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Por Isabel Ferrer *
Desde La Haya

El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, máximo órgano judicial de Naciones Unidas, aplicó ayer todo el peso del derecho internacional para demoler simbólicamente el muro levantado por Israel en Cisjordania. La barrera, que, según los jueces, “crea una anexión de hecho de territorio palestino”, fue considerada ilegal. El dictamen indica que los tramos que ya están en pie deben ser derruidos y la tierra confiscada devuelta a los palestinos afectados por su trazado. Reconociendo que el conflicto compromete la seguridad mundial, el tribunal instó a todos los Estados a asegurarse de que Israel acate las leyes internacionales. A la ONU le pidió que considerara las acciones a seguir para poner fin a esta situación.
La decisión no es vinculante y el gobierno israelí se apresuró a advertir que no la aceptaba. Sin embargo, y aunque sólo uno de los 15 jueces, el estadounidense Thomas Buergenthal, votó en contra, su peso diplomático es considerable. La Corte estudió el caso del muro a instancias de la Asamblea General de la ONU y ahora espera de la misma, y del Consejo de Seguridad, que haga lo posible por enderezar el acto ilegal cometido por Tel Aviv al construir la barrera. El dictamen, leído por el juez chino Shi Jiunyong, presidente de la CIJ, perdió algo de su impacto al haber filtrado el diario israelí Haaretz el núcleo de las recomendaciones horas antes de la presentación oficial. Pero su relevancia quedó intacta. Titulado “Implicaciones legales de la construcción de la barrera en tierras palestinas ocupadas”, el texto indica desde el principio que la Corte no ve el muro como la única forma de proteger a Israel de los ataques suicidas de terroristas palestinos. Es más, lo considera un “hecho consumado que podría convertirse en permanente y devenir una anexión de tierra palestina”.
Una vez establecido lo inapropiado de la medida adoptada por el gobierno de Ariel Sharon para repeler los atentados, los jueces añadieron que la barrera (una verja metálica en zonas urbanas y un bloque de hormigón de nueve metros de altura a campo abierto) viola la Convención de Ginebra de 1949 para los derechos de civiles en tiempos de guerra. ¿Cómo lo hace? Según la CIJ, privando a los palestinos del derecho al trabajo, asistencia médica, educación y libertad de movimientos. Y sobre todo “impidiéndoles ejercer el derecho a la autodeterminación al aislarlos tras una pared sin justificación militar”. Para despejar cualquier duda sobre su competencia en este caso, refutada por Israel por motivos políticos, y por Estados Unidos y Rusia, entre otros, por temor a que encone aún más el conflicto en Medio Oriente, los jueces apelaron a su propio origen como órgano judicial de la ONU.
Primero rechazaron las críticas de Israel, señalando que el dictamen se eleva a la Asamblea General, que lo solicitó en su día y no a un país o Estado en particular. “La pregunta sobre las consecuencias legales el muro, de la que parte la actuación de la Corte, no puede considerarse un asunto bilateral entre Israel y Palestina. Concierne a Naciones Unidas.”
Luego recordaron a israelíes y palestinos que están obligados a observar el derecho internacional y a proteger las vidas de todos sus ciudadanos. “Ambos han cometido actos ilegales y sólo una resolución del Consejo de Seguridad puede resolver este contencioso”, afirma el dictamen. Al resto de la comunidad internacional le recordaron que está obligada a no reconocer la situación ilegal creada por el muro y a no contribuir a mantenerla por más tiempo. La primera en responder fue la Comisión Europea, pidiendo la destrucción de la parte del muro en suelo palestino.
La lectura del dictamen tuvo lugar en el Palacio de la Paz de La Haya, sede de la CIJ, y no registró incidentes. Ante la explanada abierta frente al edificio, situado en el centro de la ciudad, hubo una pequeña manifestación de partidarios de la causa palestina portando banderas y pancartas pidiendo la demolición del muro y que transcurrió sin incidentes.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.