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Antes de disponer las detenciones de represores en la causa por el Plan Cóndor, el juez federal Jorge Urso declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, tal como había solicitado el fiscal federal Miguel Osorio, porque consideró que es un “paso necesario” para avanzar en ese proceso. Ayer se presentaron en su juzgado el general retirado José Rogelio Villareal y Eugenio Perello, y con ellos se completó la lista de militares residentes en Capital que deben rendir cuentas por el operativo de represión conjunta de los gobiernos del Cono Sur durante la dictadura. Estela Carlotto y Julio Strassera elogiaron la decisión judicial que determinó el arresto domiciliario de Albano Harguindeguy y Genaro Díaz Bessone, entre otros. El ministro de Defensa, José Pampuro, y el jefe del Ejército, Roberto Bendini, coincidieron en la necesidad de “acatar las órdenes judiciales”.
El listado abarca a 32 represores, cuatro de ellos residen en el interior y fueron notificados por exhorto, 10 fallecieron y el resto ya cumple prisión preventiva en otras causas por violaciones a los derechos humanos, como Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Bussi.
El general retirado Villareal fue secretario general de la Presidencia durante la presidencia de Jorge Rafael Videla y comandante del V Cuerpo de Ejército. Comparte con Perello la defensa que ejerce el abogado Florencio Varela, quien ayer presentó escritos para tratar de revertir una decisión que ya no tendría vuelta atrás.
“Se recibe como una muy buena noticia y una acción de la Justicia que esperemos tenga sus frutos a corto plazo, ya que hemos esperado tantos años para que estos delincuentes paguen las culpas de este genocidio”, aseveró Estela Carlotto al referirse a las órdenes de arresto dispuestas por Urso. Sin embargo, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo lamentó que “siempre se les conceda a los acusados el inmerecido privilegio de tener cárcel domiciliaria cuando se trata de gente peligrosa”. Por su parte, el ex fiscal Strassera consideró “correcta” la resolución de Urso.
Desde Montevideo, Sara Méndez, sobreviviente del Plan Cóndor y querellante en la causa, afirmó que “la detención de militares argentinos que participaron de la Operación Cóndor exige investigar también en Uruguay”. Méndez estuvo secuestrada en el centro clandestino Automotores Orletti, en Buenos Aires, junto a su compañero Hugo Méndez, luego asesinado y cuyos restos fueron hallados. El 19 de marzo de 2002, un análisis genético confirmó que un joven de 26 años era el bebé que sus captores le arrebataron al momento de su detención, en un operativo comandado por el entonces mayor del ejército uruguayo José Nino Gavazzo. “Ahora nos visitamos habitualmente”, contó Méndez.
Si bien esta causa no lo refleja, el Plan Cóndor también abarcó a Brasil. De hecho, hubo ciudadanos argentinos que desaparecieron en ese país (Norberto Haberger, Jorge Adur, Mónica Pinus de Binstock y Horacio Campiglia, entre otros) y el gobierno brasileño asumió recientemente su responsabilidad en esos secuestros, según recordó a este diario Edgardo Binstock.