El acuerdo entre Grecia y sus acreedores sobre el tercer rescate financiero comenzó ayer el trámite en el Parlamento heleno, donde hoy será sometido a votación. En tanto, mañana se reunirán los ministros de Finanzas de la Zona Euro para dar su aval al programa. Varios medios helenos publicaron ayer el memorándum firmado por ambas partes, que detalla los cambios que el gobierno griego deberá hacer en el sistema jubilatorio y privatizaciones. A cambio, el país europeo recibirá 86.000 millones de euros de ayuda de la Eurozona hasta 2018, fondos con los que se espera ahuyentar definitivamente los temores a un default y una posible salida de Grecia de la moneda común europea, algo que podría afectar gravemente a Europa y el mundo.

En la capital griega, el premier Alexis Tsipras se mostró confiado ayer en lograr la ratificación parlamentaria del acuerdo, pese a la oposición del ala más izquierdista de su partido Syriza. “A pesar de los obstáculos que algunos tratan de poner en nuestro camino, vamos a concluir con éxito este acuerdo”, dijo. El jefe de Estado griego señaló que su gobierno encabezará la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal, tras afirmar que esto es en parte responsable de la crisis en la que se encontraba el país cuando asumió como primer ministro.

Atenas aspira a que el primer tramo sume entre 20.000 y 25.000 millones de euros, para devolver al Banco Central Europeo (BCE) 3400 millones que vencen el día 20 de agosto, otros 1600 que adeuda al FMI en septiembre, así como el crédito puente que le concedió en julio a la Unión Europea por el valor de 7600 millones. Además, el primer desembolso incluiría 10.000 millones de euros de inyección inmediata para recapitalizar la banca, todavía bajo controles de capital, lo que llevó a un mayor desplome de la economía.

Además del programa de rescate, el proyecto incluye un paquete de 35 medidas previas que Grecia debe aplicar, que están detalladas en el memorándum firmado el martes. Según el documento, Grecia tendrá que hacer importantes ajustes de entre el cuatro y el cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Los acreedores exigen al país alcanzar unos superávit primarios del 0,5 por ciento del PIB en 2016, del 1,75 por ciento en 2017 y del 3,5 por ciento en 2018, y ya en octubre Atenas debe legislar medidas estructurales de al menos un 0,75 por ciento del PIB para 2017 y un 0,25 por ciento en 2018. Si los números son finalmente mejores de lo previsto, deberá transferir al menos un 30 por ciento del sobrante a la cuenta destinada a la reducción de la deuda. Otro 30 por ciento será utilizado para pagar “obligaciones gubernamentales (financieras) vinculadas al pasado”.

En la reforma tributaria y en la lucha contra el fraude, además de la reforma del IVA ya legislada en julio, Grecia se compromete a no introducir nuevas amnistías o aplazamientos para los pagos a los deudores que no cumplen a tiempo sus obligaciones y publicará una lista de morosos de más de tres meses.

Respecto de los hospitales y la sanidad pública, el texto hace referencia a medidas que persiguen el abaratamiento de costes en los medicamentos para el consumidor y deja a voluntad del Ejecutivo la aplicación de la tasa de cinco euros por visita médica.

En materia laboral, el preacuerdo establece que a partir de octubre, un grupo de expertos independientes revisará la legislación laboral, incluyendo los despidos colectivos, la acción sindical y la negociación colectiva para adaptarlas al estándar europeo.

Por otro lado, el texto señala que el gobierno griego se compromete a continuar con el programa de privatizaciones en curso, que persigue generar unos ingresos anuales (excluyendo las acciones bancarias) de 1400 millones de euros, 3700 millones en 2016 y 1300 millones en 2017. El acuerdo prevé la creación de un nuevo fondo de privatizaciones radicado en Grecia y bajo supervisión de las instituciones europeas, que deberá acumular activos por valor de 50.000 millones de euros, la mitad de ellos para la recapitalización de la banca. Tras varias discusiones, se acordó finalmente un modelo que resulta amistoso para Grecia, porque permite sacar rendimiento a estas propiedades, es decir, a diferencia del fondo actual de privatizaciones que solo recoge la venta, este formato contempla fórmulas alternativas como el alquiler.

Tsipras, que ya informó a los representantes de la oposición sobre el contenido del tratado, necesitará el apoyo de conservadores liberales y socialdemócratas para obtener la aprobación del Parlamento. Una vez que Atenas obtenga la ratificación del pacto, el acuerdo necesitará la aprobación de los otros 18 ministros de Finanzas de la Eurozona, que discutirán el tema mañana. Varios países, entre ellos Alemania, el más crítico con Grecia, tienen que convalidar el acuerdo en sus Congresos antes de la entrega de fondos.