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La fiscal general del Estado de Israel recomendará procesar al primer ministro israelí, Ariel Sharon, en un caso de corrupción por aceptar sobornos en un caso con ramificaciones internacionales en el que están implicados sus hijos y miembros del Likud. Sharon está acusado de haberse valido a fines de los ‘90 de su cargo de ministro de Exteriores para ayudar a David Appel a “persuadir” al gobierno de Grecia para que le concediera una autorización para un proyecto turístico en una isla de ese país. A cambio de esa ayuda, uno de los hijos de Sharon, Guilad, habría sido empleado por el empresario con un sueldo ostentosamente desproporcionado para la función que cumplía, en lo que ha sido interpretado como un pago indirecto al actual primer ministro. Pero el caso llama la atención porque se destapa justo cuando el primer ministro, tradicionalmente de la extrema derecha, está dejando de lado a sus antiguos aliados porque quiere abandonar colonias lejanas en Cisjordania y Gaza para construir un muro de seguridad que aísle al territorio israelí de kamikazes palestinos. Es posible que Sharon no sea el más pulcro de los políticos, pero esta decisión judicial también tiene olor a política.