El gobierno de Mauricio Macri salió a respaldar ayer el golpe en Brasil. Tanto la canciller, Susana Malcorra, como el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijeron que la Argentina “respeta el proceso institucional” que se estaría desarrollando en el país vecino y que significó el desplazamiento por 180 días de la presidenta Dilma Rousseff y el reemplazo por su segundo, Michel Temer. “Hay instituciones democráticas que están en funcionamiento”, consideró Peña, quién sí se mostró preocupado pero por las eventuales consecuencias que puede tener para el intercambio comercial. El que fue un poco más allá fue el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, quien pidió aprovechar la “oportunidad”, para “intercambiar ofertas entre Mercosur y la Unión Europea”. A diferencia de sus pares latinoamericanos, que en su mayoría manifestaron preocupación, el gobierno argentino fue uno de los primeros en ratificar su apoyo a Temer. Incluso, el presidente del Unasur, Ernesto Samper, advirtió sobre los peligros para la gobernabilidad democrática de la región que implica el proceso brasileño.

Ante el inicio del juicio político aprobado en la madrugada de ayer por el Senado brasileño, el gobierno de Macri salió rápidamente a expresar su “respeto” por ese proceso y anticipar que “continuará dialogando con las autoridades constituidas a fin de seguir avanzando con el proceso de integración bilateral y regional”. Sin cuestionar la legitimidad ni manifestar ninguna crítica, Peña confió en que ambas naciones seguirán “trabajando como países hermanos” a partir de la asunción de las “nuevas autoridades”.

En el comunicado oficial del ministerio de Relaciones Exteriores, el oficialismo dijo que “confía en que el desenlace de la situación consolide la solidez de la democracia brasileña”. Si bien el propio Macri evitó pronunciarse ayer al respecto, ya se había expresado personalmente en el mismo sentido la semana pasada, cuando dijo que creía que el país vecino iba a “resolver institucionalmente sus conflictos”.

El juicio político contra Dilma se aprobó tras 18 horas de sesión en el Senado brasileño, donde 55 senadores votaron a favor y 22 en contra. En ese marco, Peña relató que el gobierno argentino estuvo en “contacto permanente con las autoridades brasileñas en estos días, que son tensos tanto en lo político como en lo económico, y siempre se ha mantenido una línea en acuerdo con ellos, que es de respeto al proceso institucional”. La única advertencia que expresó el funcionario estuvo vinculada a la relación comercial: “En lo económico vemos con mucha preocupación la situación porque el impacto sobre nuestra industria, nuestros productos, nuestro comercio es importante”.

Peña relató que el gobierno argentino estuvo en “contacto permanente con las autoridades brasileñas en estos días, que son tensos tanto en lo político como en lo económico, y siempre se ha mantenido una línea en acuerdo con ellos, que es de respeto al proceso institucional”.

“Hay instituciones democráticas que están en funcionamiento”, destacó y si bien reconoció que algunos pueden no estar de acuerdo con la votación que aprobó el juicio político a Rousseff.

A diferencia de las reiteradas críticas del macrismo a la política interna de otros países de latinoamericanos como Venezuela, el jefe de ministros sostuvo que el rol del gobierno “no es opinar sino respetar la soberanía de Brasil”. En declaraciones a la Televisión Pública, el Peña reflexionó que “Brasil es nuestro vecino, nuestro hermano, nuestro principal aliado estratégico en lo político, en lo económico, en lo cultural, con lo cual todo lo que pasa allí para nosotros tiene una trascendencia muy importante”.

Otros socios integrantes de la alianza oficialista como el radicalismo evitaron hacer declaraciones por el momento. En la legislatura porteña, el kirchnerismo impulsó una manifestación de preocupación, que fue rechazada precisamente porque, según el macrista Juan Pablo Arenaza, lo que ocurre en Brasil “está dentro del marco de la legalidad y no hay ningún golpe de estado”.