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Por Juan Jesús Aznárez *
Desde Bogotá

A bombazos, las guerrillas o los paramilitares intimidan y ahuyentan a los alcaldes de Colombia, y los más acobardados desempeñan sus funciones a escondidas, lejos de sus cabeceras municipales. Un total de 350 dimitieron hace dos años. “Más de la mitad del territorio nacional era ajeno a la soberanía del Estado. Nos habían quitado la república”, sostiene el ministro de Interior y Justicia, Fernando Londoño. La dinamita y la sangre preceden las elecciones de este domingo, que renovarán a cerca de 1000 de los 1093 alcaldes del país, 30 de sus 32 gobernadores y 400 diputados locales y 10.000 concejales, entre 75.000 candidatos. En torno de 40 aspirantes fueron asesinados, secuestrados o sufrieron atentados durante la campaña. Decenas renunciaron.
“La presión de los actores armados no permite que haya candidatos en 200 comunidades”, y los alcaldes de poblaciones castigadas por las guerrillas o los paramilitares, medio millar de regidores, afrontan amenazas, según el cálculo de Gilberto Toro, presidente de la Federación Colombiana de Municipios (FCM). Este año cayeron nueve en el ejercicio de sus funciones y, desde el año 2001, 83 legisladores, de acuerdo con la Federación Nacional de Concejales (Fenacon). Otros 1800 huyeron los últimos doce meses. En 18 municipios no podrán celebrarse los comicios. Desde hoy queda prohibido circular en moto, frecuentemente utilizadas como bombas o en atentados, ni el transporte de bombonas de gas, que se lanzan cargadas de explosivos desde morteros artesanales.
La violencia y el chantaje se imponen como argumentación. Las autoridades interceptaron una comunicación del jefe militar de las marxistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Jorge Briceño Suárez, “Mono Jojoy”, en la que pide a su gente “dar de baja” (matar) a los candidatos y funcionarios que “no acepten llegar a acuerdos”, es decir que no se sometan. Por acuerdo o por la fuerza, un número indeterminado de candidatos acepta las directrices de los grupos alzados en armas. Cerca de 130 personas fueron detenidas en los departamentos de Arauca y Vichada, entre ellas el alcalde de la ciudad de Arauca y una veintena de funcionarios y candidatos. Se les imputa complicidad con las FARC o el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Un ejército de más de 150.000 soldados, policías y agentes de diferentes cuerpos de seguridad patrullan pueblos y ciudades ante el recrudecimiento de los ataques: en la matanza de ayer murieron ocho campesinos de una misma familia. El presidente, Alvaro Uribe, insta a los candidatos a no renunciar, pero el desamparo vence a muchos. En plena plaza pública a 300 kilómetros de Bogotá, fue asesinado Jesús Cardona, candidato a su alcaldía. Hace cinco días, las FARC conminaron a renunciar a 22 aspirantes a concejales de Hacarí. Un día antes cinco habían sido secuestrados. Fue suficiente: abandonaron todos.
El ex alcalde Horacio Jaramillo, del Partido Conservador, circulaba en moto con un sobrino cuando fue secuestrado. Dos pistoleros mataron a Jorge Larrota, del mayoritario Partido Liberal, tras despedirse de su escolta, a las puertas del domicilio familiar. “A mí me obligaron, con armas, a entrevistarme con un comandante guerrillero”, admitió Fernando Osorio, candidato a gobernador. Las prácticas son antiguas y siguen vigentes.
“Hace mucho tiempo que los grupos violentos, particularmente las FARC, no confrontan militarmente a la fuerza pública, ni han logrado tomarse ningún municipio”, declaró la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez. “Por esa razón la estrategia de ellos ahora es tratar de amedrentar a la población y obviamente al país entero mediante acciones terroristas.”

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.