El gobierno colombiano defendió la potestad del presidente Juan Manuel Santos de permitir encuentros entre jefes guerrilleros en busca de avanzar en el objetivo de lograr la paz del país. El pronunciamiento fue hecho por el jefe del equipo negociador del gobierno en el proceso de paz con las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC), Humberto de la Calle, quien dijo que Santos tiene la obligación de buscar el fin del conflicto armado al amparo de normas constitucionales. De la Calle se refirió al tema luego de que Santos confirmara el lunes que permitió hace dos semanas una reunión en Cuba entre los máximos jefes de la guerrilla colombiana, Rodrigo Londoño (alias Timochenko) de las FARC, y Nicolás Rodríguez (alias Gabino) del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, dijo que el presidente Santos tiene facultades constitucionales para autorizar viajes de líderes guerrilleros a Cuba en el contexto de los diálogos de paz que se adelantan en La Habana sin pedirle permiso a la fiscalía.

Santos dijo que autorizó el encuentro con el único propósito de lograr avances en la búsqueda del fin del conflicto y con el apoyo de los gobiernos de Cuba, Noruega, Chile y Venezuela, que actúan como garantes y acompañantes del proceso de paz colombiano. “La potestad del jefe de Estado para decidir las acciones necesarias para tal fin no sólo es indiscutible, sino que su bondad y necesidad hace parte de sus obligaciones constitucionales”, dijo De la Calle.

Mientras la administración Santos y las FARC negocian en Cuba desde noviembre de 2012, el gobierno y el ELN sostienen desde principios del año pasado contactos informales en busca de un proceso de paz. Según De la Calle, la reunión de los dos jefes guerrilleros se llevó a cabo bajo condiciones limitadas en tiempo y en contenido. Asimismo, dijo que Timochenko y Gabino no se entrevistaron con los delegados del gobierno ni participaron en las negociaciones de paz.

Santos confirmó que había autorizado el encuentro entre los líderes de los dos grupos guerrilleros horas después de que una comisión del Congreso abriera una investigación en su contra a raíz de una demanda por permitir un anterior viaje a Cuba de Timochenko. La demanda fue instaurada a fines del año pasado por un abogado que trabaja para el partido de derecha radical Centro Democrático, dirigido por el ex presidente y ahora senador Alvaro Uribe, acérrimo crítico del proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla colombiana.

Aunque en Colombia las sentencias no son acumulables, Timochenko fue condenado en cinco procesos a penas cuyas sumas llegan a 178 años de cárcel por homicidio, desplazamiento, desaparición forzada, secuestro y rebelión. Además, más de un centenar de órdenes de captura fueron emitidas en su contra. Por su parte, Gabino tiene dos condenas que suman 78 años de prisión y por lo menos medio centenar de órdenes de detención en su contra, según informó la fiscalía general. Los negociadores de las FARC, encabezados por Luciano Marín (alias Iván Márquez), salieron del país a fines de 2012 tras recibir salvoconductos del gobierno, después de que la Fiscalía suspendiera las órdenes de captura expedidas en contra de ellos en los últimos años.

Por su parte, Montealegre se refirió a la reunión que hace unos días sostuvieron en Cuba Timochenko y Gabino. “Para adelantar este tipo de conversaciones en La Habana, que son transitorias y eminentemente coyunturales destinadas a adelantar el proceso de paz, no se necesita la autorización de la fiscalía”, aseguró Montealegre en entrevista con Blu Radio. Asimismo, agregó que el presidente tiene total competencia desde el punto de vista constitucional y legal para autorizar este tipo de encuentros, ya que “la ley lo faculta para que el presidente facilite diálogos y encuentros en el exterior”. El fiscal añadió que en ningún momento Santos solicitó a la Fiscalía levantar las órdenes de captura en contra de los guerrilleros, pero que fue un viaje autorizado.