El ministro de Energía, Juan José Aranguren, firmó ayer la resolución que convoca a presentar ofertas para la generación de 1000 megavatios (Mw) de energía renovable. Las empresas tienen tiempo hasta el 5 de septiembre para participar, la adjudicación de los proyectos se realizará en octubre y en noviembre se firmarían los contratos. Los ganadores tendrán dos años como máximo para empezar a aportar la nueva energía al sistema, aunque se fijará un incentivo de precios para quienes lo hagan antes de esa fecha. En el Gobierno afirman que la potencia instalada de renovables representa el 1,9 por ciento de la matriz energética y la ley 27.191 sancionada en septiembre estableció como objetivo llegar al 8 por ciento antes del 31 de diciembre de 2017. En los últimos años, ya hubo iniciativas destinadas a ampliar la oferta renovable y, si bien se concretaron varios emprendimientos, las dificultades para acceder al financiamiento impidieron un mayor despegue de la actividad. En esta ocasión, el Estado comprometió 4700 millones de dólares entre incentivos y garantías para evitar el fracaso de la licitación. Unos 1700 millones de dólares se otorgarán en concepto de beneficios fiscales y además el viernes el presidente Mauricio Macri autorizó por decreto al Ministerio de Hacienda a emitir hasta 3000 millones de dólares en Letras del Tesoro que se entregarán en garantía al Fondo para el Desarrollo de las Energías Renovables (Foder), el cual deberá responder ante los privados frente a cualquier incumplimiento en el pago de la energía por parte de la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa).

De los 1000 Mw que se buscan sumar con esta licitación, 600 serán de energía eólica, 300 de solar, 65 de biomasa (material orgánico), 20 de pequeñas hidroeléctricas (hasta 50 Mw de potencia) y 15 Mw de biogas. Tanto la energía eólica como la solar, que concentran el 90 por ciento de la oferta licitada, no son consideradas una alternativa de base por la inestabilidad que presentan y la imposibilidad de ser acumuladas, pero constituyen un aporte complementario no contaminante.

En caso de concretarse, esta oferta elevará el porcentaje de renovables al 4,5 por ciento del consumo de la energía eléctrica nacional y el objetivo oficial es que se complemente con licitaciones similares hasta llegar al 8 por ciento previsto en la ley. En diálogo con periodistas, el subsecretario de Energías Renovables, Sebastián Kind, aseguró ayer que las obras para sumar los 1000 Mw demandarán una inversión de entre 1500 y 1800 millones de dólares y podrían generar unos 8 mil puestos de trabajo directos e indirectos. Además, aclaró que tendrán beneficios fiscales quienes incorporen un mayor porcentaje de componentes nacionales.

La expectativa del gobierno es que el precio de la nueva energía renovable no supere los 100 dólares por Mwh, para lo cual serán claves el plazo del contrato firmado y las garantías que le reduzcan el riesgo al inversor. En los últimos años, los desarrolladores que buscaban invertir en renovables aseguraban que los 15 años de contrato que ofrecía el Estado para la provisión de la energía no eran un plazo suficiente para garantizar la devolución del crédito al banco y obtener una ganancia razonable por la inversión. Además, agregaban que el contrato con Cammesa no constituía suficiente garantía.

Para mejorar los incentivos, los contratos de abastecimiento previstos en esta licitación, denominada Ronda 1 del programa RenovAr, serán por 20 años, aunque el decreto 882/16 publicado el viernes prevé que estos contratos puedan tener un máximo de hasta 30 años. Además, se mejoró el sistema de garantías incorporando tres niveles dentro del programa. El primer nivel es una garantía de pago de la energía a partir de una cuenta que administra el Foder. “Ese fondo tiene una partida presupuesta del Ministerio de Energía de 6000 millones de pesos en 2016 y sirve ante el eventual incumplimiento del comprador, que es Cammesa”, señaló Sebastián Kind a Página/12. Si ese primer nivel no es suficiente, el Foder también tendrá Letras del Tesoro en garantía por 3000 millones de dólares. Es decir, si hay un problema con el comprador de la energía y el primer nivel de garantía no alcanza, el generador puede pedir que se cambien las Letras del Tesoro para que se le pague el valor de los bienes no amortizados. Por último, si esas Letras del Tesoro, por la razón que fuese, no se pueden materializar en dinero, el generador tendrá eventualmente el derecho de reclamarle el pago al Banco Mundial, siempre que haya aceptado tomar la garantía de ese organismo que pondrá a disposición el gobierno nacional.

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