Página/12 En Perú

Desde Lima

Las secuelas y heridas abiertas por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, que entre los años 1980 y 2000 dejó cerca de 70 mil muertos y 16 mil desaparecidos, permanecen abiertas y los procesos judiciales a los responsables de esos crímenes son pocos, avanzan lentamente y muchas veces culminan con sanciones leves, o incluso la absolución, para los victimarios. A esa conclusión llegó el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, que hace unos días visitó el Perú, encabezado por el argentino Ariel Dulitzky.

En los últimos quince años se han dado avances y retrocesos en el proceso de justicia por las violaciones a los derechos humanos que marcaron a fuego el país durante las décadas de los años ’80 y ’90. El juicio y condena a 25 años al ex dictador Alberto Fujimori (1990-2000) por crímenes de lesa humanidad es el punto más alto en este proceso de justicia. Las condenas a los miembros del grupo Colina, el escuadrón de la muerte del régimen fujimorista, es otro logro central. Pero estos procesos judiciales fundamentales han terminado siendo casi una excepción.

A pesar de la magnitud que tuvieron las desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, las matanzas de comunidades campesinas, las torturas y las violaciones, los procesos judiciales por estos casos han sido pocos, y las condenas menos. Solamente 58 denuncias por los crímenes cometidos en esos años han llegado a recibir una sentencia judicial, y la mayoría de los procesados han terminado siendo absueltos. Solamente unos 60 militares y policías han sido condenados y más de 130 terminaron absueltos.

La desaparición forzada fue un crimen extensamente practicado por las fuerzas de seguridad. De los 16 mil casos de desapariciones forzadas durante la guerra interna registrados por la Cruz Roja Internacional, solamente 24 casos han llegado a tener una sentencia en los tribunales. En esos procesos, 24 acusados fueron absueltos y solamente 12 recibieron una condena, que en la mayoría de los casos fue de 15 años, el mínimo que contempla la ley para este delito.

“En los tribunales hay una tendencia a la absolución de los procesados por violaciones a los derechos humanos. La Sala Penal Nacional, que es el tribunal de derechos humanos, ha ido levantando argumentos para garantizar la impunidad de los procesados. Hay, por ejemplo, sentencias absolutorias en casos de desapariciones forzadas con argumentos absurdos”, señaló a Página/12 Carlos Rivera, abogado especializado en derechos humanos y miembro del Instituto de Defensa Legal.

Exigir la existencia de una orden escrita para cometer el secuestro y la desaparición o desestimar los testimonios de los familiares de los desaparecidos –en la mayoría de casos testigos del secuestro– argumentando que se trata de testimonios interesados en el resultado del proceso, son algunos de esos “argumentos absurdos” a los que se refiere Rivera.

Un caso emblemático de la protección oficial a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad es la matanza de 123 campesinos en la comunidad andina de Putis, ocurrida en 1984, cometida por una patrulla del ejército. El proceso judicial no avanza porque los militares se niegan a entregar la información que identifique a los efectivos que formaban esa patrulla. Esa negativa ha sido respaldada por los ministros de Defensa de los gobiernos de Alan García y Ollanta Humala.

“El impulso inicial a favor de los derechos humanos con en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en 2003 ha ido decayendo significativamente. La llegada del gobierno de Alan García (2006-2011) ha sido decisiva en casi aniquilar ese impulso a favor de los derechos humanos. Desde la presidencia, García presionó a fiscales y jueces con un discurso anti derechos humanos”, señala Rivera. En su segundo gobierno, Alan García, sobre quien pesan acusaciones por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en su primer gobierno (19851990), dictó una ley de impunidad para los violadores a los derechos humanos, que luego, por la presión pública, debió derogar.

El abogado Rivera advierte un cambio en la Corte Suprema –que fue la que condenó a Fujimori– contrario a la defensa de los derechos humanos. “La Corte Suprema muchas veces ha corregido las decisiones de los tribunales marcadas por una tendencia de favorecer a los victimarios, pero eso ha cambiado. Antes la Corte Suprema jugaba a favor de los derechos humanos, ahora ya no es así”, asegura Rivera.

Recientemente, el máximo tribunal anuló la condena y ordenó la libertad de uno de los dos jefes militares sentenciados por el secuestro y desaparición, entre 1989 y 1993, de decenas de estudiantes universitarios de la región andina de Huancayo. “Esta era una de las pocas condenas de la Sala Penal por desaparición forzada y la Suprema la ha anulado, con una sentencia que puede generar mucho daño a los procesos por derechos humanos. Estamos presentando una denuncia contra esta decisión de la Suprema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dice Carlos Rivera.

Sobre la postura en el tema de derechos humanos y justicia del actual gobierno, Rivera indica que “el presidente Humala no tiene la misma posición de atacar los procesos de derechos humanos como tenía García, pero tampoco muestra una voluntad de darle un impulso a un proceso de justicia. Tenemos un gobierno que está de espaldas al tema de los derechos humanos”.