La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), creada en 2012, concentró la administración de 47.000 inmuebles públicos. Al Pro.Cre.Ar ya se transfirieron 1800 hectáreas sobre las cuales se están edificando 35.000 viviendas. Página/12 entrevistó al presidente y vicepresidente de la Agencia, Alberto Vulcano y Martín Reibel, respectivamente. Para los funcionarios, el próximo paso debería ser la construcción de viviendas populares sobre los inmuebles públicos.

M. R.: –El Pro.Cre.Ar se gestó mirando el dique tres de Puerto Madero. La presidenta nos había enviado a Iván Heyn y a mí a cerrar el Plan Maestro de la Corporación Puerto Madero, esa empresas entre la Nación y la Ciudad que surgió durante el menemismo luego del dictado de la Emergencia Económica. Ahí comenzamos a trabajar sobre los bienes del Estado, a pesar que la tierra pública debía recuperar su función social: la vivienda.

A. V.: –Aquella innecesariedad tenía que ver con un Estado ausente y débil. Todo lo logrado en los últimos doce años, y me voy un poco del eje de la Agencia, hubiese sido imposible sin la recuperación del Estado como articulador político de los cambios. El cambio de paradigma en el manejo de los bienes del Estado estuvo marcado por tres ejes: la recuperación del Estado, el desarrollo social con un sentido federal y la justicia social. Estos son los tres pilares que sostienen el actual paradigma.

M. R.: –La Agencia centralizó la totalidad de los inmuebles bajo una misma norma. Recobramos la facultad para desafectar inmuebles, es decir, sacarlos de aquellos lugares en donde eran mal utilizados para ponerlos a disposición de diferentes proyectos, no sólo dentro de la jurisdicción del Estado nacional sino también en las provincias, municipios y junto a organizaciones civiles. Hemos desafectados inmuebles para que un municipio pudiera construir una escuela o una plaza. Hasta la creación de esta Agencia, existía un status quo de la tierra. Encontramos terrenos que en los papeles tenían determinada afectación pero en la práctica no era así. Por ejemplo, el Belgrano Cargas sembraba soja.

M. R.: –Son cerca de 47.000 inmuebles en todo el país. (Jorge) Capitanich (ex jefe de Gabinete) nos había pedido realizar una tasación de todos estos bienes. Pudimos hacer un cálculo en base a una proyección contable y nos dio aproximadamente 138.000 millones de pesos. Un inmueble puede tener 50 metros cuadrados o 1000 hectáreas, con la posibilidad de edificar 500 viviendas. Al Pro.Cre.Ar se transfirieron 1800 hectáreas urbanas. Por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, el ejido urbano en cantidad de hectáreas es igual al total de hectáreas del inmueble del Estado. Es decir, un solo bien tiene la misma cantidad de hectáreas que la ciudad de Córdoba. De ese total se podrá utilizar un 15 por ciento para ampliar o densificar la ciudad. Con un borde urbano de 500 hectáreas le cambias la vida a mucha gente.

M. R.: –En el Pro.Cre.Ar hay 42 predios en proceso de transferencia. Aproximadamente se están construyendo 35.000 viviendas. ¿Alcanza para la necesidad de viviendas del país? No, hay que ir por más. Este programa vale por el modelo de gestión sobre la vivienda. Hay que traspolar el Pro.Cre.Ar a las provincias, utilizar los bancos de cada región. Algunas usinas políticas hablan de un Pro.Cre.Ar con actores privados. Nuestro eje es la utilización de la tierra pública. Se habla mucho de loteo pero la tierra nacional no es para lotear, es demasiado buena. Es para densificar las distintas ciudades del país.

A. V.: –El organismo está parado sobre un piso de realizaciones que marcan un rumbo muy difícil de modificar. Es verdad que siempre puede venir alguien para poner reversa, pero no les será fácil.

M. R.: –El Pro.Cre.Ar no fue pensado para bajar el déficit habitacional, fue una medida para recuperar el crédito. Existe un déficit vinculado a la Argentina profunda, y la construcción de viviendas populares que es lo que hace el Ministerio de Planificación. Si extendemos el modelo de gestión de viviendas del Pro.Cre.Ar y lo transferimos a otros programas de construcción de viviendas, no sólo estaríamos resolviendo el déficit habitacional sino que ampliaríamos las ciudades, con derechos y servicios para sus habitantes.

M. R.: –Sí, y mucha. Si bien es finita porque un día se termina, esto es el piso de cómo utilizar los bienes que tenemos. Esto que ahora es de todos los argentinos, antes era de otro. Fue Juan Domingo Perón quien expropió la mayoría de los bienes militares que hoy forman parte de los 47.000 inmuebles. Era un PBI hundido, como dijo Mario Wainfeld (Página/12), algo que no existía, algo que no tenía entidad. Ahora contamos con 138.000 millones de pesos en inmuebles, que podrían quintuplicar su valor una vez que se conviertan en proyectos urbanísticos.