El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció ayer la instauración del estado de emergencia durante tres meses en Turquía, tras un intento de golpe de Estado el viernes pasado. El mandatario admitió que los golpistas podrían tener más planes.

“Nuestro consejo de ministros decidió instaurar el estado de emergencia durante tres meses. Esto era necesario para erraladicar rápidamente todos los elementos de la organización terrorista implicada en el intento de golpe de Estado’’, anunció el presidente en rueda de prensa. “El intento de golpe puede que no haya terminado en Turquía”, advirtió Erdogan, cinco días después que un grupo de militares rebeldes intentara derrocar su régimen. Además, denunció sin citarlos que otros países podrían estar implicados.

“Esta medida no es en absoluto contra la democracia, el estado de derecho y la libertad. Por el contrario, tiene el propósito de fortalecer y proteger esos valores”, aseguró Erdogan en un mensaje a la nación, después de reunirse con el Consejo Nacional de Seguridad y con el pleno de su gabinete. Entre las prerrogativas que obtiene el gobierno con el estado de emergencia se destacan el establecimiento de toques de queda, las detenciones arbitrarias, el despliegue de militares en ropa de fajina por las calles, la limitación del derecho de reunión y la prohibición de libros y otras expresiones artísticas.

El presidente turco aseguró ayer que un total de 10.937 personas han sido arrestadas en Turquía, en una entrevista de la televisión árabe Al Yazira en la que analizó el fallido intento de golpe de Estado, tras el cual han sido apresados más de 6000 militares y un centenar de policías, numerosos jueces y fiscales. El mandatario aseguró también que los dos pilotos que derribaron un cazabombardero ruso en la frontera turco-siria hace siete meses están detenidos y la Justicia los está investigando por su supuesta pertenencia a la organización terrorista del clérigo turco Fetullah Gülen, exiliado en Estados Unidos.

Preguntado por la posibilidad de reintroducir la pena de muerte en Turquía, abolida desde 2004, Erdogan aseguró que si el Parlamento turco respalda esa decisión, no dudará en firmar esa norma de forma inmediata. “Esta decisión no está en mi mano, sino que tiene que tomarla el Parlamento, después del llamamiento del pueblo, que desea que haya pena de muerte para los golpistas”, remarcó el presidente.

Las medidas adoptadas por Erdogan y la posibilidad de restaurar la pena de muerte han alarmado a la comunidad internacional y varios gobiernos e instituciones han urgido a Turquía a mantener el respeto de la legalidad y la defensa de los derechos humanos. “Todas las medidas que estamos tomando son legales y no vamos a violar nunca el estado de derecho, pero al mismo tiempo no vamos a dejar de cumplir con el deber que tenemos de cara al país”, declaró Erdogan. Asimismo, aseguró que la OTAN le expresó su apoyo en estos días y ha confirmado que Turquía pidió la extradición de Gülen a Estados Unidos.

Hasta el momento, Ankara suspendió de su empleo a unas 55 mil personas, desde maestros y arquitectos a jueces, policías y funcionarios de distintos departamentos, acusados de ser seguidores de Gülen, el cual negó cualquier implicación en la asonada. A su vez, la Junta de Comunicaciones y Telecomunicaciones, el órgano que vigila Internet en la nación turca, confirmó que había adoptado una medida administrativa contra la web de filtraciones Wikileaks, aunque no brindó explicaciones sobre los motivos. El bloqueo de la plataforma sucedió después de que ésta publicase casi 300 mil correos electrónicos del gubernamental Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP). Por el momento no ha habido grandes revelaciones a partir de esos e-mails, que datan de hasta 2010. WikiLeaks asegura que los archivos no fueron proporcionados por los golpistas y niega estar de parte de la intentona militar.

Por otro lado, el Consejo Superior de Educación turco prohibió ayer al personal de las universidades salir del país. La prohibición va más allá del veto genérico de viajar al extranjero impuesto el lunes a todos los funcionarios: la carta del Consejo, más conocido como YOK, exige a los trabajadores de las universidades que estén de vacaciones regresar a sus puestos de trabajo y extiende la prohibición hasta los rectores de todas las universidades del país. Incluso los profesores universitarios turcos que trabajan en universidades extranjeras por acuerdos internacionales deben regresar a Turquía lo antes posible, insiste la carta del YOK, difundida por la televisión pública TRT.

Estas medidas se añaden a la exigencia del Consejo, difundida el martes, por las que todos los decanos de las facultades, un total de 1577 académicos, tanto en las universidades públicas como en las privadas, deben dimitir de su cargo. Además, el YOK exige a los rectores investigar a todo el personal de las universidades para determinar posibles vínculos con la red de Gülen.

Asimismo, la Policía prohibió la publicación de una edición especial de la revista satírica turca Leman en la que se hace referencia al fallido golpe de Estado. “A nuestros lectores: se ha impedido la distribución de la revista Leman mediante notificación policial a la imprenta”, señalaron los responsables de la publicación en un mensaje de la red social Twitter.

Erdogan adelantó el lunes que el gobierno se estaba preparando para una decisión importante. La prensa local especuló con que Ankara planeaba decretar una ley marcial en todo el país y anunciar medidas en contra de los seguidores de Gülen. “La preocupación es que Erdogan va a usar este proceso para atacar aún más a sus adversarios y consolidar su poder de forma más eficaz”, escribió Serkan Demirtas, columnista del diario Hürriyet Daily News.