La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ratificó el decreto de emergencia económica presentado por el presidente Nicolás Maduro. Con este fallo, que fue celebrado por el gobierno, el organismo declaró la nulidad del procedimiento que la Asamblea Nacional siguió para dejar sin efecto el decreto, que faculta al mandatario a tomar medidas económicas especiales durante por 60 días.

En un fallo anunciado en la noche del jueves, el TSJ declaró vigente la emergencia económica decretada por el jefe de Estado venezolano el 14 de enero y negada ocho días después por la mayoría opositora en el Legislativo. “(El decreto de emergencia económica) entró en vigencia desde que fue dictado y su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica-constitucional se mantiene irrevocablemente incólume”, dice el texto. La Sala Constitucional del TSJ determinó que si bien los parlamentarios opositores tenían ocho días para pronunciarse, no cumplieron con la realización de la sesión especial prevista 48 horas después de conocerse el decreto para su discusión. “Por lo tanto, la AN no cumplió oportunamente y, en fin, dentro de los límites constitucionales y legales, con el control del referido decreto”. De esta forma, la corte resolvió un recurso presentado por parlamentarios chavistas, agrupados en torno del oficialista Gran Polo Patriótico (GPP), tras la negativa del Parlamento venezolano a convalidar el decreto con el que Maduro se propone enfrentar la crisis económica que sacude al país a causa de la baja histórica en los precios del crudo.

El decreto de emergencia económica, entre otras cosas, autoriza al jefe de Estado a “disponer los recursos provenientes de las economías presupuestarias del ejercicio económico financiero 2015” para asegurar la continuidad de las misiones sociales, la inversión en infraestructura productiva agrícola e industrial y el abastecimiento oportuno de alimentos y otros productos de primera necesidad. Otra de las posibilidades que ofrece es la de fijar límites al ingreso y salida de moneda local en efectivo. El presidente queda también facultado par asignar recursos extraordinarios a proyectos previstos o no en la Ley de Presupuesto.

El fallo adoptado por el TSJ fue saludado por Maduro, quien aseguró que le “le facilita mucho el trabajo” para afrontar la actual coyuntura. “Ha hablado el TSJ, santa palabra, debe ser acatada por todos los sectores de la vida nacional”, afirmó el mandatario durante el acto de inauguración de una planta de tubos PVC en el estado Carabobo. Por su parte, el vicepresidente venezolano, Aristóbulo Istúriz, también celebró la decisión del TSJ. “El presidente Maduro ha asumido el reto de defender el país con mucha valentía, y vamos a salir adelante, y nuestro presidente ha hecho un llamado a todos los sectores para que colaboren en la construcción del nuevo aparato productivo”, dijo. El líder aseguró que el rechazo de la oposición al decreto de Maduro es porque los momentos de crisis deben ser atendidos por un modelo neoliberal. “Que va a diferenciar este modelo del neoliberalismo, el carácter productivo y en la medida en que seamos productivos, cuidaremos los logros de la revolución”.

El fallo también fue festejado por el jefe de la bancada del oficialista Gran Polo Patriótico, Héctor Rodríguez, quien consideró que de esta forma se pudo evitar que la “derecha le vuelva a dar la espalda al país”. El líder parlamentario describió el decreto como una iniciativa “inteligente” que integraría a todos los sectores productivos que deseen trabajar por el bienestar de la población venezolana.

De mayoría opositora desde el pasado 5 de enero, el Parlamento rechazó el decreto con el argumento de que era el “reciclaje” del modelo de control estatal que condujo a la crisis. El diputado de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y uno de los mayores críticos de la medida, José Guerra, rechazó la decisión del TSJ. “La Sala Constitucional cree ser un Estado dentro del Estado”, señaló. Maduro apeló al decreto para combatir la guerra económica librada por parte del empresariado local y la oposición para provocar desabastecimiento y generar malestar.

En este contexto de tensión entre la oposición y el chavismo, la Corte Marcial de Venezuela dejó en libertad, como gesto humanitario y de reconciliación, a la capitana Laided Salazar, condenada a casi nueve años de prisión por delitos relacionados con un supuesto plan para derrocar al presidente Maduro. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, confirmó la liberación a través de Twitter. El mismo Saab había pedido la medida sustitutiva de libertad para Salazar. “La Defensoría del Pueblo es una institución del Poder Ciudadano que defiende, protege y vigila los derechos humanos”. La capitana de la Aviación fue detenida en marzo de 2014 por su presunta participación en una conspiración para tratar de dar un golpe de Estado contra Maduro y en 2015 fue condenada a ocho años y siete meses de prisión por el delito de instigación a la rebelión. La orden de excarcelación emitida por el General de División Henry Timaure prohíbe a Salazar salir del país y de su domicilio, hacer declaraciones a través de medios de comunicación y redes sociales. Además, tendrá medidas de seguridad y vigilancia, y si se incumplen las condiciones, la medida sustitutiva de libertad será revocada.