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Gabriela Zapata Montano (foto), ex pareja del presidente Evo Morales, fue detenida ayer como parte de una investigación por tráfico de influencias a una empresa china donde ella es gerente comercial y que ganó millonarios contratos públicos en Bolivia, en un caso que arruinó las aspiraciones de reelección del gobernante.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, confirmó la detención de la mujer en La Paz tras revelar que “el Ministerio de Transparencia y la Unidad de Investigación Financiera (UIE) han pedido una investigación. La UIE es una entidad estatal que se dedica principalmente a seguir movimientos bancarios. “Las denuncias son de conocimiento público, de presumible tráfico de influencias”, agregó Romero, quien aclaró que hubo una operación policial de seguimiento a Zapata, para evitar una posible fuga. En un inicio el gobierno dijo que el tema estaba en manos de la Fiscalía, pero la entidad desmintió que hayan emitido una orden de detención.

A principios de este mes el periodista boliviano Carlos Valverde reveló en su programa de televisión que Zapata, de 28 años, fue pareja del mandatario hace unos 10 años y que ahora ocupaba el cargo de gerente comercial en la empresa china CAMC, que se adjudicó contratos en el país por unos 560 millones de dólares. En los siguientes días, otros periodistas también revelaron con documentos que Zapata aparecía como representante de otras empresas y que buscaba la adjudicación de contratos en otras entidades estatales, como la Aduana.

El diario El Deber de Santa Cruz mencionó que Zapata habría incurrido en usurpación de funciones, al enviar cartas a diversas instituciones del Estado, a nombre del gobierno, para favorecer con contratos a la empresa en que labora. Morales, quien negó los cargos de favorecer a la empresa china, pidió a los pocos días a la Contraloría General y al Congreso investigar las actividades de la compañía y afirmó que no protegería ni encubriría a nadie.

El ministro Romero aclaró en la conferencia de prensa que la instrucción del mandatario fue indagar en todas las instancias, por lo que el Ministerio de Transparencia y la UIE abrieron sus investigaciones, las que fueron ahora presentadas a la Fiscalía y originaron la detención de Zapata. No obstante, el fiscal general del país, Ramiro Guerrero, negó que el Ministerio Público haya ordenado la captura y señaló que la aprehensión “debe ser responsabilidad absoluta del Ministro de Gobierno”, mientras que la autoridad aludida replicó que la detención fue tras las investigaciones del Ministerio de Transparencia.

Una vez que comenzaron las denuncias, la oposición aprovechó el caso para debilitar a Morales, quien reconoció la relación de la cual nació un hijo que luego falleció, aunque negó un tráfico de influencias. Tanto la relación como el nacimiento del pequeño eran hechos desconocidos por los bolivianos. El mismo Morales se quejó en los últimos días que este incidente fue utilizado por la oposición durante la campaña para el referendo del domingo pasado, en que los bolivianos rechazaron una reforma constitucional que le habría permitido postularse para un cuarto mandato (2020-2025). El caso Morales-Zapata se hizo viral en las redes sociales, lo que también provocó la ira del oficialismo, que anunció planes para regularlas en Internet. El gobierno inició un proceso penal por daños y perjuicios contra la firma china de la que es funcionaria Zapata, luego de que rescindiera, por incumplimiento del contrato, la construcción de un tramo ferroviario Montero-Bulo Bulo. La mujer es funcionaria de la empresa que también fue sancionada con la ejecución de boletas de garantía por 22,8 millones de dólares y el veto para volver a participar en licitaciones durante los próximos tres años, debido a ese incumplimiento de contrato.