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Por primera vez, un tribunal chileno procesó a dos civiles que colaboraron en la detención y fusilamiento de disidentes de la dictadura militar días después del derrocamiento del presidente de ese país, Salvador Allende, en septiembre de 1973. Claudio Oregón y Juan Balcázar fueron procesados junto al carabinero retirado Luis Jara Riquelme por secuestro y homicidio calificado en la localidad de Paine, a 40 kilómetros de Santiago. El fallo de la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Estela Elgarrista, es importante porque involucra a civiles como colaboradores de la comisaría de Paine, cuyos miembros cometieron esos delitos. En este caso han declarado más de mil testigos.
La muerte y desaparición de los campesinos de Paine, la mayoría de los cuales luchaba por la reforma agraria, es una de las causas de derechos humanos más resonante por la cantidad de gente que murió. Los hechos registrados a fines de septiembre y comienzos de octubre de 1973 afectaron a unas 70 personas, entre ellas Andrés Pereira Salsberg, padre de la abogada de derechos humanos del Partido Socialista chileno Pamela Pereira. De esta represión también fueron responsables efectivos del Regimiento de Infantería de San Bernardo.
Cuando la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Estela Elgarrista, se hizo cargo del caso de los disidentes de Paine archivó las dos causas abiertas por dos jueces que habían actuado con anterioridad e inició una nueva, en la que ya han declarado más de mil testigos. Ayer, la jueza notificó a los tres procesados en la causa, Claudio Oregón, Juan Balcázar y Luis Jara Riquelme. “Qué bueno que por fin estas personas vayan a la cárcel, porque los que quedamos vivos hemos sufrido más que los muertos”, afirmó el campesino Alejandro Bustos, uno de los sobrevivientes del fusilamiento, en declaraciones para el diario chileno El Mostrador. Bustos valoró la investigación y las resoluciones dictadas a 30 años. En octubre pasado, comenzó en la citada localidad la construcción del memorial “Paine, un lugar para la memoria”, en recuerdo a los campesinos desaparecidos o ejecutados en esa localidad al sur de Santiago, tras el golpe de Estado.
Por otra parte, la misma jueza que actúa en el caso de Paine amnistió ayer a Víctor Pinto, ex oficial de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el servicio secreto de Augusto Pinochet, por el homicidio calificado de Tomás Fuentes, en septiembre de 1973, en la localidad de San Bernardo. En una sentencia de tres páginas, Elgarrista sostuvo que el decreto de amnistía dictado en 1978 por la junta militar es aplicable a este caso.