El primer ministro griego, Alexis Tsipras, obtuvo una abrumadora mayoría parlamentaria para la segunda y última parte de las reformas draconianas impuestas por sus socios y acreedores de la Zona Euro como condición necesaria para recibir 86.000 millones de euros en los próximos tres años. En una nueva sesión tensa, que se extendió hasta entrada la madrugada, el gobierno griego consiguió aprobar el segundo paquete de medidas neoliberales con 230 votos a favor, 63 en contra y 5 abstenciones. Tsipras sufrió otra revuelta entre sus propios legisladores de Syriza. Por eso necesitó una vez más del respaldo de los conservadores de Nueva Democracia, los centristas de Potami y la fuerza socialdemócrata Pasok, apoyos que fueron clave para impulsar las nuevas medidas, luego de más de cinco años de ajuste y políticas neoliberales que aumentaron el desempleo, la deuda y achicaron dramáticamente el antiguo Estado de bienestar.

A horas de aprobar las reformas neoliberales reclamadas por sus acreedores, el primer ministro griego hizó malabares entre un oficialismo fracturado y el inicio de las negociaciones con la troika de acreedores para sellar el programa de ayuda financiera que regirá durante los próximos tres años. El gobierno griego informó que representantes de las tres instituciones acreedoras internacionales –el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la Unión Europea (UE)– y las autoridades del llamado Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) llegarán hoy a Atenas para comenzar a negociar la letra chica del tercer acuerdo a largo plazo firmado con el país heleno a cinco años.

Como acordó Tsipras con los ministros de Finanzas de la Zona Euro, hace aproximadamente dos semanas, estas cuatro instituciones inyectarán 86.000 millones de euros hasta 2018 y garantizarán que Grecia se mantenga dentro de la unión monetaria del euro.

Las condiciones concretas que Atenas tendrá que cumplir y a dónde se destinarán estos fondos son dos de los puntos centrales de las negociaciones que comenzarán hoy y que podrían tomar más de un mes. No será una discusión fácil. El FMI ya marcó ayer la primera diferencia que existirá entre las instituciones acreedoras. “El alivio de deuda es necesario para el éxito del programa. Dejamos claro que es necesario que haya un compromiso concreto de los socios europeos en este sentido”, advirtió el vocero del FMI, Gerry Rice, en su conferencia de prensa quincenal en Washington. El Eurogrupo, con Alemania a la cabeza, se negó una y otra vez a aceptar una eventual quita de deuda y hasta rechaza reestructurarla, como reclaman abiertamente Atenas, el FMI y el gobierno de Estados Unidos. Pero Tsipras no sólo la tendrá difícil en la mesa de negociaciones con sus socios y acreedores de la zona euro y de la UE; también enfrenta una posible tormenta puertas adentro. Los acreedores europeos reclamaban la aprobación de las medidas para empezar a negociar un acuerdo para los próximos tres años.

A cambio de una nueva inyección de dinero que permita recapitalizar los bancos griegos, poner fin al corralito y pagar los cercanos vencimientos de deuda con los acreedores europeos y cumplir con una cuota atrasada del FMI, Tsipras aceptó un aumento del IVA, un recorte de las jubilaciones, una reforma laboral y del Código Civil y un descarnado e inédito proceso de privatizaciones. “La división dentro de Syriza es claramente visible”, reconoció la vocera del gobierno de Tsipras, Olga Gerovasili, tras la votación de ayer. A diferencia de la semana pasada, cuando Tsipras perdió el apoyo de 39 de los 149 diputados de Syriza, los disidentes en esta votación fueron 36.

Entre los tres que cambiaron su voto, el nombre que más sorprendió fue el del ex ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, el hombre que lideró las negociaciones con la llamada troika de acreedores internacionales durante más de cinco meses y que personificó, como nadie, la resistencia y la lucha contra la doctrina de la austeridad impartida por Alemania y el resto de la UE.

Tras el primer quiebre en la votación de la semana pasada en el Parlamento, Tsipras pidió la renuncia de todos los miembros de su gabinete que votaron en contra del acuerdo con los acreedores europeos. Sin embargo, el malestar continúa. El ministro de Infraestructuras, Christos Spirtzis, criticó ayer el compromiso adoptado, primero por Tsipras y después por el Parlamento griego, para privatizar bienes públicos por un monto de 50.000 millones de euros en los próximos tres años.

Para llegar a esa cifra, varios bienes públicos pasan a manos privadas. “Atenas debe vender 14 aeropuertos que dan beneficio y los otros 30 que no dan beneficio y que necesitan subvención quedarán en manos del Estado. Es más propio de una colonia que de un Estado de la Unión Europea”, sentenció el ministro en una entrevista con la televisión pública alemana ARD. Apenas un cuarto de los 50.000 millones de euros que Grecia obtenga por estas privatizaciones serán utilizadas como inversiones directas en el país. El resto se usará para recapitalizar a los bancos y pagar vencimientos de deuda a sus acreedores europeos y al FMI.

Las draconianas reformas, el inédito ajuste y seguramente los resultados que dejen las negociaciones para el acuerdo a largo plazo están poniendo a prueba la unidad dentro del oficialismo que apoya a Tsipras. La capacidad del primer ministro griego de mantener unida a su coalición en los próximos meses determinará si tendrá que llamar a elecciones anticipadas antes de fin de año, como vislumbran algunos analistas, o si podrá saldar las diferencias en un congreso partidario y continuar dirigiendo el gobierno.