El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias que visitó el Perú señaló que “la política estatal de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas, ha cesado”. Si bien es cierto que las desapariciones forzadas han dejado de ser una práctica común desde la caída de la dictadura de Alberto Fujimori en noviembre del año 2000, se mantienen en el país prácticas de violaciones a los derechos humanos, con características y dimensiones distintas de las de los años de plomo de la guerra interna (1980-2000), sobre las cuales el informe de la ONU no se pronuncia.

El informe de este grupo de trabajo no se refiere a la actual extendida práctica de abusos policiales y militares en la represión de las protestas sociales, que ha dejado, según datos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, 139 muertos desde 2002 a la fecha. La mayor cantidad de estas muertes –más de la mitad de ellas– se ha dado en el gobierno de Alan García (2006-2011), con 79 víctimas mortales por la represión. En los cuatro años que van del gobierno de Ollanta Humala han fallecido 44 personas por acción directa de las fuerzas de seguridad durante la represión de diversas protestas. En el régimen de Alejandro Toledo (2001-2006) los muertos por esta razón fueron 16. La impunidad ha sido la norma en estos casos de muertes producidas por acción directa de las fuerzas de seguridad. Los gobiernos de García y Humala han dictado normas para garantizar esa impunidad. Estas leyes dan luz verde al uso de armas letales contra las protestas sociales y protegen a los miembros de las fuerzas de seguridad frente a posibles investigaciones por las muertes que ocasionen.