[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Página/12
en Perú

Desde Lima

A dos semanas de cumplir su tercer año en el poder, el presidente Alejandro Toledo enfrentará hoy la primera huelga nacional convocada durante su convulsionada gestión. Y lo hará desde una precaria situación, con un nivel de aceptación inferior al 10 por ciento. A último momento, Toledo decidió recortar su viaje a Ecuador y regresar al Perú para estar presente durante la que se anuncia como la principal movilización antigubernamental desde las protestas contra el ahora prófugo ex presidente Alberto Fujimori en el año 2000. En aquella ocasión, Toledo estaba del otro lado, encabezando las protestas desde el liderazgo que le daba el gran apoyo popular que por entonces tenía; ahora está en el gobierno, sin respaldo popular, sin liderazgo, y quienes entonces marchaban a su lado hoy vuelven a salir a las calles pero para protestar en su contra. Y Toledo ha respondido acusándolos de violentistas y hasta de terroristas.
La huelga de 24 horas, convocada por la izquierdista Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la principal central sindical del país, ha puesto en jaque al gobierno. El nerviosismo se ha apoderado de Palacio de Gobierno, donde se teme que el éxito de la protesta se convierta en un golpe demasiado duro para un gobierno que hace ya buen tiempo se tambalea. En la medida que aumentaba el apoyo a la huelga –según una última encuesta cerca de un 70 por ciento de la población respalda el paro–, el gobierno lanzaba una campaña de desprestigio contra los organizadores de la protesta. En los últimos días han aparecido en la televisión avisos publicitarios pagados por el gobierno en los que se dice que el terrorismo está detrás de la convocatoria a la huelga antigubernamental. Pero esta campaña parece no haber tenido mayor efecto sobre la población, que mayoritariamente respalda el paro. Y así como el gobierno se ponía cada vez más nervioso, el apoyo que ha ido captando el paro ha hecho que algunos partidos políticos se suban a la protesta a última hora. Ese es el caso del socialdemócrata partido aprista, tradicionalmente enemigo de la CGTP, que en esta oportunidad se ha plegado a la protesta sindical. Los dirigentes de la CGTP han calificado el apoyo del Apra como “oportunista”. El gobierno pasó de la amenaza verbal a los hechos cuando hace dos días anunció que sacará a las Fuerzas Armadas a las calles para reprimir las manifestaciones antigubernamentales. Mario Huamán, presidente de la CGTP, calificó esta decisión como “una medida anticonstitucional que expresa una forma autoritaria de gobernar”. Por su parte, el ex presidente Alan García, líder del Apra, la definió como “una respuesta descarada, absurda y exagerada, propia de una dictadura”. Ayer, el ministro del Interior, Javier Reátegui, quiso ponerle paños fríos a la andanada de críticas por la decisión del gobierno de recurrir a las FF.AA., y ante la prensa extranjera aseguró que “los tanques no saldrán a las calles y los soldados no patrullarán durante el paro; las FF.AA. se limitarán a cuidar la seguridad interna de los locales públicos”. Reátegui aseguró que los 93.000 policías –es decir todos los efectivos que hay en el país– serán los encargados de cuidar el orden durante el paro. “Las FF.AA. no cumplirán una labor represiva sino disuasiva, el gobierno apuesta por la disuasión, pero por una disuasión enérgica”, fue la confusa explicación del ministro para justificar el llamado a los militares. Reátegui insistió en hablar de “infiltración terrorista” en la protesta convocada para hoy miércoles. Sin embargo, no pudo presentar argumentos sólidos que respalden sus acusaciones. El ministro del Interior señaló que “el gobierno califica el terrorismo por hechos, y si hay actos de violencia entonces hay terrorismo”. Peligrosa generalización que amenaza poner ante los tribunales como “terrorista” a cualquiera que en medio de la protesta lance alguna pedrada. En los últimos días, voceros del gobierno ya no solamente han hablado de la supuesta presencia de Sendero Luminoso, sino que han llegado a decir que las FARC colombianas “están financiando a grupos de izquierda para crear caos y violencia”. Pero, en este caso, tampoco han podido presentar elementos que ratifiquen sus acusaciones. Los dirigentes de la CGTP han desmentido enérgicamente las acusaciones de tener vínculos con el “terrorismo” y han comparado estas acusaciones del gobierno de Toledo con “la estrategia de Fujimori de acusar a todos los que protestaban contra su gobierno de terroristas”.
La plataforma de lucha del paro nacional de hoy exige, entre otras cosas, una asamblea constituyente para modificar la actual Constitución dictada por Fujimori y que sigue vigente; el cambio de la política económica neoliberal del gobierno; rechaza las negociaciones para un tratado de libre comercio con Estados Unidos; exige poner fin a las privatizaciones iniciadas por Fujimori y continuadas por Toledo y demanda investigación para los actos de corrupción que involucran a miembros del actual gobierno.