María Servini de Cubría será jueza electoral subrogante en la provincia de Buenos Aires, distrito político clave en el país. La propuesta fue del representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Mahiques, cuando el plenario puso ayer en discusión el futuro de las subrogancias en los cargos vacantes en el Poder Judicial que la Corte Suprema declaró inválidas. Los consejeros tenían que definir 140 designaciones de acuerdo a parámetros del alto tribunal: los suplentes sólo pueden ser jueces o jueces jubilados, pero no pueden secretarios ni conjueces sin acuerdo del Senado. Una de las definiciones con consecuencias más fuertes atañe a la Cámara de Casación Penal Federal, donde sus propios integrantes quedarán como interinos en el lugar de los conjueces, lo que a su vez aleja al ex subrogante Luis Cabral de la posibilidad de conseguir que le devuelvan la suplencia. El cuerpo también decidió desplazar a las dos subrogantes, de Santa Rosa (La Pampa) y de Río Gallegos (Santa Cruz), que habían dictado medidas cautelares que impidieron la asunción del diputado Luis Tonelli en el propio Consejo. La situación de Tonelli quedó postergada para la próxima sesión, el jueves que viene.

Servini tendrá un enorme espectro de acción, ya que agregará a su cargo de jueza federal electoral porteña las cuestiones electorales que tramiten en territorio bonaerense. La propuesta fue del oficialismo, que logra mayoría en el Consejo y negoció con el Frente para la Victoria (FpV) dividir el juzgado federal de La Plata en cuestión, y dejar a cargo del juez Ernesto Kreplak, de origen camporista, los casos penales que allí tramitan. Hasta ahora subrogaba allí Laureano Durán, un secretario que fue cuestionado en medio del proceso electoral de 2015. Su suplencia, igual que el resto, terminaba ayer por disposición de la Corte. Ahora la nueva fecha de vencimiento de las subrogancias será el 30 de noviembre, o el final del concurso para un cargo, o la votación en el Congreso de una nueva ley que es –en definitiva– lo que ordenó el tribunal.

Los consejeros del oficialismo, jueces y abogados habían pasado el miércoles negociando cargos. Cuando empezó la reunión de ayer, Cabral –que es consejero y llevó la batuta– desplegó un papel y anunció: “Esto es lo que acordamos”. El kirchnerismo reaccionó y pidió un cuarto intermedio porque desconocía el escrito. En medio del bullicio, el comentario del día fue la presencia de Juan Martín Mena, ex número dos de la Agencia Federal de Inteligencia, que ahora es asesor de Virginia García (FpV). A Servini, al final, la votaron por unanimidad. El FpV, logró forzar que todo se votara con mayoría calificada, lo que estableció la Corte.

El fallo supremo, de hecho, fue el origen de este intríngulis: declaró la inconstitucionalidad de ley de subrogancias del kirchnerismo, que dejaba en manos del Consejo de la Magistratura el nombramiento de jueces suplentes, que hasta entonces era una facultad de las Cámaras, es decir, del propio Poder Judicial. Esa reforma había derivado, por caso, en el desplazamiento de Cabral, juez de tribunal oral, de una subrogancia en la que llevaba cuatro años en la Cámara de Casación. Allí lo habían nombrado a dedo, sin siquiera respetar el sorteo reglamentario.

Cabral, hasta el día de hoy, reclama con un amparo que le devuelvan la suplencia. Como consejero ayer hizo una jugada extraña: insistió con la salida de la Casación de los conjueces Norberto Frontini y Roberto Boico (a quienes el FpV quería mantener) y que queden jueces titulares de ese mismo tribunal, que incluso había mandado una resolución con los posibles candidatos que quedó intacta. Esos nombramientos conspiran contra el regreso de Cabral. Así, quedaron Roberto Hornos y Mariano Borinsky como reemplazantes en la Sala I, Alejandro Slokar (actual presidente de la Cámara) en la sala II y Juan Carlos Gemignani en la Sala III. En la Cámara Criminal y Correccional el mismo sistema de cubrir vacantes entre sí.

Los dos casos que desataron un momento tenso fueron los de las juezas subrogantes que, casualmente, habían dictado medidas cautelares que impidieron la asunción de Tonelli en el Consejo, cuya designación fue objetada por el FpV que sostiene que le corresponde ese cargo. García se quejó de que las sacan por una cuestión de “opiniones políticas”. La pampeana Iara Silvestre será reemplazada por el juez de Junín Héctor Plou. A la abogada que estaba al frente del juzgado de Río Gallegos, Andrea Askenazi Vera, la sustituye el juez de Ushuaia Federico Calvete hasta el 26 de febrero y le seguirá Marta Yáñez, jueza de Caleta Olivia. Los consejeros del FpV Héctor Recalde, Ruperto Godoy y García, pedían que Yáñez asumiera ahora. Tampoco apoyaron cambios en la Cámara de Bahía Blanca, donde ya subrogaban jueces, reemplazados por otros jueces. Quedaron: Jorge Ferro, José Tripputi y Juan Velázquez. Excepto en esta jurisdicción, el resto de los jueces titulares que ejercían subrogancias fueron automáticamente prorrogadas.

El plenario resolvió hacer dejar a secretarios como subrogantes en casos puntuales, donde dicen que no hay sustitutos, la especialidad lo requiere o han podido manejar la situación de colapso de ciertos tribunales: son seis jueces de instrucción, tres civiles, siete de familia, tres de seguridad social, dos contencioso administrativos y cuatro laborales.

El futuro de Tonelli, que la Corte dejó en manos de una decisión del Consejo, fue postergado a propuesta del juez Leónidas Moldes hasta la semana que viene, porque hay una medida cautelar vigente que deja en suspenso su nombramiento y sigue el trámite de esa causa.