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Página/12
en Bolivia
Desde La Paz

Amaneció silenciosa y nevada. Suele ser un buen augurio ese manto blanco las raras veces que uniforma las laderas que rodean la ciudad con un cocoliche de construcciones a medio terminar. Y así fue leído desde muy temprano por quienes apostaban a que los bolivianos y bolivianas acudieran a las urnas, más allá del resultado final del referéndum. Aunque, se sabía, si el índice de abstención era menor al 50 por ciento sería proporcionalmente alto el resultado a favor de las preguntas planteadas por el gobierno de Carlos Mesa Gisbert, al menos en las tres primeras. Y así fue. Con un ausentismo de casi 40 por ciento y aunque no había datos oficiales al cierre de esta edición, las proyecciones hablan de casi un 80 por ciento de voto positivo para aquellas preguntas y de un empate técnico entre las dos últimas, que sobre el final empezaba a ampliar su diferencia a favor del sí.
Claro que en ningún cómputo figuran los votos en blanco o nulos, que crecen hasta un 20 por ciento cuando lo que se cuestiona es la negociación sobre la salida al mar y la posibilidad de exportar gas, que el último octubre hizo estallar una revuelta que dejó 59 muertos. Ni tampoco se terminó de evaluar un nivel de abstención que no hace perder legitimidad al referéndum, pero que de todos modos sigue siendo alto. “Fiesta cívica”, “celebración de la democracia”, “día de orgullo ciudadano” fueron los lugares comunes que habitaron la boca de los principales funcionarios durante toda la jornada de ayer. Sobre todo en la del mismo presidente que, literalmente, estuvo en todos lados, volando de una ciudad a otra para alentar el voto. Y hasta se animó a empezar su recorrido por El Alto, donde hasta el día anterior las Juntas Vecinales intentaban sostener los bloqueos que se debilitaron hasta casi desaparecer durante la noche.
Fue Senkata, al sur de El Alto, donde la tenacidad de los vecinos por mostrar su desacuerdo con unas cuantas preguntas que se les volvían intrincadas, la que tapizó la Ruta Panamericana de escombros, vidrio molido y unas pocas llantas que al mediodía ya eran cenizas. Y que ni siquiera volvieron a arder cuando se encendieron en el Colegio Caprile unas cuantas boletas. Un acto que recibió menos vivas que abucheos y que se apagó tan pronto como el papel.
Que haya explotado un bomba lanzapanfletos acusando de vendepatria al presidente en Achacachi, la zona que domina el dirigente campesino Felipe Quispe, a las siete y media de la mañana, tampoco alcanzó para enrarecer un aire límpido y un sol caliente que rápidamente derritió la nieve. Sobre la tierra helada que mojaba las sandalias y los mocasines que usan las cholas, caminaron los habitantes del Altiplano, entre una y tres horas para llegar a sus lugares de votación. El transporte público y todo tipo de vehículos no autorizados por la Corte Nacional Electoral estuvieron prohibidos durante todo el día como si fuera necesaria una prueba extra para dejar en claro el ánimo de participación de la gente.
Desde Senkata hasta Saqui Saqui, siguiendo el camino a Oruro custodiado por la Cordillera Real, se veían caminantes, algunos doblados sobre sí mismos, como si quisieran apoyar la nariz en las rodillas, cargados de mantas multicolores que se desdoblan para mostrar tesoros de mandarinas o panes que alivian la caminata. En Ayo Ayo, un pequeño poblado que exhibe con orgullo su ánimo combativo, allí donde en junio se linchó al alcalde Benjamín Altamirano y un año antes se degolló al hermano de éste sin que su cabeza apareciera nunca, las colas para emitir el voto se formaron antes de que las mesas abran, a las 8 y media. “Acá estamos solos, señora, tenemos lo que nos dice el corazón. Porque ya no tenemos ni alcalde ni consejo vecinal”, dijo Quispe Morales, primer ciudadano en emitir y anular su voto, cruzando sobre la boleta la palabra “nacionalización”.
Los rumores sobre la llegada de algún dirigente tanto a Tholar como a Ayo Ayo para incendiar la “fiesta cívica” apenas podían penetrar el desconcierto sobre lo que había que hacer en el cuarto oscuro en una región donde el español se habla con más dificultad que el aymara y la cultura oral dificulta la lectoescritura. De Tholar es originario Ciro Losada, mentor de la ejecución del alcalde y aliado de la NFR de Manfred Vilas, a quien desde el gobierno se acusa de planear un golpe de Estado junto a dos militares activos a los que no se identificó; y era a ese dirigente prófugo a quien se temía cuando se empezaban a cerrar las mesas. Un temor que terminó de manifestarse cuando a la altura de Pochota, a pocos kilómetros de Tholar, un camión del ejército desplegó efectivos que empuñaron armas medio camuflados entre la paja brava. Y ahí quedaron hasta el final de la jornada.
Los aymaras se apiñaron en las escuelas del Altiplano sur: en Pacamaya, Saqui Saqui, Calamarca, Ayo Ayo; pero menos por ansiedad que por la precariedad de la votación. En Bolivia no existe el DNI y las constancias de voto son papelitos para los que en muchos casos no había sellos que los legitimen y la única seguridad de que una persona no vote dos veces es teñir su meñique derecho en tinta violeta. Ni siquiera se contaban con suficientes bolígrafos para señalar el voto, ni cuartos oscuros que se improvisaban en cajas de madera que permitían a cualquiera espiar o “ayudar” a quienes más dificultades tenían para marcar en una u otra casilla.
En la ciudad de La Paz, la votación es más clara que en las zonas rurales: cuando se contaba casi el 50 por ciento de los votos, el sí tenía proporciones casi absolutas en las tres primeras preguntas y seguía ganando, con menos diferencia, en las dos últimas. Hubo una sola escuela cerrada y no por acción de la Federación de Maestros que lidera Vilma Plata, como temían el sábado en el Ministerio de Educación. Fue a causa del dueño del establecimiento que se arrogó el derecho de disponer de su “propiedad privada”.
Las escuelas de El Alto también desbordaban de gente. Después de votar –en cuartos oscuros que distaban casi 50 metros de la mesa en donde se proporcionaba la boleta–, sobre todo los hombres se quedaban formados en corrillos, quejándose por las preguntas a las que tanto se habían opuesto en días anteriores. “Es como querer que en un examen el profesor te pregunte qué quieres que te pregunte”, decía un profesor jubilado. “Nosotros dejamos los muertos para que se nacionalice nuestro gas y ahora nos complican con preguntas larguísimas que casi ni entendemos”, se quejaba Adelino Mamani Vargas, que optó por marcar sólo la pregunta que le resultaba clara, la primera, que hablaba de derogar la ley de Sánchez de Lozada.
El sentido de las muertes de octubre era lo que parecía desdibujarse para quienes seguían reunidos en el bloqueo de Senkata cuando la hora del cierre de mesas era un hecho. “Nuestra lucha no puede terminar en esto”, decía un hombre en el centro de una rueda de un centenar de personas. “No es así, compañero, la lucha está empezando. Ahora hay que ver qué hacen con los resultados, cómo seguimos mañana”, decía el dirigente de Fejuve, Víctor Gutiérrez. “Piensen que el presidente era periodista, sabe cómo hablar, cómo convencer. Por eso hoy nos dejaron bloquear, porque nos quiere ganar con resistencia y nosotros tenemos que buscar nuevas estrategias. Hay que pensar que jalar es más fácil que empujar. Y eso quiere decir que tenemos que aprender nosotros también a convencer porque ahora la fuerza no nos sirve. Pero la palabra sí, compañeros, la palabra puede encender una hoguera o ser suave como una pluma de paloma”, agregaba el dirigente vecinal en una lúcida interpretación política. Las Juntas Vecinales, que se crearon por ley hace diez años y que reúnen a los habitantes de una misma región, entre otras cosas, para fundar los comités de vigilancia de obras públicas, se consolidaron entre febrero del 2003 después del impuestazo de Sánchez de Lozada y el octubre negro que dio comienzo a la guerra del gas. Seguramente, haber mantenido la intransigencia en el rechazo al referéndum podría haber sido fatal para la legitimidad de la Fejuve. Cuando la noche empezaba a devolver algo de dinamismo tanto a El Alto como a la ciudad de La Paz, fueron varios los ministros –el de gobierno, entre ellos– que felicitaban al pueblo alteño por “haber defendido la democracia”.
Cuando el conteo rápido de votos –los resultados finales estarán el 14 de agosto– confirmaba que Carlos Mesa seguirá en el poder y con las manos bastante libres para diseñar la futura política de hidrocarburos, principal esperanza de la economía boliviana, ya los analistas políticos decían con más libertad que la propiedad de los recursos en boca de pozo no quiere decir nacionalización, como pretende, por ejemplo, Evo Morales. Por eso las ansiedades están puestas en el día después, cuando comience a discutirse la nueva ley, las fuerzas políticas y sociales se acomoden a la nueva situación y se vea, en el tiempo, si es posible achicar una brecha de desigualdad que deja en manos de un 4 por ciento el 49 por ciento de la riqueza; y la pobreza en manos de la mayoría.