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Con los votos de la mayoría opositora, el Parlamento venezolano aprobó en primera discusión el proyecto de ley de amnistía destinado a beneficiar a los opositores presos. Sin embargo, a esta iniciativa le espera un camino de escollos, dado que el mandatario Nicolás Maduro aseguró que la vetará aduciendo que dejaría en la impunidad las 43 muertes ocurridas en las protestas de 2014 que buscaban sacarlo del poder.

En una encendida sesión que contó con la presencia de familiares de los presos, un grupo de diputados de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) presentó el proyecto formalmente al plenario de la Asamblea Nacional (AN), que lo someterá a votación en las próximas semanas. Tras la primera discusión, que duró casi tres horas, el plenario aprobó enviar el proyecto a la comisión de política interior de la cámara y convocar a los “sectores que se sientan beneficiarios”, pero no se informó cuándo será la votación.

El proyecto de ley prevé que todas las autoridades judiciales, administrativas, militares y policiales deberán dar por finalizadas las averiguaciones o investigaciones vinculadas con los hechos de acusación que pesan sobre los beneficiarios de la amnistía.

La iniciativa fue duramente criticada por la bancada oficialista. El jefe del oficialismo en el Parlamento, Héctor Rodríguez, aseguró que su coalición no dará los votos necesarios para la aprobación de la iniciativa. “No la apoyamos porque es una ley que pretende generar impunidad mediante la cual los victimarios buscan perdonarse a sí mismos”. Por su parte, la diputada del oficialista Gran Polo Patriótico Nora Delgado mencionó que rechazaban el proyecto por considerarlo inconstitucional. “Desde el Bloque de la Patria nos solidarizamos con las verdaderas víctimas y rechazamos contundentemente el utilizar este foro político y legislativo para aprobar esta ley.”

Al presentar su informe de gestión anual ante el nuevo parlamento el 15 de enero, el presidente venezolano expresó su rechazo a la ley y negó que los detenidos sean presos políticos. En cambio, Maduro propuso una comisión para resolver la situación de los detenidos, siguiendo modelos como el que se aplicará en el proceso de paz con las guerrillas colombianas.

Según el experto constitucionalista José Ignacio Hernández, a esta iniciativa le espera una ruta plagada de obstáculos, pues, una vez que sea aprobada en segundo debate, el Parlamento deberá someterla a promulgación del presidente, quien tendrá diez días para hacerlo aunque ya anticipó que la vetará. Estallará entonces un nuevo choque entre el Ejecutivo y el Legislativo, que deberá finalmente dirimir el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) –concretamente la Sala Constitucional–. “Lo más probable es que el presidente lo remitirá a la Sala Constitucional, quien va a opinar que es inconstitucional, y se va a generar un conflicto pues la Asamblea insistirá en publicar la ley por sus propios medios.”