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La Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) pidió a la Secretaría de Gobernación (Segob) de México la puesta en marcha de un sistema de seguridad luego de que dos presidentes municipales fueran asesinados el fin de semana, en el marco de extrema violencia que vive el país y que desgasta la imagen del presidente Enrique Peña Nieto. “La ANAC exige a las autoridades competentes el esclarecimiento de lo ocurrido y solicita que la Secretaría de Gobernación elabore y ejecute un protocolo de seguridad para alcaldes y funcionarios de los tres órdenes de gobierno”, explicó la entidad en un boletín.

El organismo, que agrupa 419 alcaldes, exhortó a la Segob a poner más protección, “sobre todo en los territorios considerados focos rojos por la delincuencia y la inseguridad, como el caso de Tierra Caliente”. Esta región mexicana se ubica entre los estados de Michoacán y Guerrero, se encuentra en manos del cártel de Los Caballeros Templarios y es conocida por ser una zona de cultivo de amapola, la planta con la que se produce la heroína.

En el boletín dado a conocer ayer, el organismo lamentó profundamente el fallecimiento de Ambrosio Soto, presidente municipal de Pungarabato, en Guerrero, que luego de denunciar amenazas del crimen organizado fue asesinado por hombres armados en la noche del sábado, junto a su chofer, en una emboscada. La Segob informó que como saldo del ataque dos policías federales, que escoltaban al presidente municipal, resultaron heridos, y detalló que la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), a través de la Policía Federal, envió desde el 20 de noviembre de 2015 cuarenta agentes para fortalecer la seguridad del municipio. “Cuatro de ellos fueron destinados exclusivamente como escoltas del presidente municipal”, señaló el organismo.

Asimismo, la secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), María de los Angeles Fromow, señaló que es necesario que estados y municipios asuman su responsabilidad en materia de atención a las víctimas. Este crimen se suma al homicidio por parte de civiles armados del alcalde y el síndico del municipio indígena de San Juan Chamula del suroriental estado de Chiapas, junto a otras tres personas en la mañana del sábado.

El hecho tuvo lugar durante una manifestación, aparentemente, luego de que el alcalde de la ciudad no entregara una serie de recursos públicos a los representantes comunitarios del pueblo. La violencia extrema en México se incrementó de manera notoria en los últimos meses con episodios aberrantes que por lo general quedan impunes o son ocultados con investigaciones que suelen ser cuanto menos irregulares, y frecuentemente se ven enturbiados por una abusiva represión policial, escenario que suele despertar las críticas de las organizaciones nacionales y también internacionales de derechos humanos.

Esta situación provocó el deterioro de la imagen y aprobación popular del mandatario Peña Nieto, cuyo gobierno fue incapaz de resolver dos casos emblemáticos de violencia institucional, como el de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, hace más de dos años, y la reciente muerte de al menos ocho manifestantes durante una protesta por la reforma educativa, que registró un brutal accionar de las fuerzas de seguridad. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 20.525 homicidios fueron reportados en México en 2015. La cifra divulgada es levemente superior a los 20.010 asesinatos reportados en 2014.