Volkswagen se mostró dispuesta a asumir su responsabilidad por su posible colaboración con la dictadura de Brasil, con cuyo actual gobierno mantiene conversaciones para esclarecer los casos que la involucran. “Estamos evaluando la injusticia que ocurrió en ese momento”, explicó el director del departamento de Comunicación Histórica del Grupo Volkswagen, Manfred Grieger. Al referirse a una posible reparación colectiva, Grieger señaló que no existe ningún acuerdo en ese sentido porque no se sabe qué forma podría tomar una indemnización de ese tipo. Volkswagen está en la mira de la Justicia brasileña por denuncias que indican que ofreció respaldo económico al régimen dictatorial e incluso elaboró listas negras de sus empleados.

El periódico O Estado de Sao Paulo aseguró ayer que Grieger, en las actuales conversaciones, ofreció el pago de indemnizaciones. Sin embargo, el representante desmintió la versión y señaló que el diálogo continuará, a más tardar, a principios de 2016. Grieger visitó Brasil a mediados de octubre a pedido del Ministerio Público de ese país. La Fiscalía analiza el resultado de las investigaciones que llevó adelante la Comisión de la Verdad, creada por la presidenta Dilma Rousseff en 2011 para indagar sobre el destino de asesinados y desaparecidos durante la dictadura.

“Fue el comienzo de una discusión sobre cómo llegar a un acuerdo a propósito de ese tema”, afirmó Grieger. El directivo se reunió en Brasil con el fiscal regional de Derechos del Ciudadano de la Fiscalía de San Pablo, Pedro Antonio de Oliveira Machado. Según el fiscal, la idea es firmar un Término de Ajuste de Conducta (TAC) y destinar el dinero de la reparación a un fondo público, o usarlo en la construcción de un memorial o museo vinculado con el período, aseguró O Estado. El material en manos de los fiscales contiene informes suministrados por centrales sindicales, asociaciones civiles, investigadores, ex integrantes de la Comisión de la Verdad y ex empleados de la fabricante alemana que fueron perseguidos por el régimen, entregaron en septiembre a la Fiscalía la documentación y solicitaron abrir una investigación civil pública para que se averigüe “cuán objetivamente contribuyó Volkswagen Brasil para que se perpetraran las violaciones de los derechos humanos mencionadas en el informe”.