La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, llamó a la población a defender la democracia contra el golpe y afirmó que se defenderá con todas las herramientas constitucionales. Mientras tanto, la Corte Suprema rechazó dos recursos de apelación de diputados oficialistas contra el juicio político, pero aún tienen un tercero en estudio.

Dilma hizo referencia al proceso en su contra en el Congreso durante la ceremonia de clausura de la XV Conferencia Nacional de Salud. “Por la salud de la democracia, tenemos que defenderla contra el golpe”, afirmó la mandataria, si bien no especificó a qué se refería al usar la palabra “golpe”. Las palabras de Rousseff fueron muy aplaudidas por una platea compuesta por cientos de trabajadores y usuarios del sistema de salud pública, que respondieron al grito de “No habrá golpe”, nuevo lema de los grupos que defienden a la jefa de Estado brasileña. “Esta conferencia va a entrar en la historia porque abordó tanto la salud de los brasileños como la de la democracia. Estamos juntos en esta lucha y hasta 2018 seré incansable en la tarea de construir una salud de calidad”, agregó, y aseguró que gobernará hasta el fin de su mandato.

Rousseff insistió en que la acusación por la que la quieren juzgar no tiene fundamento y dijo que defenderá su mandato con todos los instrumentos previstos en el estado democrático de derecho tanto ante el Congreso como ante la Justicia. “Las razones que fundamentan la propuesta con que fue abierto el juicio político son inconsistentes, son improcedentes”, afirmó.

El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, aprobó el martes la apertura del juicio político contra la jefa de Estado con base en una petición que la acusa de ser responsable de unas maniobras fiscales para maquillar las cuentas públicas de este año. La mandataria volvió a resaltar sus diferencias con Cunha, integrante de un partido de la base oficialista pero que se declara “opositor” a título personal. A Cunha se le descubrieron cuentas no declaradas en el exterior y es investigado por sus vínculos con el escándalo de corrupción en la petrolera Petrobras. “No cometí ningún acto ilícito. No violé nada previsto en la Constitución. No tengo cuenta en Suiza y mi gobierno practicó todos sus actos cumpliendo el principio de la responsabilidad con los recursos públicos”, aseguró.“Voy a luchar contra ese juicio porque no hice nada que justifique su apertura y porque tengo un compromiso con la población que me eligió.”

La mandataria, que asumió su segundo mandato consecutivo en enero de 2015, aseguró que, pese al proceso al que será sometida, mantendrá su diálogo con todos los sectores de la sociedad y con todos los partidos para demostrar que lo que está en juego no es una persona o un partido sino la democracia del país. “Es una lucha en defensa de la democracia del país. No vamos a engañarnos, lo que está en juego son las opciones políticas que adoptamos en los últimos trece años”, afirmó al referirse a los programas sociales impulsados por el Partido de los Trabajadores (PT) tanto en su gobierno como en el de su antecesor y padrino político, Luiz Inácio Lula da Silva.

Rousseff instó a la población a defender la democracia un día después de que el ministro de la Presidencia, Jaques Wagner, afirmara que el gobierno pretende movilizar a los ciudadanos contra la decisión del Congreso de juzgar a la jefe de Estado. Wagner le pidió a la sociedad civil, partidaria o no de Rousseff, que salga a la calle a defender a democracia. “No se trata sólo de los hinchas de Dilma, sino también de los hinchas de la institucionalidad y de la democracia”, afirmó.

Mientras tanto, los jueces Celso de Mello y Gilmar Mendes rechazaron dos apelaciones para suspender el proceso de juicio político. Ambas apelaciones fueron presentadas por legisladores de la coalición gobernante: una moción presentada por diputados del PT y otra del Partido Comunista Brasileño (PCB), aliado del gobierno. Un tercer recurso, también presentado por el PCB, todavía está a estudio en el Supremo Tribunal Federal (STF). En este caso, el magistrado Luiz Edson Fachin solicitó que se manifestaran sobre el proceso contra Rousseff la presidencia de la República, las dos Cámaras, la Fiscalía General de la República y la Abogacía General de la República.

El recurso interpuesto por los legisladores del PT alegaba que Cunha acogió el pedido de destitución de Rousseff como represalia contra esa fuerza política, que anunció que votará por la apertura de un proceso de impugnación del mandato del jefe de Diputados en el Consejo de Ética de la Cámara Baja. En el caso del pedido del PCB, se pedía la suspensión del proceso alegando que la forma en que Cunha acogió el pedido de destitución violó “los principios del debido proceso legal, de amplia defensa (de la presidenta) y del (principio) de contradicción. En opinión del autor del recurso, el diputado federal Rubens Pereira, Cunha debería haber informado a la presidenta sobre el tenor de las denuncias en su contra. Sólo después estaría habilitado a pronunciarse sobre la apertura del proceso.