La fascinación política del macrismo por el control de las redes sociales se extiende a todo el gobierno de Cambiemos. Ayer se publicó en el Boletín Oficial el convenio por el cual la Secretaría de Comunicación Pública, que depende del jefe de Gabinete, Marcos Peña, pasará a contar con la base de datos personales de la Anses para publicitar las medidas de gobierno, lo que desató las críticas de todo el arco opositor. “Es una barbaridad, es Orwell 1984”, dijo el jefe del bloque de diputados del FpV, Héctor Recalde –en referencia a la novela que detalla el control social a través del Gran Hermano– y adelantó que buscarán “realizar una cadena de amparos para que la Justicia frene el convenio y la utilización de datos sensibles porque se trata de una vulneración a la intimidad de las personas”. “Voy a hacer una presentación judicial. Viola el derecho de habeas data”, sumó la jefa del bloque de diputados massistas Graciela Camaño.

“Se debe priorizar la privacidad, porque el límite difuso entre el hostigamiento y la penetración en temas partidarios es peligroso”, aseguró la diputada socialista Alicia Ciciliani. “Me parece que deben ser datos protegidos, sólo usados por el Estado para fines de políticas de carácter social”, sostuvo Victoria Donda, de Libres del Sur. “Rechazamos que el Estado se apropie de los datos de las personas. Atenta contra las libertades democráticas e institucionales”, sentenció la diputada del PTS-FIT, Myriam Bregman.

“La Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, mediante sus unidades orgánicas, debe mantener informada a la población a través de diversas modalidades, que incluyen desde las redes sociales y otros medios de comunicación electrónicos, hasta el llamado telefónico o la conversación persona a persona, de forma de lograr con los ciudadanos un contacto individual e instantáneo”, dice la Resolución 166 publicada ayer y que da a conocer el convenio a través del cual la Anses pasará al ministerio que conduce Peña su base de datos con nombres y apellidos, domicilios, teléfonos y email de todos los registrados en la seguridad social.

“Resulta esencial para el Estado Nacional la identificación, evaluación y análisis de problemáticas o temáticas de interés en cada localidad del país, así como la comprensión y detección de variables sociales y culturales que permitan incorporar la diversidad federal en la comunicación pública”, dice la resolución en sus fundamentos.

Quien pasará a manejar toda la base de datos de la seguridad social, el secretario de Comunicación Pública, a Jorge Grecco, justificó la decisión: “es mantener informada a la población a través de diversas modalidades, que incluyen desde las redes sociales y otros medios de comunicación electrónicos, hasta el llamado telefónico o la conversación persona a persona, de forma de lograr con los ciudadanos un contacto individual e instantáneo”, consideró.

Atrás quedaron los tiempos en que entonces diputada macrista y actual titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, posteó y se preguntaba en su cuenta de Twitter que “sigo esperando que (Florencio) Randazzo me conteste para que quieren el e-mail y el celular cuando se tramita el DNI y el pasaporte. ¿Usarán estos datos personales para la campaña”.

Los cuestionamientos a la decisión oficial también se hicieron públicos. “Es entrometerse en la intimidad de las personas, haciéndose de datos sensibles. Es otra medida hegemónica de un gobierno ajeno a los principios republicanos”, afirmó Recalde a Página/12. “Con la cadena nacional, al menos, el que no quería escuchar tenía la posibilidad de pagar la televisión. Ahora se meten directamente en nuestra vidas y nuestra intimidad”, agregó el diputado, que no dudó en asociar la medida del Gobierno con el Gran Hermano. Luego, Recalde apostó por “organizar una cadena de amparo para frenar el convenio en la Justicia”.

Para el diputado del FpV y dirigente de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, “es una amenaza clara y concreta a los derechos de los ciudadanos” y recordó que la ley 25326 de Protección de Datos de las Personas prohíbe expresamente la difusión de datos sensibles de los ciudadanos, dicho de otra forma, datos que permitan individualizar a alguien en concreto”.

Desde el massismo también esgrimieron argumentos similares contra la decisión del macrismo. “Está prohibido. Claramente viola la ley 25326 y el artículo 43 de la Constitución Nacional, que en el párrafo 3 establece el derecho a los datos personales”, sostuvo Camaño. La jefa del bloque del Frente Renovador anunció que “voy a hacer una presentación judicial. Viola el derecho de habeas data”.

“Esto forma parte de la cadena nacional del gobierno de Mauricio Macri que prioriza la comunicación vía redes sociales, lo vimos en la campaña y en estos seis meses de gobierno”, afirmó Ciciliani al tiempo que consideró “peligrosa” la decisión y sostuvo que “tenemos que tomar todos los recaudos para cuidar la privacidad de la gente”. “Que el gobierno lo use para políticas de publicidad de comunicación está mal, si encima tiene otra intención que puede ser como persecución interna, me parece peor y justifica otro tipo de intervención”, advirtió Donda.

“El Gobierno hace campañas por las redes sociales contra personalidades públicas con cuentas falsas. Quieren hacer como Google o Facebook que se apropian de los datos de las personas. Para campañas comunicacionales no necesitan esos datos”, sumó la trotskista Bregman.

La decisión del Gobierno se suma a la polémica que desató hace una semana atrás la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, al lanzar una licitación privada para formar un “observatorio analítico actualizado en tiempo real, sobre problemáticas de la educación, expresadas por los distintos actores de la comunidad educativa a través de las redes sociales”. Desde la dirección General de Escuelas provincial dijeron a Página/12 que el objetivo era “detectar un alerta temprano” y “solucionar” problemáticas educativas que se expresan a través de las redes sociales, donde –aseguran– “los docentes son muy activos y lo utilizan como vía de reclamo”. Desde Suteba denunciaron que se trata de “un sistema de espionaje sobre docentes y estudiantes” y el secretario general del gremio, Roberto Baradel, dijo a este diario que harán un pedido de informes a la Legislatura provincial y que incluso podrían recurrir a la Justicia si no obtienen respuesta.