, con un promedio de veinte asesinatos diarios que ha naturalizado la barbarie. Desde bancos hasta jugueterías tienen las entradas vigiladas por seguridad privada con ametralladoras. Por otro lado, los militares son los encargados de resguardar las escuelas y de cumplir las tareas que le correspondían a la policía, ya que según el gobierno, y como en México, ésta fue relegada tras haber sido corrompida por el narcotráfico.

“Un policía mal pagado, un policía discriminado, un policía que sabe que está exponiendo su vida y que cualquiera de estos días va a dejar a su familia desprotegida, es presa fácil de cualquier ofrecimiento por parte de la delincuencia común o por la organizada”, dice María Luisa Borjas, ex jefa de Asuntos Internos de la Policía Nacional, removida de su cargo por denunciar que el jefe del Estado Mayor Conjunto había participado en una banda que robaba autos.

Pero en vez de mejorar la calidad de la policía, el ex presidente Porfirio Lobo Sosa sacó a los militares a la calle a mediados del 2012. Al mes, ya habían asesinado por la espalda a un joven de quince años que no frenó en un retén para que su padre no descubriera que le había usado la moto sin permiso. “Ya estamos cansados de decirles que no están preparados para lidiar con la sociedad. Ellos están preparados para otros menesteres, están entrenados para matar”, denuncia Wilfredo Yanez, papá de la víctima, parado en la escena del asesinato, donde aún hay marcas de las balas que le dispararon a su hijo Ebed.

Omar Rivera, de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), indica que la ola de violencia se da en un contexto de aumento de presupuesto militar y disminución de los de salud, educación y servicios públicos. “Honduras es el segundo país que más ha incrementado su presupuesto militar en los últimos años (58 por ciento desde 2010) en América latina después de Paraguay”, señaló.

Aunque los militares tienen cada vez más poder, las muertes violentas no dejan de crecer. A pesar de que el gobierno aseguraba haber reducido el número a 69 sobre cien mil, la cifra es desmentida por la Organización Mundial de la Salud, con un informe publicado hace dos semanas, que ubica a Honduras entre los países más violentos del mundo. El informe de la OMS afirma que en realidad Honduras alcanza los 103,9 muertos por cada cien mil. En el continente, la segunda distante es Venezuela, con 57,6, mientras que Argentina ostenta 6 cada cien mil.

El contraste entre Honduras y sus vecinos inmediatos es aún más llamativo. “A dos horas de Tegucigalpa, los índices de seguridad en Nicaragua son totalmente inversos (13 homicidios cada cien mil), porque ese país se dio cuenta de que tenía que atacar el problema desde un punto de vista integral”, ilustra Carlos Sierra, coordinador del Area de Seguridad del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh).

Para Neesa Medina, especialista en femicidios, Honduras no sólo carece de un plan integral para aplacar la violencia, sino que la alienta a través del alto nivel de impunidad que garantiza su ineficaz sisterma judicial. “El Estado no sólo promueve la violencia y el armamento a su población, sino que la perpetúa a través de la impunidad del 95 por ciento de los casos de muertes violentas de mujeres que se dan a diario”, apuntó la especialista. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el porcentaje de casos que terminan sin condena asciende a 98 por ciento cuando se trata de delitos por violación a los derechos humanos. Es que ni la fama que da ser Miss Honduras protege a las jóvenes. María José Alvarado apareció asesinada a balazos junto a su hermana hace un mes, justo el día en que debía volar a Londres para participar del concurso Miss Mundo.

Uno de los oficios más peligrosos en Honduras es el de conductor de transporte público. De acuerdo con el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), más de cien choferes de colectivos han sido asesinados este año. Yeleni Cruz, usuaria habitual de dicho transporte, sabe a lo que se expone. “El impuesto de guerra es que los mareros te piden una cuota mensual para que vos puedas tener tu negocio sin ser acribillado, porque ellos tienen el control de las drogas y el control del transporte público”, describe mientras hace fila en la parada.

La violencia aqueja a toda la población, pero desde la sociedad civil afirman que practica una persecución colectiva para aprovecharse de los sectores más vulnerables. “Afecta a ciertas poblaciones como los indígenas, por las zonas con recursos naturales. Otros grupos vulnerables han sido los periodistas, abogados, líderes campesinos y miembros de la comunidad Lgtbi”, afirma Erick Martínez, del Ciprodeh.

Mientras tanto, el actual presidente Juan Orlando Hernández ha lanzado este año los Guardianes de la Patria, una iniciativa para que chicos rodeados de militares reciban educación cívica y religiosa los fines de semana. Por primera vez en su historia, el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas le envió una carta formal al presidente donde le solicita “abstenerse de implicar a niños y niñas en actividades como las visitas escolares a bases militares o los actos militares en los centros educativos”, según relata Wilmer Vázquez, director de la Red pro niños, jóvenes y adolescentes Coiproden.

En Honduras un permiso para portar armas durante cuatro años vale sólo quince dólares. Berta Oliva, fundadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), traza un paralelismo con las peores épocas del terrorismo de Estado. “Los mismos actores del pasado –afirma– han creado esta inseguridad para vender después políticas de seguridad.”