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El juez español que investigaba el patrimonio y actividad empresarial del ex vicepresidente español y ex director del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, elevó ayer la causa a la Audiencia Nacional de España tras hallar indicios de que pudo incurrir en blanqueo de capitales.

La decisión del titular del juzgado de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano Artal, se apoya en un pedido efectuado esta misma semana por la Fiscalía Anticorrupción, a su vez sustentado en un segundo informe de la Oficina Antifraude (ONIF) que aporta “nuevos indicios de delito” contra Rato que se desprenden de la documentación incautada en su domicilio y despacho en abril, indicaron fuentes judiciales.

Rato fue detenido fugazmente el 16 de abril pasado para presenciar los allanamientos en el marco de una investigación en su contra por presuntos delitos de evasión fiscal, blanqueo y alzamiento de bienes, sustentada por un primer informe de la ONIF.

Sin embargo, el pasado 22 de julio el juez citó al ex ministro de Economía de José María Aznar para declarar aunque sólo está imputado por delitos fiscales, a falta de indicios suficientes para atribuirle otros delitos.

Pero el ex banquero y dirigente conservador se negó a responder a las preguntas del juez hasta no conocer el último documento de Antifraude.

El caso ahora pasa a la Audiencia Nacional, máxima instancia penal española, que investiga delitos graves y de especial relevancia, como corrupción, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y terrorismo.

El Tribunal deberá aún admitir la investigación y en caso de no hacerlo, será el Tribunal Supremo el que resuelva el conflicto de competencias.

La resolución del juez Serrano Artal es una muy mala noticia para el ex jefe del FMI, quien tiene abiertos otros dos frentes judiciales en España vinculados con corrupción.

Una de ellas investiga un presunto fraude en relación con la salida a Bolsa en 2011 de Bankia, entidad financiera que presidió y a la que llegó gracias a su peso político en el PP. La otra causa en la que está imputado está relacionada con el uso indebido de “tarjetas en negro” en Caja Madrid y Bankia, un sistema que bajo su dirección permitió la apropiación indebida de 15 millones de euros.