Página/12 En México

México debe permitir que el grupo internacional de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA interrogue a los militares presentes en Iguala la noche en que desaparecieron 43 estudiantes normalistas y asesinaron a otras seis personas, todos a manos de la policía municipal, reclamó el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, en un informe que reclama un replanteamiento total de la investigación realizada durante casi un año por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En un documento de 300 páginas el organismo de la ONU avala las conclusiones de los peritos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que echaron abajo las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), cuyas conclusiones fueron presentadas a finales de enero pasado como “verdad histórica”: los 43 estudiantes fueron asesinados y cremados en un basurero municipal; luego, sus cenizas arrojadas a un río. Sin embargo, el Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desmanteló el resultado presentado por el gobierno y planteó nuevas líneas de investigación.

Entre los requerimientos de los expertos de la CIDH está interrogar a los militares presentes en Iguala la noche del ataque contra los estudiantes por parte de la policía municipal. Efectivos del Ejército habrían vigilado a los estudiantes hasta momentos antes de iniciarse la persecución y los ataques que provocaron seis muertes, decenas de heridos y 43 desaparecidos entre el 26 y el 27 de septiembre del año pasado. Un grupo de soldados incluso interrogó y fotografió a varios de ellos que se habían refugiado en un hospital, del que fueron sacados y desaparecidos junto con sus demás compañeros. Sin embargo, el gobierno mexicano se ha negado sistemáticamente a permitir que se cuestione al Ejército, y mucho menos que se interrogue a los militares.

A los requerimientos de entrevistarse con los soldados del 27 batallón de infantería apostados en Iguala, el gobierno contestó con una negativa. La medida fue celebrada por el Ejército. El jefe de Estado Mayor de la Novena Región Militar, el general de brigada Diplomado Estado Mayor Arturo Vallarta Tafolla sostiene que “la decisión mexicana de no permitir las entrevistas en los términos del GIEI obedeció a que se trasgrede el orden jurídico mexicano; se excede el mandato otorgado; y principalmente se violan los principios del debido proceso y por ende los derechos fundamentales de los militares, colocándolos en la incertidumbre y vulnerabilidad jurídica”, según expresó en una carta fechada el pasado 10 de septiembre, enviada al diario local El Sur, de Acapulco.

Ante esta postura del gobierno mexicano, la ONU avaló el trabajo de los expertos del órgano de derechos humanos de la OEA, calificó de “tardías y deficientes” las investigaciones de la PGR y reclamó a la administración de Peña Nieto que se permita a los expertos del GIEI interrogar a los militares que estuvieron involucrados de alguna forma en los hechos.

A punto de cumplirse un año de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas, el caso Ayotzinapa es uno de los más graves cuestionamientos al gobierno priísta de Enrique Peña Nieto, al extremo de ser una de las causas que el lunes pasado en Ginebra hizo decir al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, que estaba molesto y exhausto ante tanta “miseria humana”.

“El odio, la intolerancia, el racismo, todo esto parece en extremo abrumador”, lamentó el funcionario de derechos humanos de mayor jerarquía en la ONU ante las oleadas de migrantes sirios, o los deportados colombianos de territorio venezolano y de haitianos desde República Dominicana, así como por las consecuencias del combate a la corrupción en Guatemala y Honduras y el excesivo uso de la fuerza en Ecuador.

Ayotzinapa está entre sus preocupaciones, pero es en general el deterioro de los derechos humanos en México lo que hace que la ONU ponga los ojos en este país durante la última sesión de este año del Consejo de Derechos Humanos que inició el lunes pasado y concluirá el próximo 2 de octubre y que incluye el impacto que ha causado la lucha contra las drogas en el respeto y disfrute de los derechos humanos.