El Servicio de Impuestos Internos (SII) denunció a una empresa controlada por el ex yerno del dictador Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, por delitos tributarios por un monto superior a 1360 millones de pesos (aproximadamente dos millones de dólares).

Se trata de la Sociedad Química y Minera de Chile, Soquimich (SQM), a la que se le acusa de una supuesta rebaja indebida de impuestos, en 73 documentos tributarios falsos. Esta denuncia derivó de la investigación del caso denominado Penta, que pretende comprobar si efectivamente ese holding empresarial desvió fondos en forma irregular para la campaña de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI).

La nueva denuncia formulada por el SII abarca desde 2006 a 2014 y se dirige también hacia otros contribuyentes que facilitaron la documentación tributaria falsa que permitió la comisión de los delitos. Estos contribuyentes involucran a políticos de la derecha chilena, pero también a miembros de la oficialista Nueva Mayoría.

El viceministro de la Secretaría General de Gobierno, Rodolfo Baier, militante del Partido Radical, fue vinculado por el SII al detectarse que uno de los 73 documentos tributarios fue emitido por el funcionario durante el año 2013, antes de asumir su cargo público. Baier salió a aclarar su versión de los hechos, declarando que fue ratificado en el cargo y argumentando que antes de asumir prestó un servicio a dicha empresa, emitiendo un documento tributario y pagando impuestos por ello.

El caso SQM se suma a la investigación que lidera el fiscal nacional Sabas Chahuán sobre delitos tributarios y financiamiento irregular de campañas políticas por parte del grupo empresarial Penta a la UDI, caso por el que están con prisión preventiva sus controladores, Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, y el ex subsecretario de Minería del ex presidente Sebastian Piñera, Pablo Wagner.

En otro caso de impacto público, el hijo de la presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, tuvo que renunciar a su cargo por la compra de terrenos que realizó la empresa de su esposa, Natalia Compagnon, en base a tráfico de influencias, según la denuncia. El gobierno decidió crear el Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de intereses, tráfico de influencias y corrupción, que en las próximas semanas presentará las primeras medidas en esta materia.

La presidenta chilena aseguró ayer que su gobierno colaborará en las diversas investigaciones por fraude fiscal, cohecho, lavado de activos y tráfico de influencias que afectan a dirigentes de todo el espectro político, incluido su hijo, el politólogo Sebastián Dávalos. “Quiero reiterar lo que he dicho desde un principio: frente a las investigaciones que realiza la Justicia, la instrucción que tienen todos los funcionarios de gobierno es de colaborar activamente para que se aclaren los hechos”, subrayó la mandataria.

Bachelet, quien enfrenta elecciones municipales en 2016, descartó cualquier intento por bloquear las investigaciones, que han dejado ya los primeros detenidos, entre ellos los millonarios dueños del banco Penta, Carlos Laván y Carlos Delano.

“Se requiere de la máxima transparencia y colaboración para que las instituciones efectivamente funcionen”, aseguró la presidenta, cuya popularidad cayó a un mínimo de 30 por ciento, en medio del rechazo general a la elite política, según diversos sondeos.

Desde fines de 2014, la fiscalía investiga operaciones tributarias sospechosas en diversas empresas, que supuestamente esconden pagos irregulares a políticos. Algunos de los involucrados ya reconocieron ante los medios de comunicación los hechos.

La crisis, que golpeó a casi todos los partidos con representación parlamentaria en Chile, amenaza con llevar al país a una crisis institucional, según planteó el ex presidente del Senado Andrés Zaldívar.

Eventualmente ayer u hoy los senadores Ena von Baer e Iván Moreira, los diputados Ernesto Silva y Felipe de Mussy y los formalizados en la investigación del caso Penta, Carlos Bombal y Carlos Alberto Delano –todos integrantes de la UDI–, deberán presentar sus descargos a la solicitud de expulsión del partido hecha hace algunos días por el militante ariqueño Alan Céspedes Medina.