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Por Pilar Bonet *
Desde Moscú

¿Antes éramos comunistas y ahora somos de Rusia Unida? Las ancianas del único mítin permitido ayer junto a la sede de la Duma Estatal de Rusia explicaban así su exhibición de banderas rojas con la hoz y el martillo en apoyo de la reforma social, aprobada por la Cámara baja del Parlamento con 304 votos a favor, 120 en contra y 1 abstención. Las ancianas, que decían pertenecer al partido de los seguidores de Putin, habían sido trasladadas desde pueblos de la provincia y gozaban de un emplazamiento privilegiado para expresarse. Quienes salieron a la calle para atacar la reforma, en cambio, fueron mantenidos a una mayor distancia del Parlamento, que la policía acordonó como para evitar un acto terrorista.
Las banderas soviéticas en pro de la reforma eran chocantes, pero tal vez no eran casuales, porque justamente ellas dieron a la televisión pública rusa la oportunidad de informar de forma tendenciosa y de apoyarse en la imagen para incluir a comunistas entre quienes apoyan la “monetarización” de las prestaciones sociales. La reforma, anunciada por el gobierno tras la reelección del presidente Putin en marzo, prevé desmantelar el sistema de prestaciones gratuitas a las que tenían derecho millones de ciudadanos (veteranos de guerra, inválidos y algunas categorías de jubilados) y su compensación parcial con dinero. Desde su primera lectura en julio, el borrador recibió cerca de 5000 enmiendas, de las cuales se aceptaron 1060 y se rechazaron 3606. No obstante, la concepción del documento no ha cambiado, según dijeron ayer representantes de los 12 diputados independientes unidos en contra del proyecto. Además de ellos, se oponían los comunistas y los nacionalistas de Ródina (Patria).
Apoyados por el Parlamento y la televisión pública, Vladimir Putin y su gobierno impulsan su reforma y esperan que las medidas sean digeridas antes de las elecciones parlamentarias y legislativas de 2007 y 2008, respectivamente, según decía en privado un ministro. La ley aprobada ayer, que modifica 150 otras normas legales, transfiere a las provincias gastos sociales asumidos hoy por el gobierno central, tensa las riendas del poder desde Moscú y, según los más desconfiados, crea perspectivas de lucro en la administración del sistema de salud.
Pocos niegan la necesidad de una reforma en el complejo esquema de seguridad social heredado de la URSS, al que Boris Yeltsin añadió nuevas prestaciones, en parte teóricas, por falta de presupuesto. El incumplimiento de las obligaciones adquiridas por los poderes públicos es un importante argumento a favor del “dinero en mano” frente a las “prestaciones ficticias”, tales como medicamentos que en vez de ser gratuitos se distribuyen de forma insuficiente y arbitraria. A tenor de la nueva ley, el Estado pagará compensaciones de distinta cuantía, desde 2000 rublos a 500 rublos (de 65 a 18 dólares), a categorías como los veteranos de guerra, los inválidos y diversos grupos de jubilados pero, al mismo tiempo, les descontará 450 rublos (unos 15 dólares) por un llamado “paquete social”, obligatorio en 2005, que incluye medicamentos gratuitos, transporte de cercanías y tratamiento en sanatorios. El “paquete social”, que evoca el pago de un seguro, será administrado bajo la égida del ministro de Sanidad, Mijail Zurabov, y podrá ser aumentado de precio por el gobierno.
La ley de reforma social modifica más de 150 leyes vigentes y carga sobre las regiones prestaciones pagadas hoy por el gobierno federal, tales como la ayuda infantil y parte de las ayudas a los represaliados del stalinismo. Dadas las diferencias entre las 89 regiones de Rusia, de las que menos de una veintena tienen saldo positivo, es previsible también una diferenciación social entre los ciudadanos en función de su lugar de residencia. Así, por ejemplo, los niños rusos recibirán lo que las regiones quieran gastarse en ellos en vez de los 70 rublos mensuales que el gobierno federal les garantiza hoy. Para no soliviantar a los sindicatos, la Duma mantuvo el concepto de salario mínimo obligatorio de 600 rublos al mes, suma muy inferior al límite de la miseria. Las regiones se verán privadas del derecho a codecidir en la adjudicación de licencias para explotar las materias primas, que pasan a ser competencia exclusiva del centro. La ley puede producir déficit regionales de hasta 1500 millones de rublos en las provincias del Extremo Oriente de Rusia, según dijo ayer el representante del presidente Putin en el Lejano Oriente y Siberia oriental, Konstantin Pulikovski en Moscú. La solución está en que se queden con parte de los impuestos o sean subvencionadas, señaló el funcionario, que a su manera se hacía eco del malestar que llevó a 10 gobernadores a protestar contra la ley.
La reforma es confusa tanto en la justificación de sus cálculos como en el número de afectados (las cifras oscilan entre veinte millones y treinta y seis millones de personas). Los diputados independientes lograron introducir algunas de sus 500 enmiendas, pero los cambios son “de matiz”, ya que la ley no permite elegir entre las prestaciones y las compensaciones monetarias parciales, explicaba la diputada Oxana Dmitrieva, según la cual la reforma supone “una castración de la legislación social”. La ley afecta también las prerrogativas de los policías, los militares y los funcionarios de prisiones, que perderán el derecho a viajar gratis en transporte público. Entre las propuestas rechazadas está la de privar a Boris Yeltsin de sus privilegios en calidad de ex presidente de Rusia.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.