El Tribunal Penal de El Cairo condenó al ex presidente Mohamed Mursi a 20 años de prisión por la represión en las protestas del 5 de diciembre de 2012, en la cual murieron varios manifestantes. Esta es la primera sentencia inculpatoria contra Mursi, quien fue depuesto por un golpe militar liderado por el entonces jefe del ejército y actual presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, tras varios días de multitudinarias protestas. La decisión generó reacciones contrarias inmediatas, como la de la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) y de la coalición que encabezan los Hermano Musulmanes, formación política a la que pertenece Mursi.

Según el fallo del Tribunal Penal, el islamita Mursi y otras doce personas fueron sentenciadas por uso de la fuerza y la violencia y retención de personas, acompañada de maltratos y tortura en las protestas ocurridas frente al palacio presidencial de Itihadiya en diciembre de 2012. Asimismo, se los declaró inocentes de dos cargos: asesinato con premeditación y portación ilegal de armas, por los que podrían haber sido condenados a la pena capital. Mursi estuvo de pie en una jaula en el tribunal mientras el juez leía la sentencia contra él y otros doce miembros de los Hermanos Musulmanes, que incluyen figuras de alto nivel, como el ex parlamentario del partido Hermanos Musulmanes Mohamed el Beltagy y el ex vicepresidente del opositor partido de Justicia y Libertad Essam el Erian. El fallo estipula además, para todos los procesados, cinco años de vigilancia policial una vez que sean excarcelados tras cumplir su condena.

El ex mandatario, dirigente de los Hermanos Musulmanes y encarcelado en la prisión de Burg al Arab, negó los cargos en las vistas anteriores y siempre afirmó que sigue siendo el “presidente legítimo” de Egipto. Con un gesto que simboliza resistencia a las fuertes medidas del Estado contra los islamitas, al finalizar la lectura del veredicto, los acusados gritaron “Dios es el más grande”. La defensa de Mursi, por su parte, anunció que apelará el fallo, ya que considera que está influido por el gobierno. “Ocho de los muertos eran miembros de la Hermandad. La fiscalía empujó un proceso para sólo dos de los fallecidos e ignoró a los otros ocho, cargando la responsabilidad sobre 15 personas”, expresó Mohamed al Damati, abogado del ex presidente.

Amnistía Internacional calificó de “farsa” el juicio y pidió que se repitiera el proceso o que el ex presidente fuera puesto en libertad. La organización señaló que la condena de Mursi “en un proceso defectuoso y con pruebas endebles”, demuestra que el sistema judicial egipcio “es incapaz de ofrecer un juicio justo a los miembros o partidarios de la administración del antiguo presidente y de los Hermanos Musulmanes”. La portavoz de AI para Medio Oriente y el Norte de Africa, Hassiba Hadj Saharoui, recordó que el juicio al ex presidente estuvo “plagado de irregularidades” y que el líder islamita fue detenido de forma arbitraria y estuvo incomunicado. Según su investigación de los hechos, “aunque los seguidores de los Hermanos Musulmanes cometieron abusos de los derechos humanos, la mayoría de los muertos en esos enfrentamientos fueron partidarios del entonces presidente”.

Por su parte, la Coalición Nacional para la Defensa de la Legitimidad, encabezada por los Hermanos Musulmanes, expresó que la condena se trató de una orden militar y debería ser desestimada. “Las órdenes militares emitidas hoy (ayer) en forma de sentencias judiciales contra el presidente Mursi y su equipo presidencial son nulas porque la Justicia se convirtió en una marioneta en manos de la autoridad militar”, explicó la alianza en un comunicado publicado en su página de Facebook.

Por otro lado, la coalición, que incluye grupos islamistas opositores al sistema político actual en Egipto, denunció que el proceso judicial fue una “farsa” y acusó al ejército de utilizar la Justicia para vengarse de sus adversarios. En un texto publicado ayer, reafirmaron que su principal objetivo es “activar el movimiento revolucionario para derrocar al golpe de Estado y liberar a la patria”.

El veredicto es sólo el primero de los que aguardan al ex presidente egipcio, que gobernó el país durante apenas doce meses. Sobre él pesan otras cuatro causas: conspirar con el movimiento islamita palestino Hamas y otras organizaciones extranjeras para “cometer actos de terrorismo en Egipto”, filtrar documentos a Qatar, asesinar y secuestrar a policías y planificar el asalto a la cárcel de Wadi al Natrum, donde Mursi pasó detenido las primeras jornadas del levantamiento contra el ex presidente Hosni Mubarak en 2011, e insultar a la judicatura en uno de los procesos.

Desde que el derrocamiento de Mursi, más de 3000 personas fueron asesinadas y otras 41.000 encarceladas, en una campaña de represión que golpeó a islamistas y activistas laicos. De hecho, debido a los efectos de casi dos años de represión constante, no hubo reacción de los seguidores de Mursi en las calles. El régimen egipcio clausuró, además, los medios de comunicación pertenecientes a la oposición egipcia. Los Hermanos Musulmanes fueron designados “organización terrorista” sin aportar pruebas de su vinculación con los ataques que sufren las fuerzas del orden.