Syriza y sus aliados nacionalistas de derecha, el partido Griegos Independientes (Anel), aprobaron ayer en el Parlamento un paquete de medidas de ajuste que busca cumplir con las expectativas de los acreedores internacionales para continuar recibiendo ayuda financiera. El debate parlamentario se realizó en medio del segundo día de huelga de los trabajadores del subte de Atenas y de una única jornada de protestas y paro de los gremios que controlan los servicios de colectivos y trenes interurbanos. Además, al menos 11.000 personas volvieron a llenar la plaza ateniense de Syntagma, frente al Parlamento, para protestar contra el nuevo ajuste.

La ley escoba supondrá un aumento de impuestos indirectos, incluido el IVA, con los que el Ejecutivo espera recaudar 1.800 millones de euros al año. El paquete también libera la venta de créditos morosos a fondos de inversión, configura el mecanismo de recorte automático del presupuesto en caso de que el gobierno no cumpla con los objetivos de superávit acordados con los acreedores y establece un nuevo fondo de privatizaciones.

Finalmente, la ley incluye un congelamiento de los salarios de los funcionarios públicos en “régimen especial”, es decir, de jueces, personal militar o policías, durante un plazo de dos años. Con esta última medida, el gobierno griego espera ahorrar hasta 118 millones de euros por año. “Hoy se cierra un período difícil para el país y damos el primer paso para salir de la crisis, un período que también tendrá sus dificultades”, concluyó el primer ministro Alexis Tsipras tras ganar la votación en el Parlamento.

“Los socios europeos reciben el mensaje de que Grecia respeta sus compromisos, ahora ellos deben demostrar que respetan los suyos”, agregó. El gobierno heleno confía en que el aumento de la recaudación previsto en la ley, sumado a los 3.600 millones anuales que se garantizó con recortes y subas de impuestos aprobados hace sólo dos semanas, ayuden a convencer mañana al Eurogrupo –foro que reúne a los ministros de Economía y Finanzas de la Zona Euro– para aprobar la primera revisión del tercer rescate y transferir la primera partida de ayuda. Además, Atenas espera que en la reunión de mañana el Eurogrupo acepte su pedido de iniciar un plan de alivio sustancial para la enorme deuda que pesa sobre el país del sur europeo.

En este sentido, los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona acordaron el 9 de mayo, un día después de que Grecia aprobara el enésimo ajuste en medio de protestas, que iban a examinar en la próxima reunión del Eurogrupo medidas para aliviar la deuda del país heleno. Durante una reunión extraordinaria en Bruselas, los ministros trataron de convencer al Fondo Monetario Internacional (FMI) para que participase finalmente en el tercer rescate a Grecia con un alivio de la deuda griega a corto, medio y largo plazo, y con medidas de contingencia más equilibradas.

El objetivo de los ministros fue presionar por un lado a Grecia, que reclamó una declaración clara a favor de un alivio de la deuda helena, y por otra parte al FMI, que les exigió actuar si querían mantener el objetivo de superávit primario en el 3,5 por ciento del PIB griego para 2018. El Fondo consideró ese objetivo inviable y contraproducente y que, en caso de lograrse, señaló que sería con recortes de gastos discrecionales y puntuales y con aumento de los impuestos.

Desde 2010, Grecia recibió más de 300.000 millones de euros de ayuda financiera de sus acreedores internacionales de la eurozona, el FMI y el Banco Central Europeo (BCE); a cambio aplicó un duro ajuste que incluyó el despido de miles de estatales, subas de impuestos y recortes de todo tipo.

A comienzos de 2015, Syriza, con Tsipras a la cabeza, fue electo para poner fin a ese ajuste feroz. Sin embargo, después de ocho meses iniciales de confrontación y mucha tensión política, el primer ministro cedió a los reclamos de los acreedores internacionales, continuó y profundizó el ajuste, rompiendo con amplios sectores de su base electoral, como los sindicatos.