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Un preso de la cárcel de Batán sacó de entre sus ropas un cuchillo y lo entregó a uno de los jueces de un tribunal marplatense que recorría el penal, el viernes último. El interno sostuvo que el cuchillo le fue entregado por personal del Servicio Penitenciario Bonaerense para que acuchillara a otro preso. La denuncia derivó en el allanamiento de la cárcel, el domingo pasado. En los primeros 45 días del año, en Batán fueron asesinados tres detenidos. Según el SPB, los presos tienen conducta incontrolable. Ahora la Justicia investiga si en realidad fueron asesinatos por encargo penitenciario.
Como lo sugiere su nombre, Batán es un penal que hace ruido: a fines de noviembre pasado, Página/12 informó sobre la investigación que lleva el fiscal marplatense Pablo Moyano sobre el desvío de toneladas de carne destinadas como alimento para los internos y que terminaba en las parrillas de los jefes en sus quintas de fin de semana, o en sus bolsillos mediante la venta en negro a frigoríficos. Este diario demostró que el desvío de carne es un negocio extendido en prácticamente todas las unidades penales bonaerenses.
En la primera quincena de febrero, este diario anticipó en forma exclusiva que las principales autoridades del penal marplatense habían sido removidas de sus puestos por serias irregularidades: durante los primeros 45 días del año habían sido asesinados tres internos. Como es habitual en los informes penitenciarios, las tres muertes habían ocurrido durante reyertas entre presos.
“No son niños de pecho. Vienen con una violencia incontrolable”, confesó en esa ocasión un vocero del SPB, intentando explicar los perfiles incorregibles de sus internos. En contradicción con esa lectura de la realidad, se hallaron 872 facas en poder de los presos que hasta ese momento habían pasado inadvertidas. El vocero no supo explicar, en esa ocasión, cómo es que semejante cantidad de facas había llegado a manos de los presos en un penal de mediana seguridad.
El miércoles pasado, el fiscal marplatense Gustavo Fissore recibió las denuncias de cuatro presos: aseguraban que dos de ellos habían sido molidos a golpes por guardias del mismo penal. Dos días más tarde, Fissore debería volver sobre Batán pero por otra causa. El viernes 27 de febrero, durante la mañana, los jueces José Martinelli, Esteban Viñas y Ricardo Favarotto, del Tribunal Oral 1 marplatense, realizaron una visita al penal. La mecánica habitual es conformar uno o más despachos donde los presos con causas en ese tribunal son escuchados por los jueces en forma individual. Poco antes del mediodía ya se había armado una fila numerosa que aguardaba ser atendida. Pero un interno, de apellido Farías, vestido únicamente con ojotas, un short y una camiseta de fútbol, salteando su turno, llegó hasta el escritorio de Favarotto y de entre sus ropas sacó un cuchillo. Colocó el arma sobre el escritorio y alcanzó a decirle al juez: “Esto me lo dieron los del penal para que le pegue un par de puntazos a Jaramillo”. En efecto, el jueves durante la madrugada, Jaramillo había recibido una buena cantidad de golpes y varias cuchilladas.
Favarotto informó del caso a la Suprema Corte bonaerense y al Tribunal de Casación provincial, y presentó la denuncia ante la fiscalía de turno, a cargo de Gustavo Fissore quien, como más arriba se dijo, ya investigaba a Batán por otros hechos. Según revelaron fuentes judiciales, Farías y Jaramillo prestaron declaración y fueron trasladados de unidad.
El sábado y domingo últimos fueron días especiales de visita en Batán: el presidente de Casación, Federico Domínguez; el presidente de la Cámara Penal marplatense, Daniel Laborde; el fiscal general de la misma localidad, Fabián Fernández Garello, y los jueces Viñas y Martinelli llegaron al penal interesados en recibir explicaciones de parte de las autoridades penitenciarias. Las visitas no terminaron ahí: el domingo, Fissore cayó con una comisión policial y una orden judicial en mano paraallanar el penal. Secuestró entre otras pruebas los tapes de seguridad y el libro de guardias.
Un investigador reveló a Página/12 que las sospechas se concentran sobre el personal penitenciario. Y reveló las claves que sostienen la hipótesis: tanto Jaramillo como Farías estaban alojados en el pabellón 5, de máxima seguridad. “Farías no entregó una faca, que es un punzón que arman los presos con alambres y sunchos, sino un cuchillo de fábrica. En un sector de máxima seguridad es impensable que no se lo haya pasado alguien del personal. Tampoco queda claro cómo es que podía haber salteado el registro y llegar hasta un juez con un arma oculta entre un shorcito y una remera.”
Las dudas de los investigadores también se ciernen a partir de la declaración de Jaramillo: el jueves 26 a la madrugada, alguien abrió la puerta de su celda individual para que varios presos lo molieran a golpes y puntazos. “Investigamos cuánto de cierto había en las declaraciones de los dos presos –dijo la misma fuente–. Podía haber sido armado por ellos para ser trasladados. De hecho, los dos fueron sacados de Batán. Pero no parece que hayan tenido tiempo para arreglar nada: Jaramillo fue ingresado al penal cinco horas antes de ser agredido”.
La costumbre del SPB de justificar las muertes de internos con su propia violencia, como una cinta sinfín de Moebius, empieza a mostrar su otra cara: diferentes fuentes judiciales señalaron que los crímenes anteriores ahora son investigados bajo la hipótesis del asesinato por encargo.