La historia del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap), primero, y luego de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR), creada en 2009, podría referirse como un ejemplo a imitar de un organismo con capacidad de gestión de políticas públicas, en áreas tan sensibles como la pobreza rural y la recuperación de las economías regionales y la agricultura familiar. Pero el desplazamiento del coordinador ejecutivo de la UCAR (antes coordinador del Prosap), Jorge Neme, por las flamantes autoridades del Ministerio de Agroindustria, dio lugar a rechazos de quienes conocen la labor desarrollada, y sospechas sobre el peso y los intereses de grupos empresarios corporativos detrás de esa decisión. “Ofrecí mi renuncia en diciembre y me pidieron que me quedara un tiempo”, contó Jorge Neme a Página/12, “luego el secretario de Agricultura (Ricardo) Negri me dijo que me debía ir porque lo había pedido el gobernador de Jujuy (Gerardo) Morales, y el ex candidato en Tucumán José Cano; pero sabemos que hubo otras presiones políticas, de organizaciones gremiales empresarias sobre Ricardo Buryaile, porque creen que la UCAR es una gran caja y no quieren que esté en manos ajenas”. Esas presiones habrían partido desde CRA, la entidad confederada a la que pertenece el propio ministro y es presidida por Dardo Chiessa.

Antes que “una gran caja”, el Prosap primero y la UCAR después fueron los ejecutores de los créditos para inversión en programas agrícolas provenientes del Banco Mundial, el BID y la CAF. “En marzo de 2001 el Prosap estaba en crisis, a tres años de su ejecución había desembolsado menos del 10 por ciento de los fondos y sólo cuatro provincias habían adherido. El Banco Mundial quería recortar más del 50 por ciento de los 125 millones de dólares del programa y el BID también. Alberto Ferrari Etcheberry, que había sido nombrado coordinador, me convocó para evaluar la ejecución y cooperar con la gestión de proyectos de inversión en infraestructura y servicios de las provincias”, relató Neme.

Allí arrancó una tarea que atravesó varios gobiernos, la construcción de una política de inversión pública para el sector agropecuario, en particular para las economías regionales, la formulación de una cartera de proyectos articulada con las demandas provinciales, y se puso en marcha el Prosap. A instancias del propio Ferrari Etcheberry, Neme pasó a ser el nuevo coordinador ejecutivo y el organismo siguió desarrollándose hasta convertirse en una suerte de agencia de inversión para el desa- rrollo agrícola.

La magnitud de las operaciones bajo su responsabilidad pueden medirse en los siguientes datos: en 2004 el ministro Roberto Lavagna redireccionó al Prosap créditos por 200 millones de dólares de programas subejecutados; en 2008, el organismo formuló junto al BID el primer paquete de programas de políticas de inversión por un monto global de 600 millones de dólares. Pocos meses después, ya creada la UCAR, el Banco Mundial aprobó una operación de 300 millones de dólares, “el más grande en su tipo para América latina”.

“Será por esos montos que dirigentes como Chiessa ven a este organismo como una gran caja, y no como un ejemplo de eficiencia en la ejecución de políticas públicas, como la calificó el BID”, se lamentó Neme, quien no está preocupado por su desplazamiento personal, sino por “el riesgo de que este nuevo gobierno no tome en cuenta en su agenda las políticas públicas de inversión en infraestructura rural, desconozca el aporte de este organismo al desarrollo regional, o dilapide el esfuerzo de formación de un personal muy profesionalizado y calificado en la tarea, muchos con contratos precarios por un problema que no resolvió el gobierno anterior”. Jorge Neme presentó la renuncia cuando se la pidieron, pero aún no se designó su reemplazante. Mientras el gobernador Morales habría solicitado su reemplazo, al menos otros cinco (Juan Schiaretti, de Córdoba, entre ellos) gestionaron su continuidad. “La oposición de Morales era fácil de contrarrestar, el temor es que acá pesen otros intereses para cambiar no sólo nombres sino el rol del organismo”, advirtió Neme. Concretamente, el peso y la especulación de entidades rurales empresarias como CRA.