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Uno de los jefes del juego clandestino en Brasil, Carlos Ramos, alias “Carlinhos Cachoeira”, complicó la situación del ex asesor de Asuntos Parlamentarios del gobierno brasileño, Waldomiro Diniz, al acusarlo ante la Policía Federal de extorsión. Por otra parte, hubo protestas en San Pablo por el cierre de los bingos decretado por Lula a raíz de ese caso.
Según su abogado Ricardo Sayeg, Ramos declaró que Diniz le exigió aportes para la campaña electoral de varios candidatos del Partido de los Trabajadores (PT) antes de los comicios generales de octubre de 2002. Cachoeira afirmó que Diniz, quien en aquella época era presidente de la lotería provincial de Río de Janeiro, le pidió una coima equivalente al uno por ciento de un contrato que estaban negociando.
La difusión de distintas pruebas que demuestran la conexión de Diniz con jefes del juego clandestino provocó en febrero la primera crisis del gobierno de Lula de Silva. Para el gobierno la situación es complicada, ya que Diniz fue durante 13 meses el asesor más influyente del ministro-jefe del gabinete de la Presidencia, José Dirceu, a su vez uno de los dirigentes más poderosos del PT.
Las investigaciones de la Policía Federal se iniciaron por orden del propio presidente Lula, que además exoneró a Diniz pocas horas después de que se divulgaran las acusaciones en su contra.
En rechazo a la medida tomada por el gobierno de cerrar los bingos, cerca de 30.000 empleados de casas de bingo –según la policía– protestaron en la jornada de ayer en el centro de San Pablo. El cierre de esos establecimientos fue decretado el 21 de febrero pasado por Lula. Los manifestantes, movilizados por la central gremial Fuerza Sindical –la segunda más importante del país–, reclamaron la reapertura inmediata de las 1100 casas de bingo que emplean directamente unas 120.000 personas en todo el país.