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Por Andrew Gumbel *
Desde Los Angeles

Un ex presidente mexicano, en funciones durante algunas de las más sangrientas revueltas de la Guerra Fría, se enfrentaba ayer a acusaciones de genocidio después de los cargos presentados por un fiscal especial que investigaba las muertes de por lo menos 25 manifestantes que protestaban y fueron muertos durante una manifestación en la ciudad de México en 1971. Si la orden de su arresto es aprobada por las cortes, Luis Echeverría sería el primer ex presidente en la historia moderna mexicana que enfrentará un juicio criminal.
El caso es una situación difícil, de controversia con muchos mexicanos que ven el procesamiento como un enfrentamiento político entre el presidente Vicente Fox y el Partido Revolucionario Institucional, el partido gobernante durante siete décadas que él suplantó cuando se hizo cargo de la presidencia hace cuatro años. Los opositores del presidente Fox lo han acusado de usar la Masacre de Corpus Christi de 1971 para ganar fuerza política ante su campaña de reelección de 2006 y para vengarse del PRI por obstruir su agenda en el Congreso mexicano.
Aquellos que presionan pidiendo responsables por represiones de pasados gobiernos, mientras tanto, han acusado al presidente y a su fiscal especial, Ignacio Carrillo, de incumplimiento y de servir a la política antes que a la Justicia. Dicen que muchos otros actos de violencia oficial de las décadas del 60 y 70 han sido eludidos o ignorados, a pesar del compromiso de Fox al asumir de investigar el lado más oscuro de los 70 años de conducción del PRI en el Poder Ejecutivo en México.
Echeverría, de 82 años, fue jefe de Estado de 1970 a 1976, cuando paramilitares progubernamentales chocaban frecuentemente con manifestantes de izquierda, con resultados sangrientos. El PRI, como muchos partidos gobernantes en el mundo en ese momento, creyó que para evitar la ira de Estados Unidos en su lucha geopolítica con la Unión Soviética debía suprimir la posibilidad de un vuelco hacia la izquierda. Echeverría es considerado como un personaje clave en la fase más represiva. Fue ministro del Interior a cargo de la seguridad nacional en 1968, cuando los soldados abrieron fuego sobre una manifestación en el barrio de Tlatelolco en la ciudad de México, matando a docenas de personas. La manifestación de Corpus Christi tres años más tarde fue llevada a cabo como un homenaje a Tlatelolco, sólo para explotar en violencia cuando los paramilitares armados abrieron fuego.
El cargo de genocidio era la única opción del fiscal porque el estatuto de limitaciones a las acusaciones de asesinato, que tenía 30 años, ha caducado. A través de su abogado, Echeverría sostiene que “absolutamente ninguna prueba” lo relaciona con la masacre de Corpus Christi y que los Halcones abrieron fuego solamente después que dispararan contra ellos. Los sobrevivientes del hecho discuten esta declaración. “Era una manifestación pacífica en un día santo”, atestiguó recientemente el manifestante Jesús Martín del Campo, cuyo hermano fue muerto. “El gobierno tenía un grupo de asesinos llamados los Halcones, entrenados por generales, que nos esperaba y ellos comenzaron a disparar.”
Los grupos de derechos humanos han instado al fiscal especial para que presente cargos contra Echeverría también en el caso Tlatelolco, pero la oficina de Carrillo dijo que él se centraba en el hecho de Corpus Christi porque la evidencia era más fácil de reunir. Junto con Echeverría, se espera que se presenten cargos contra un importante general del ejército, su ministro del Interior y su fiscal general.
Se estimaba que el juez debería comunicar su fallo a la brevedad, ya que la acusación de genocidio es considerada grave por la Justicia mexicana y no cabe la posibilidad de una fianza. Una orden de arresto contra Echeverría podría, sin embargo, transformarse en arresto domiciliario enrazón de la avanzada edad del acusado, según admitieron fuentes de la fiscalía.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.
Traducción: Celita Doyhambéhère