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Uno de los detenidos por el caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras afirmó ante la Justicia haber pagado cuentas personales de Fábio Luis Lula da Silva –apodado Lulinha–, hijo mayor del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por un monto cercano al medio millón de dólares, con fondos que habrían sido desviados de manera ilegal de esa compañía, informó ayer la prensa brasileña. “El señor Fábio Lula da Silva jamás recibió ningún dinero como el valor mencionado”, dijo el abogado de Lulinha, Cristiano Zanin Martins.

El empresario preso Fernando Soares –más conocido como Fernando Baiano–, que hizo esa confesión sin presentar pruebas, está acusado de funcionar como intermediario del pago de sobornos entre empresas contratistas de Petrobras y dirigentes políticos. Baiano es uno de los arrestados que aceptó contar ciertos aspectos del caso a cambio de una reducción de las penas que les correspondan, y el único de los detenidos que no fue liberado luego de que se comprobara la veracidad de sus declaraciones.

El empresario aseguró al juez que pagó gastos personales de Lulinha, por casi dos millones de reales (unos 530.000 dólares), con dinero procedente de la red de corrupción, consignó el diario O Globo. La “delación premiada” de Soares fue homologada el viernes por el juez Teori Zavascki, pero el empresario permanecerá encarcelado hasta el 18 de noviembre, cuando se cumple un año de su arresto.

Lulinha emitió ayer un comunicado, a través de su abogado Cristiano Zanin Martins, en el que niega estar vinculado con la recepción de recursos provenientes de Soares, quien también aseguró, en sede judicial, que mantuvo contactos con el diputado Eduardo Cunha, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

La semana pasada, el Supremo Tribunal Federal autorizó a la Policía Federal (PF) a citar al ex presidente Lula para interrogarlo, en calidad de testigo, y no como actor investigado en relación al caso de corrupción que sacude a la petrolera estatal brasileña. El permiso para interrogar a Lula fue pedido en septiembre pasado por un comisario de la PF que cree que el ex mandatario “pudo haber obtenido beneficios para sí mismo, para su partido o para su gobierno con la manutención de una base de apoyo partidaria sustentada a costa de negocios ilícitos en Petrobras”.

El desvío de cerca de 2000 millones de dólares Petrobras para el financiamiento de campañas políticas es investigado desde hace un año y la Justicia ya condenó a varios empresarios, ejecutivos de la petrolera y políticos implicados.

Entre los condenados se encuentra Joao Vaccari, ex tesorero del PT, quien enfrenta una pena de 15 años y cuatro meses de cárcel. Las investigaciones se han extendido a una veintena de grandes empresas privadas que, según las autoridades, obtenían contratos amañados con la petrolera, inflaban sus valores y luego repartían las diferencias con ex directores de la petrolera y los políticos que permitían el fraude. Las autoridades brasileñas sospechan que parte del dinero obtenido por la red que operó en Petrobras pudo haber llegado a la campaña que el año pasado llevó a la reelección de Rousseff, un aspecto del caso que, en estos momentos, se encuentra bajo investigación judicial.