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En su edición del pasado domingo, el diario La Nación lleva como título principal “Avanza un plan para reabrir la denuncia de Nisman contra Cristina” y en la página dedicada a desarrollar el tema, una nota firmada por Hernán Cappiello, periodista de ese medio, afirma textualmente: “Cristina Kirchner hasta ahora está siendo investigada por corrupción pero si prospera la iniciativa de la DAIA y un sector de la justicia quedará también acusada por proteger al fundamentalismo islámico por cuestiones ideológicas” y añade: “Una cosa es ser vista (por Cristina) a los ojos del mundo como un ex presidente latinoamericana acusada por malversación de caudales públicos, casi un lugar común en el continente, y una muy distinta como cómplice de países que fomentan el terrorismo alrededor del mundo”.

El pasado 18 de enero, es decir poco más de seis meses atrás, en una nota que escribí para Página/12, titulada “Cómo llegó al suicidio Nisman” afirmé textualmente. “Los que indujeron el suicidio de Nisman, a un año de su muerte, quieren utilizarlo ahora para una espúrea maniobra de desprestigio político, que, según ellos ahora debería recaer sobre la ex presidenta de la Nación que, según entienden, no alcanzan a producirle las denuncias de supuesta corrupción”.

Lo mío fue ¿una premonición? ¿Una intuición? ¿Una adivinanza? Nada de eso. Fue información. Efectivamente, hace ya varios meses, un entramado de fiscales, agentes de servicios extranjeros y locales y medios hegemónicos vienen conspirando para elevar la escalada de persecución política contra Cristina Fernández de Kirchner. El razonamiento es sencillo: precisamente, sostienen que las causas sobre supuestos delitos de corrupción no alcanzan para sacarla del terreno político y que hay que colocarla en el papel, no sólo de supuesta complicidad con el terrorismo sino, lo que es peor aún, desde ese lugar, en el rol de instigadora de la muerte del ex fiscal Alberto Nisman.

El ejemplo que este grupo mafioso utiliza para justificar esta operación es el caso de Dilma Rousseff. Según ellos, a pesar de las acusaciones de corrupción contra la presidenta de Brasil, y aún a pesar de haber logrado su desplazamiento del gobierno, lo que no obtuvieron fue quitarla de la escena nacional e internacional. Y no quieren repetir esa frustrada intentona con Cristina Kirchner. Por eso en las reuniones conspirativas, donde han diseñado esta estrategia sostienen que esta causa que pretenden inventar es la “bala de plata” contra la ex Presidenta.

En el despliegue informativo de la edición dominical de La Nación también se incluye una extensa nota del fiscal Germán Moldes que, en un mar de desatinos y siguiendo la letra del gobierno derechista de Benjamín Netanyahu embiste contra la administración de Barack Obama, afirmando que: “después de haber sellado la paz con los EEUU, existe en el mundo una peligrosa condescendencia con el régimen de los ayatollahs”. Y en su furia contra la ex presidenta, que lo inhabilita para participar de cualquier expediente judicial que la involucre por su manifiesta parcialidad, no puede ocultar su verdadera intencionalidad cuando dice que la tramitación de la denuncia de Nisman “nos permitiría aproximarnos a la identidad de los responsables mediatos, de los autores intelectuales de su muerte, así como los entretelones de esa oscura trama que justificaba cualquier extremo con tal de impedir que el asunto, el memorandum con Irán, se ventilara, incluso, un crimen”. Que un fiscal federal sostenga la existencia de un delito que, no sólo no ha sido probado en el expediente judicial sino, por el contrario, ha sido descalificado en distintas instancias es de una gravedad inusitada, sólo explicable en la necedad o en la pertenencia a un grupo de tareas que pretende fabricar una causa con fines persecutorios.

Efectivamente, lo que sí hay que investigar es si existe ese grupo de tareas y si del mismo participan activamente además del fiscal Moldes, el fiscal Gerardo Pollicita y el fiscal de la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz, el rol que le cabe en ese entramado al ex agente de inteligencia Jaime Stiuso, quien hace unos días atrás estuvo en el país promoviendo diversas operaciones (entre ellas impulsar la denuncia de Ibar Perez Corradi contra el ex senador Ernesto Sánz) y si en esos días tomó contacto con alguno de los fiscales mencionados. Tampoco puede soslayarse el papel del señor Ariel Cohen Sabban que, según el mencionado artículo del diario La Nación, participaría de esta persecución judicial, acordada con los fiscales para reabrir el caso.

Una exhaustiva investigación es fácil de realizar rastreando las conexiones telefónicas de los involucrados y, en algunos casos, sus extensos viajes al exterior. Podría traer para los sospechosos la ingrata sorpresa de que el artículo 214 del Código Penal, que califica el delito de traición a la Patria, está más cerca de comprenderlos a ellos que a la ex Presidenta de la Nación.

* Movimiento Nacional Alfonsinista (MNA).