Dice que la incorporación del Ejército de Liberación Nacional a la fase pública de negociación con el gobierno reactiva un proceso más conjunto de un acuerdo de paz que debe ser global y que no puede incluir a una guerrilla sí y a otra no. Invitado por el Centro de Estudios Legales y Sociales y de paso por Buenos Aires para compartir su experiencia como miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para participar en el caso Ayotzinapa, Carlos Martín Beristain, médico de trayectoria en el trabajo con víctimas del conflicto armado colombiano, conversó con Página/12 sobre el diálogo que el gobierno de Juan Manuel Santos mantiene con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y su acercamiento con el ELN.

En los últimos veinticinco años, su labor como médico doctorado en psicología lo llevó a a Perú, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Argentina, México y a geografías tan distantes como el País Vasco, los Balcanes o el Sahara Occidental para acompañar a víctimas de violaciones a los derechos humanos, documentar casos y asesorar a Comisiones de la Verdad. A Colombia llegó, en 1994, con el aprendizaje recogido en Centroamérica. En aquellos años, recuerda Beristain, las comunidades afectadas por el conflicto interno carecían de espacio social o reconocimiento y el miedo era enorme. Empezó a colaborar con organizaciones de derechos humanos, la iglesia católica, acompañó a defensores de derechos humanos y a familiares de víctimas aplicando la experiencia de la dimensión de lo psicológico y lo social desde la perspectiva de visibilizar a las víctimas, pero también de fortalecer los lazos comunitarios para enfrentar las consecuencias de esa violencia.

A diferencia de Guatemala o El Salvador, donde la dimensión de la disputa entre guerrillas y gobierno estuvo más clara, Colombia –observa el especialista vasco– representa un conflicto complejo. “Hay que entender el impacto del narcotráfico, de las diferentes guerrillas, de los grupos paramilitares, la acción del Estado: hay un montón de factores de violencia y dinámicas de la violencia que son diferentes de conflictos como los centroamericanos y que exigen mucha capacidad de análisis y trabajo directo con las víctimas en contextos más precarios. Es un conflicto más deteriorado por años de guerra en los que la población civil se ha convertido en un objetivo fundamental de la violencia como forma de ganar control sobre la guerra y sobre el tejido social”.

–Hay una reivindicación general de una agenda de verdad, justicia y reparación. Si algo ha mostrado el caso colombiano, a diferencia de otros conflictos en los que las víctimas quedan en un segundo plano respecto de un acuerdo de paz, es que en la negociación con las Farc hubo un proceso de movilización de las víctimas. Es la primera vez que se hace ese ejercicio en un proceso de negociación de un conflicto armado.

–Salvo la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, a mediados de los 90 las víctimas no tenían un protagonismo público. Había mucho terror. Paradójicamente, la Ley de Justicia y Paz, una reglamentación para la desmovilización de los paramilitares, puso en marcha las audiencias libres en las cuales llegaba el perpetrador a contar el crimen que había cometido, ante jueces y fiscales, como una forma de obtener una reducción de la pena. Era una ley para los perpetradores, las víctimas estaban ausentes. Pero las víctimas empezaron a presentarse en esas audiencias libres para escuchar la versión de los victimarios. Aunque algunas víctimas fueron asesinadas por presentarse a esas audiencias, la organización fue creciendo. Tuvo que crearse una Ley de Víctimas antes de que hubiera un acuerdo de paz. El caso colombiano empezó primero con una ley para los paramilitares parcial, con una ley de víctimas pero sin una investigación profunda sobre la verdad, aunque hubo un centro de memoria histórica que hizo investigaciones importantes, pero sin un acuerdo de paz firmado con el ELN. Eso lo convierte en un proceso más fragmentado y múltiple.

–Las negociaciones de La Habana se llevaron a cabo sin un proceso pedagógico frente a la sociedad. Cuando se hicieron públicos los avances del diálogo, hace tres años, había una distancia enorme respecto al discurso social en Colombia, donde dominaba un discurso antiterrorista implantado por la visión de los dos gobiernos de (Alvaro) Uribe, y de repente apareció (Juan Manuel) Santos, que había sido ministro de Uribe, haciendo un proceso de negociación en La Habana. Por otra parte, hay gente que no quiere que el proceso de paz salga adelante, que utiliza los pánicos morales, señala que no se puede negociar con el terrorismo, sólo mira hacia un lado del conflicto, hacia la guerrilla, como si fuera el único problema.

–Influyó el hecho de que, durante la fase de negociación, en lugar de haber llegado a una etapa de distensión previa, la negociación se siguió en un contexto de guerra, entonces la gente no percibió el beneficio del proceso. El presidente Uribe y los sectores cercanos a él han utilizado a la polarización social como un elemento de control sobre el tejido social, con mensajes selectivos, de eslogan, que se apuntan fácilmente pero que no te ayudan a entender la realidad, del tipo “dialogar con la guerrilla es traicionar a las víctimas”.

–Hay una Colombia a la que no le afecta la guerra, la Colombia de Bogotá o Medellín, y hay una Colombia que sufre la guerra, la Colombia afrodescendiente, campesina, indígena. Si tu miras el mapa del voto en el plebiscito, las regiones más golpeadas por la violencia, han sido las que han votado más por el sí que las regiones que han tenido menos impacto de la violencia, especialmente de clase media y niveles urbanos. Superar la indolencia es un elemento clave para la transformación, no para seguir viviendo en mi mundo, separado del otro.