Desde Barcelona

Luis Bárcenas, quien como tesorero del Partido Popular (PP) es acusado de haber defraudado por 11,2 millones de euros al Estado y tiene embargada en Suiza una cuenta de otros 45 millones, ayer hizo un esfuerzo y logró conseguir, en dos tandas, los 200 mil que la Audiencia Nacional le pidió para dejarlo en libertad. Según afirmó su abogado defensor, Javier Gómez de Liaño, Bárcenas obtuvo el monto de la fianza gracias a los “aportes de su familia” y el dinero fue transferido a la cuenta bancaria del tribunal no sin dificultades ya que para ayer a la mañana a los hermanos y parientes del ex tesorero todavía les faltaba “una cantidad muy pequeña para llegar a los 200 mil”, explicaron fuentes del despacho de Liaño.

Una vez recibido el pago completo, el Juzgado de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional libró la orden de excarcelación y Bárcenas abandonó la cárcel madrileña de Soto del Real, donde se encontraba en prisión preventiva desde el 27 de junio de 2013.

El ex tesorero del partido de Mariano Rajoy quedará en libertad provisional a la espera del juicio por el caso Gürtel, que investiga el pago de comisiones en la derecha española durante décadas.

La decisión de liberar a Bárcenas a cambio de una fianza y de la obligación de comparecer ante la Justicia tres veces por semana, así como de no salir del país, levantó fuertes críticas entre la Fiscalía, las acusaciones y la oposición por la gravedad de los delitos que se le imputan y porque el ex tesorero no colaboró con la Justicia, además de seguir ocultando dinero. Pese a esto, la sección cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional consideró que la investigación estaba prácticamente concluida y el imputado casi había agotado el tiempo máximo de prisión preventiva, que es de dos años.

La Abogacía del Estado pide para Bárcenas 60 años y ocho meses de prisión por 17 delitos fiscales que habría cometido entre 2000 y 2009. El defensor de los intereses públicos cifra en 11,2 millones de euros la cantidad defraudada por el ex tesorero del PP y las penas que solicita son superiores a las de la Fiscalía, que pide para el imputado 42 años de cárcel. El Ministerio Público le atribuye al ex tesorero delitos de cohecho, fraude fiscal, blanqueo de capitales, falsedad documental, apropiación indebida y tentativa de estafa procesal en el marco de la macrocausa por la trama Gürtel.

Fue a partir de la investigación de esta red de corrupción –que incluye a altos cargos del Partido Popular en todo el país– que salió a la luz la contabilidad B que el ex tesorero gestionaba en su agrupación. En una videoconferencia realizada este miércoles ante el Parlamento balear, Bárcenas mismo volvió a reconocer la existencia de una caja B del PP, de lo cual se desprende la tesis acreditada por la Abogacía del Estado de una financiación ilegal y el cobro en negro de sobresueldos por parte de la cúpula partidaria, incluido Rajoy. “El ex tesorero Alvaro Lapuerta y yo llevamos una contabilidad paralela en el partido durante una serie de años”, dijo Bárcenas desde la cárcel al declarar por videoconferencia ante una comisión del Parlamento regional de Baleares, que investiga la adjudicación de un hospital en esa comunidad durante el gobierno de Jaume Matas, también del PP, condenado por corrupción durante su cargo como presidente de la formación en las islas Baleares.

Bárcenas reconoció que ese dinero proveniente de donaciones de empresarios se utilizaba para “financiar campañas”, pero negó que estuviese vinculado con el pago de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública. Lo que sí admitió es que con dichas donaciones se acabó financiando la reforma de la sede que la formación conservadora tiene en Palma. El ex tesorero del PP, en su comparecencia ante la comisión de investigación puesta en marcha por el Parlament balear la semana pasada, y que trata de esclarecer lo sucedido en torno de la construcción del Hospital de Son Espases, ubicado en la capital balear, explicó que varios empresarios “quisieron dar una mano” para “colaborar en la reforma” de la sede palmesana del Partido Popular, realizada en la época en que Jaume Matas era presidente de la formación en las islas. Bárcenas aportó el nombre de Antonio Pinal, presidente de la empresa de construcción Bruesa, que aparece ya en esa lista de contribuyentes a la presunta contabilidad B del partido de Rajoy y que es la misma que tiene la cesión de los accesos del Hospital Son Espases.

Desde el Partido X, Més y Athuse (Asociación de trabajadores y usuarios de Son Espases) –las organizaciones que pidieron la comparecencia del ex tesorero en esta investigación– se denuncia que a raíz de la diligencia abierta por el juez Ruz, referente a la compra de la sede del PP en Bilbao, “los nombres implicados en esta compra son los mismos que podrían estar implicados en el presunto pago ilegal de la sede del PP Baleares por parte de la Constructora Bruesa así como de las supuestas campañas publicitarias infladas”, según advierten en un comunicado. “Los indicios son claros: desde la sede de Génova (Madrid) del PP pasando por la de Bilbao, Palma de Mallorca y, sin duda, muchas otras, creemos, al igual que la Fiscalía anticorrupción, que nos encontramos ante una (misma) trama de corrupción municipal y regional a nivel estatal, liderada por la cúpula del PP”, explicita la red de denuncia ciudadana organizada por el Partido X.

Ante la excarcelación de su ex tesorero, Rajoy intentó desmarcarse de Bárcenas asegurando, sin nombrarlo, que “hace tiempo que no está en el PP” y, mientras la oposición se mostraba indignada y pedía explicaciones, el jefe del Ejecutivo se limitó a decir que espera que la Justicia cierre el caso Gürtel “cuanto antes”. El PP es consciente de que la salida de Bárcenas de prisión puede suponer una amenaza para el partido de cara a los comicios municipales y regionales del 25 de mayo, ya que nada resultaría más inoportuno para su campaña electoral que ver a su ex tesorero revelando por los medios la información comprometida que guarda bajo la manga.